La estandarización exagerada ha resultado perjudicial para el sistema educativo en su conjunto ya que reduce el proceso de enseñanza y aprendizaje a indicadores cuantificables. Más aún, este enfoque esta en abierta contraposición al paradigma de la inclusión que se viene instalando en el país en las últimas décadas. Toda la concepción de enseñanza, aprendizaje y evaluación de los mismos tiene un marcado sesgo conductista que no se corresponde con las concepciones actualizadas del desarrollo bio, psico y socio cognitivo del ser humano y su consecuencia en los aprendizajes. La estructura curricular es extremadamente fragmentada y los sistemas de evaluación son sesgados y caracterizados por un enorme simplismo estandarizado que nos ha llevado a un reduccionismo pedagógico. En definitiva, la educación chilena se maneja en base a un pobre concepto de “calidad” y “mejora continua”, que estimula el logro de determinados indicadores cuantitativos para ubicarse en el pináculo de los rankings o para la sobrevivencia de la escuela, pero en ningún caso para permitir una verdadera educación integral. En base a estas consideraciones, es necesario:
a. Modificar la LGE para hacer coherentes sus definiciones introductorias y generales con sus articulados específicos y de aplicación, considerando que las primeras establecen definiciones y conceptos que perfilan una educación de carácter integral pero que no guardan coherencia con los segundos que corresponden a sesgadas y pobres concepciones estandarizadas y de carácter únicamente cuantitativo.
b. Terminar con el actual Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) y sus consecuencias para las escuelas. Proponemos usarlo como prueba muestral y no censal y considerarlo un insumo más de una evaluación más compleja y no el único referente evaluativo como ocurre hoy.
c. Saturación y rigidez curricular: El diseño curricular en los hechos es poco flexible, dado que no existen ni los tiempos ni los apoyos necesarios para que la mayoría de las escuelas (especialmente las públicas) puedan diseñar planes y programas propios, tal como lo establece la Ley General de Educación (LGE). Esto hace que, según algunos estudios, más del 85% de los establecimientos deba utilizar los instrumentos curriculares ministeriales (cfr. Sandoval, 1999; Cox, 2003; Pascual 2001), los que siempre se han caracterizado –tanto a nivel de instrumento base como de programas de estudio- por la fragmentación asignaturista y una densificación excesiva de objetivos, contenidos, e indicadores de evaluación. En la práctica esto se ha traducido en un currículum enciclopédico (Gysling, 2016) que no permite dar cabida a la diversidad de realidades y el desarrollo de aprendizajes nucleares (MINEDUC, 2016). Tal situación presiona el trabajo docente, reforzado además por la evaluación estandarizada y una política de desarrollo curricular -impuesta por el MINEDUC- basada en lógicas de cobertura cuantitativa del currículum. La única flexibilidad permitida es la de reordenar las secuencias y los tiempos de abordaje de los objetivos, o formas de articulación nominal, para las cuales no existen ni tiempos ni espacios. Sin embargo, no se admite lo contextual o lo emergente para la elaboración o adecuación de los objetivos prescritos en el marco de la adopción de los programas oficiales. El contexto en que esto se produce es el de una escuela muy segregada y cada vez más diversa en términos sociales, identitarios y multiculturales. Todo ello, además de generar agobio laboral, produce pérdida de sentido y desafección por el espacio educativo, precarización de los aprendizajes y, en muchos casos, abandono escolar. En concreto, se requiere:
– Posibilitar la flexibilidad curricular efectiva (pedagógicamente fundada, basada en los valores públicos, validada por el cuerpo docente y retroalimentada por las instancias directivas) respecto de la adecuación, reelaboración de objetivos, saberes y habilidades exigidas por los instrumentos curriculares oficiales. – Apoyo profesional, de recursos, espacios y tiempos para los procesos de construcción de planes y programas propios en los establecimientos que lo requieran.
d. Revisar la ley de aseguramiento de la calidad , para modificar aquellos aspectos que amarran nuestro sistema educacional a la pobre concepción de calidad caracterizada en puntos anteriores.
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