Por Marcelo Castillo Duvauchelle, Profesor de Educación General Básica

Junio 2017

Me pregunto cuándo superaremos la alargada etapa de reformas administrativas y pasaremos de una buena vez a una refundación de la Educación Pública en Chile, cuándo se harán los cambios paradigmáticos y estructurales, sin omitir lo pedagógico. El sentido común dice que es imposible que una educación atomizada y sistemáticamente entregada a intereses privados, pueda definir una identidad y un modelo de desarrollo país, porque ello es misión inherente e irrenunciable de una Educación Pública de Estado. Desde la cultura, la historia y la diversidad social, es la encargada de educar en valores ciudadanos comunes, encaminar hacia un proyecto común de futuro. Reitero, una Educación Pública de Estado, pero no hablo de éste Estado cobarde, subsidiario, que desde la dictadura hasta la actual “democracia” chilensis, ha vendido su alma a los grupos económicos y ha permitido que se concentre el poder a niveles que rozan con la voracidad y la indecencia. Hablo de un verdadero Estado regulador e integrador, que garantiza el derecho a una educación integral y de alto nivel para todos y todas, independiente de la cuna de procedencia.
Hay personajes que viven en una realidad –aparte- y con aires de seriedad hacen afirmaciones ridículas respecto a quiénes han lucrado y tomado la sartén por el mango en educación1, pero de vuelta a nuestra realidad, vemos que, tal como ha sucedido con el aparato Estado, a los distintos gobiernos post dictadura les ha parecido muy institucional y natural ver al sistema educacional convertido en un apetitoso botín de sectores edu-empresariales, sectores eclesiásticos y sectores políticos (duopolio), por cierto unidos entre sí para neutralizar el poder real de quienes por derecho propio (con sustento teórico y práctico) somos los llamados a pensar y trazar el rumbo en materia de política educacional y el sentido de la escuela pública, llámese profesores, estudiantes, apoderados, académicos, investigadores y el mundo social.
Refundar la educación pública chilena implica recuperar el poder estatal y desde allí recuperar el poder de los actores educativos y del todo social, dejando atrás la lógica de botines, de paternalismos, eso de que en esta fiesta “el que pone la plata pone la música”. Cuando superemos la actual etapa de minoría enquistada y seamos la mayoría en situación de tener y ejercer el poder de decisión, entonces estaremos en condiciones de tener un nuevo sistema educativo de carácter público que, en un contexto democrático, nos proyecte a un futuro querido.
El gobierno de la Nueva Mayoría está proponiendo una ley NEP (desmunicipalización), mirando con exigua responsabilidad el grave daño que ha provocado la municipalización, sus “expertos” insisten en hacer leyes para parchar y producir ajustes, pero no para resolver el enorme daño causado desde la municipalización iniciada desde 1981 en adelante. Se propone una ley NEP que mantiene el nocivo sistema de financiamiento, la lógica gerencial de sostenedores, el gobierno y sus tecnócratas no dan muestras de preocupación por el alarmante traspaso de la matrícula pública hacia colegios de administración privada2. Dicho proyecto de ley, actualmente en trámite legislativo, tiene excesivos ingredientes de gatopardismo y no se advierte voluntad alguna por un cambio de modelo, creo que se trata de una NEP que está muy lejos de lo que la educación chilena urgentemente necesita.
Es un imperativo revertir la tendencia de un gradual decrecimiento de la matrícula pública y un consecuente crecimiento de la matrícula en los colegios privados financiados por el Estado, si no somos capaces, en algunos años más estaremos lamentando una educación pública fragmentada y reducida a unos pocos establecimientos emblemáticos repartidos a lo largo del país … quiero pensar de que sí seremos capaces.
Finalmente, me sumo al clamor: “Esta No Es nuestra desmunicipalización”.

1_ La educación pública ha sido capturada históricamente por intereses particulares, como lo son los de los profesores. Los arreglos institucionales que se han ido configurando -el Estatuto Docente es el más obvio de ellos- están totalmente alejados de los intereses ciudadanos.
Harald Beyer, ¿Desmunicipalizar la educación? Opinión El Mercurio, domingo 18/11/2007

2_ “Esperamos recuperar parte de la matrícula que se ha perdido. Hay 600.000 alumnos que han emigrado de un sistema a otro. Es una adecuación a nuestra realidad geográfica territorial.
Adriana Delpiano, artículo diario electrónico T13 Radio, “Mesa Central”, martes 03/11/2015

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Colegas y Amigos:

El próximo miércoles 14 de junio, en cada Escuela y Liceo del país,  los profesores de Chile expresaremos nuestro sentir respecto del Proyecto de Ley de Nueva Educación Pública (N.E.P), de enormes consecuencias  para el  futuro del profesorado y de la Educación Chilena.

Desde principios de año hemos sostenido una serie de reuniones de trabajo con el MINEDUC en la perspectiva de lograr modificaciones necesarias y urgentes al proyecto de ley que se encuentra en el parlamento para su aprobación o rechazo. Después de seis meses de reuniones de trabajo con el MINEDUC, ninguna de las demandas del profesorado han sido acogidas en este proyecto. Lo que existe hoy en el parlamento es un proyecto del gobierno que no contiene las propuestas del magisterio. ¡Por lo tanto este proyecto de desmunicipalización no es nuestro proyecto! 

En esencia, es un proyecto que no modifica la actual crisis de la Educación Pública. Permanece el financiamiento por subsidio a la demanda o vía voucher que mantiene la lógica de mercado, obligando -tal cual como ocurre hoy- a la competencia descarnada por la captación de matrícula entre los colegios públicos, particulares y  subvencionados. Además, no existe ningún proyecto asociado al fortalecimiento de la educación pública en la dirección de impedir que se perpetúe la segmentación y la segregación. Por otra parte, la condición de sostenedores de los servicios locales, la indefinición del régimen laboral de los docentes, el débil rol de la Dirección de Educación Pública  y el tremendo poder de los Directores de los Servicios Locales auguran mayor agobio docente e inestabilidad laboral.  Y ahora debemos agregar el pago de las deudas que los municipios tienen con los profesores, las que no están contempladas en el proyecto, y de no ser pagadas al momento de los traspasos generarían una Segunda Deuda Histórica.

Si la ley se aprueba en las actuales condiciones y el gobierno no se allana a incorporar las modificaciones que el colegio de profesores le ha planteado, tendremos una ley que no resolverá los problemas fundamentales que sufre la educación de nuestro país.

En este contexto, esta consulta es de una importancia suprema, ya que le entregará al Directorio Nacional un mandato, el camino por el cual los dirigentes debemos transitar respecto a este proyecto. Y será también el clamor del profesorado que el gobierno deberá escuchar y acoger.

Los convocamos a todos. Que en cada Escuela y Liceo del país se eleve la voz del  profesor  y sea tan fuerte que hasta los que no quieren escucharnos nos escuchen.

En la página web: www.colegiodeprofesores.cl encontrarás el  instructivo y todo el material necesario, que podrás descargar.

Un abrazo

Hugo Gerter  J.

Tercer Director

Departamento de Comunicaciones

Colegio de Profesores de Chile

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Por Eduardo González[1]

Dirigente Nacional Colegio de Profesores

Miembro del Movimiento por la Unidad Docente

A diferencia de años anteriores, en la actualidad existe un amplio consenso sobre la necesidad de desmunicipalizar la educación. Desde que se implementara la “municipalización” por allá en los años 80’ el magisterio levantó la demanda. El ex gobierno de Sebastián Piñera intentó abordar el punto. Hoy lo hace la Nueva Mayoría.

No obstante este “aparente consenso”, la situación se torna muy distinta cuando se trata del carácter y sentido de la desmunicipalización que se quiere. Sobre este punto existen posturas diametralmente opuestas. Nuestro propósito es contribuir, esquemáticamente, a esclarecer este debate y fijar nuestra posición en él.

Para el actual gobierno –y sus consecuentes apoyos en un segmento del magisterio nacional- el proyecto que hoy se discute en el Congreso constituye un real avance en la tarea de redefinir la educación pública como un derecho social. Para otros, dentro de los cuales nos inscribimos, el proyecto encierra un nuevo modelo de privatización. Expliquemos el por qué.

1. Neoliberalismo y Reforma Educativa

 Los sistemas escolares no flotan en el aire. Sus fundamentos y enfoques responden siempre a perspectivas ideológicas y políticas. En tal sentido, el actual Proyecto de Desmunicipalización inserto en el proceso de Reforma Educacional también responde a determinados diagnósticos, propósitos e intereses.

En el país se ha instalado la idea genérica de “crisis”. Analizada desde una mirada estructural, siguiendo a Gramsci, podemos afirmar que ésta no corresponde a una “crisis orgánica”. Más bien, es una crisis situada en la superestructura de la legitimidad política del neoliberalismo (Gaudichaud, 2015), acompañada desde el punto de vista estructural por un proceso de agotamiento de este patrón de acumulación capitalista. Estamos, como ha indicado Agacino (2015), ante la presencia de una “contrarrevolución neoliberal madura”.

Situada en esta encrucijada histórica, la elite chilena tiene el desafío estratégico, en el contexto de una economía abierta, de mantener la competitividad internacional.

Como se ha demostrado (Reyes, Ruiz, Herrera: 2016), en los últimos años se ha venido instalando por parte del Banco Mundial, la OCDE y la CEPAL una idea de desarrollo sustentado en la revalorización de la teoría del capital humano.

En efecto, para la CEPAL (Reyes, et. al 2016) las transformaciones en el contexto económico internacional han derivado en una “revolución científico-técnica” que ha acrecentado las brechas entre los países desarrollados y aquellos en vía de desarrollo. Bajo dichos supuestos se postula la necesidad de transitar hacia economías fundadas en el conocimiento.

Esto implicaría superar el esquema económico extractivista (sustentado en materias primas) dando paso a un enfoque de crecimiento basado en el “valor agregado” añadido por la capacidad intelectual y técnica que puedan desarrollar los países a los bienes producidos. El objetivo es, por consiguiente, “aumentar la competitividad de las economías regionales, mejorando la “calidad” de la mano de obra” reactualizando así la teoría del capital humano” (Reyes, et. al 2016). Como se comprenderá, esta perspectiva llevada al terreno práctico deriva en la urgente necesidad de transformar los sistemas educativos, responsables, precisamente, de formar dicho capital.

Bajo esta visión el problema radica en que no se estaría formando tal capital, requisito ineludible para impulsar el crecimiento de los países OCDE, dentro de los cuales se encuentra Chile. ¿En qué se basa esta afirmación? Un  estudio del Banco Mundial del año 2014 (citado por Reyes, et. Al. 2016: p., 2), concluye, entre otras cosas, que los profesores disponemos de “un pobre manejo de contenidos” y “de prácticas en el aula poco eficientes” por consiguiente, el rendimiento escolar es bajo.

En este marco, a partir del año 2000 se verifica un giro en la agenda educacional (Reyes, et. al 2016) que ha derivado en la creación de un “nuevo marco regulatorio” (Cornejo et. Al, 2015) o una nueva fase de la contrarrevolución educativa (González, 2015). Tal giro denota una actualización de las políticas neoliberales que han redefinido el rol del Estado en el ámbito educacional.

Esta reorientación ha implicado la corrección de las famosas tesis del Consenso de Washington, las cuales han sido superadas por el “Consenso de Santiago” (conclusiones de la Segunda Cumbre de las Américas realizada en Santiago en 1998). En efecto, este último marca una inflexión extremadamente relevante a la hora de comprender las “raíces estructurales” de los ajustes de la educación de mercado en nuestro país. De aquí en adelante, el rol del Estado ya no será el mismo. Desde un Estado “mínimo” se pasa a lo que algunos han llamado un “Estado complementario” cuya función estratégica es corregir las fallas del mercado promoviendo cambios institucionales (Reyes, et. al 2016).

De este modo se constituye lo que se conoce como un “Estado Evaluador”, fuertemente ligado al modelo de administración conocido como  Nuevo Management público o Gerencialismo.

Este Estado Evaluador es promotor de una gestión gerencialista que hoy se está consumando en nuestro sistema educativo.

Esta es la salida o estrategia neoliberal para lograr una mayor eficiencia del sistema escolar. Se trata de una racionalidad instrumental que le niega el valor en sí mismo a la educación. Por el contrario, la eficiencia del sistema escolar es funcional a un propósito superior: formar el capital humano necesario para el crecimiento económico y la competitividad internacional de una economía abierta como la nuestra.

1. El nuevo management público como momento actual del neoliberalismo en educación.

 Las políticas promovidas por el Nuevo Management Público consisten en trasladar al ámbito público la lógica de gestión del mundo privado empresarial. Se asume que los servicios públicos –acusados de burocráticos- son eficaces si son administrados bajo el modelo gerencial.

Así entonces tenemos que los dilemas de la escuela pública pretenden ser resueltos desde este enfoque. Sean éstos, dilemas del ejercicio docente (como la actual política de Carrera Docente) de administración o de financiamiento.

Este particular modelo se articula a partir de supuestos de eficiencia, cumplimiento de estándares de desempeño fijados centralmente, rendimiento en función del logro de dichos estándares, convenios de desempeño y evaluaciones con consecuencias (Sisto, 2012)

Como ha demostrado Reyes, Ruiz y Herrera (2016) el Management Público se entronca con la concepción teórica y política de la eficacia escolar que ha articulado la estructura neoliberal del sistema escolar consolidada por las reformas educacionales promovidas por los gobiernos de la pos dictadura, incluyendo el de la Nueva Mayoría.

Se trata, en definitiva, de un nuevo formato privatizador –distinto al clásico que amplió los espacios de acumulación de la riqueza privatizando la educación al entregársela a sostenedores privados-. Este nuevo esquema además, se acompaña de un radicalismo ideológico extremo por cuanto se insiste – en contra de toda la investigación empírica nacional e internacional-  en ocultar el peso gravitante de las variables contextuales de la escuela (desigualdad económica, social y cultural) como factores explicativos de los resultados escolares.

Por el contrario, el enfoque que comentamos, asume que la escuela puede ser eficaz si es que se gestiona desde el gerencialismo. Se redefinen de esta manera problemas sociales, situándolos ahora en el plano de la escuela. Se le entrega a ella y los maestros la responsabilidad de disminuir la desigualdad y permitir el crecimiento económico.

iii. El Nuevo Management Público en la Desmunicipalización de la Nueva Mayoría.

A fines del año 2015 el Gobierno de la Nueva Mayoría ingresó al Congreso el proyecto de Ley de desmunicipalización titulado “Sistema de Educación Pública” (Boletín 10368-04). Actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, previa aprobación en la Cámara de Diputados. Tanto el Ejecutivo como senadores han presentado recientemente indicaciones al proyecto. Sin perjuicio de éstas, ninguna de ellas modifica la lógica estructural del proyecto el cual se encuentra en total coherencia con las teorías del Gerencialismo.

En efecto, la tesis de fondo que cimenta todo el proyecto sostiene que el gran problema de la educación pública se reduce a un tema de gestión, (no es la estandarización, la falta de pertinencia curricular, ni menos el financiamiento). Al respecto se afirma que el objetivo estratégico del proyecto es “crear el sistema de educación pública” entendido como una “Nueva institucionalidad especializada en la gestión educacional” (p. 20).

Este principio se traduce en la creación de una institucionalidad básicamente constituida por: Dirección de Educación Pública (DEP) y Servicios Locales de Educación (SLE) de los cuales forman parte las escuelas.

Esta institucionalidad cobra sentido y operacionalización por medio de los “instrumentos de gestión educacional” (art. 21) que son: “Convenio de Gestión Educacional” (entre director ejecutivo de la DEP y Mineduc) (art. 21), “Plan Estratégico Local” (en los SLE se propone a 6 años) (art. 27) y “Plan Anual del Servicio Local” (art. 28) (de un año, algo así como un PADEM).

Cada uno de estos “instrumentos de gestión” contempla “metas”, “indicadores” y “medios de verificación”. Esto, por cierto, orientado según los estándares de desempeño de calidad establecidos por la Agencia de Calidad que, por su parte, va clasificando a las escuelas según los resultados obtenidos en el SIMCE.

Como se aprecia, el “nuevo marco regulatorio” (Cornejo et al., 2015) que hoy se está creando en el país, es muy coherente con las tesis del “Consenso de Santiago” que, como indicamos, redefine el rol del Estado en una lógica de Evaluador y lo impulsa a crear una institucionalidad que permita corregir los detalles defectuosos del mercado educativo. En ese esquema funciona la Agencia de Calidad, la Superintendencia y entrará la desmuncipalización de la Nueva Mayoría sustentada en un modelo gerencialista de gestión escolar.

1. La importancia de la lucha de las ideas

Mientras sigamos mirando el árbol y no el bosque, será imposible discutir y proponer los grandes ejes de un nuevo proyecto pedagógico para nuestro país, levantado desde los sectores educativos y no desde la tecnocracia neoliberal que ha tenido la capacidad de permear incluso a sectores de la dirigencia de nuestro gremio alineados con el gobierno, los cuales defienden sus posiciones bajo una racionalidad dicotómica: los que quieren desmuncipalizar y los que no.

Hoy debemos discutir el carácter y sentido del proyecto en curso. Cuando develamos aquello, es claro que éste representa una nueva privatización. Pero afirmar esto implica comprender la “novedad histórica” del neoliberalismo educativo: hoy la lógica privatizadora consiste en lograr que la escuela pública funcione como una escuela privada, cuestión distinta a la privatización clásica que empujaba a que la escuela fuese entregada a privados.  De hecho, se puede ir más lejos e incluso afirmar que esto último ya no es necesario para el proyecto histórico de la elite cuando hemos llegado al 35% de la matrícula escolar en la escuela pública y el sistema mayoritariamente es privado, cuestión que con la Ley de Inclusión se mantendrá intacto.

En tal sentido, las palabras de quien fuese unos de los principales ideólogos del sistema de subvenciones en la dictadura cobran hoy una resonancia impresionante. Genaro Jofré en 1989 afirmó: “la verdadera consolidación del sistema (…) se logrará cuando las escuelas que lo integran sean, en su mayoría, privadas y el peso de las escuelas municipales no sea determinante en las respectivas comunas”. (El énfasis es nuestro)

A estas tendencias estructurales debemos hacer frente las y los educadores. La convocatoria a un Nuevo Congreso de Educación, tal como está propuesto en el Programa de la actual Conducción del Colegio de Profesores de las cual formamos parte, adquiere en este marco una relevancia de primer orden. Pero éste debe ser entendido como un hito de partida y no de llegada. Un hito de partida de cara a lo que hemos venido planteando como “nueva fase de desafíos históricos del magisterio”, a saber, la “fase proyectual o de construcción de propuesta” sustentadas en un diagnóstico común y nuevas concepciones educativas emanadas del magisterio. Esto no se hace en 3 o 4 años. Lo clave es trabajar en perspectiva estratégica. Lento, pero sin pausa.

Con este desafío se abre el siglo XXI para el magisterio nacional.

Referencias bibliográficas.

-Rafael Agacino (2015) “La contrarrevolución neoliberal chilena y la construcción política estratégica para el hoy” Prólogo al texto de Franck Gaudichaud (2015).

– Rodrigo Cornejo, Natalia Albornoz, Lorena Castañeda, Diego Palacios, Gabriel Etcheberrigaray, Rocío Fernández, Sergio Gómez, Felipe Hidalgo, Juan Ignacio Lagos, (2015)  “Las prescripciones del trabajo docente en el nuevo marco regulatorio de políticas educativas en Chile” Revista Psicoperspectivas Individuo y Sociedad, Vol. 14., Nº 2.

-Franck Gaudichaud (2015). Las fisuras del neoliberalismo Chileno. Edit. Quimantú y Tiempo Robado

-Luis Eduardo González, (2015) Arriba Profes de Chile. Edit. América en movimiento, Santiago.

-Genaro Jofré (1989) “El sistema de subvenciones en educación: la experiencia chilena”. Estudios Públicos, N°32, 1998, página 236. Citado en Ruiz S., Carlos (2010) De la República al mercado. 1ª edición, Santiago: LOM, página 114

-Leonora Reyes J. Juan Herrera J. y Carlos Ruiz S. (2016) “L’efficacité scolaire au Chili (1990-2014): un nouveau modèle de privatisation de l’éducation”.  Revista: Éducation et Sociétés, n° 37/2016/1 (traducción propia)

-Vicente Sisto (2012) “Identidades Desafiadas: Individualización, Managerialismo

y Trabajo Docente en el Chile Actual” Revista PSYKHE.  Vol. 21, N˚ 2, 35-46

-Proyecto de Ley que crea el Sistema de Educación Pública. (Boletín 10368-04).

[1] Miembro del Movimiento por la Unidad Docente. Las opiniones vertidas en este texto son particulares.

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Los últimos días de noviembre del año 2016, marcaron un hito relevante para el quehacer del movimiento docente en Chile. Las elecciones de la principal organización de profesores del país, cambiaban su dirección política luego de varios años. El triunfo del conglomerado electoral que reunió a la disidencia del Colegio de Profesores, fue contundente y marcó la salida de la Nueva Mayoría de la conducción de una de las principales organizaciones de trabajadores del país. Gran parte de este cambio se construyó a partir de la movilización de las y los docentes el año 2015, en donde el profesorado en su gran mayoría, mostró una posición radicalmente diferente a la que defendía el ex presidente del gremio.

El triunfo fue relevante, expresó diferentes posiciones dentro del Colegio de Profesores, instalando, dentro del profesorado, una sensación de recuperación de la organización, basada en la idea de la independencia política y en la necesidad de re-construir una organización que ha perdido su capacidad de representación del profesorado nacional. Este impulso ha sido fuerte, pero sin duda que su capacidad, importancia y trascendencia sólo se podrá evaluar y reconocer en el futuro, cuando tengamos que evaluar nuestra capacidad de recuperar y reconstruir un movimiento docente basificado, territorializado y presente en cada escuela, colegio y liceo del país y en la diversidad del sistema educativo.

En este debate queremos aportar entregando algunas ideas fuerza que nos permitan pensar y problematizar los procesos de construcción organizativa del profesorado, pensando también en la responsabilidad y el aporte que debe desarrollar el Colegio de Profesores dentro del movimiento de trabajadores del país.

El profesorado nacional tiene la posibilidad hoy de comenzar a desarrollar una perspectiva de construcción que rompa con la concepción del rol docente que se ha incentivado desde la política pública en los últimos años. Abandonar el concepto de docente técnico, acrítico, definido desde la queja, apostando por la constitución de un actor protagónico de los procesos educativos y pedagógicos que vive el país. Esto debe ser el sustento central de nuestra acción.El Colegio de Profesores se enfrenta hoy al desafío de construir un nuevo movimiento docente o, simplemente, fortalecer una estructura organizativa tradicional que hasta el momento no ha logrado responder a la complejidad actual del profesorado chileno y del sistema escolar nacional.

Para desarrollar este tránsito –que no ha sido ni será promovido desde la política oficial-, es clave levantar un movimiento docente que reflexione en torno al actual sistema educativo en el que se desenvuelven las y los profesores hoy y que conciba el trabajo docente desde su dimensión objetiva, subjetiva y cultural. En este sentido, el movimiento docente debe consolidar su mirada sobre el rol de la Educación Pública, colocando en el centro el desarrollo de una escuela democrática y un curriculum critico-transformador, no sexista, anti racista, pertinente, formativo y al servicio del desarrollo de las grandes mayorías del país; reconociendo al docente como intelectual autónomo, transformador y con capacidad de decisión colectiva.

Este es un proceso de construcción y reconstrucción, de memoria y creación, formación y autoformación, cuyo primer paso es el reconocimiento de la centralidad de la acción educativa y pedagógica para el desarrollo del profesorado, al mismo tiempo que se consolidan las luchas por la dignidad laboral docente y de los y las trabajadoras del país. Sin la vinculación entre lo político-laboral y lo político-pedagógico, seguiremos reproduciendo una forma de organización tradicional, que no se posiciona y no reflexiona sobre un proyecto educativo y pedagógico nacional para una nueva sociedad.

Estos años serán claves para dotarnos de esta posibilidad. El Congreso Estatutario y el Congreso Educativo del Colegio de Profesores, junto con el debate de la Ley de Desmunicipalización y el debate abierto por las elecciones presidenciales, se suman a una situación de tensión y agobio a nivel de cada escuela que nos obligan a mirar el problema desde el sentido de nuestra acción pedagógica para construir un movimiento docente.

El Colegio de Profesores debe mirarse y proyectarse desde esta posibilidad. Los y las profesores de Chile necesitamos una organización que acompañe y sustente estos procesos, de modo de superar nuestros conflictos locales desde una perspectiva de cambio que nos haga sentido en nuestro quehacer cotidiano. Es un camino largo que debe comenzarse a desarrollar hoy, desde la capacidad de reconocer las iniciativas ya existentes y promover una serie de nuevas instancias de desarrollo. Hoy tenemos la oportunidad de colocar al Colegio de Profesores al servicio de estos procesos, y todos y todas tenemos la responsabilidad de ser actores activos e iniciar el giro histórico que requiere la organización docente.

 

Por Sebastián Henríquez, Javier Insunza y Eric Silva, Presidentes de los Comunales Ñuñoa, Providencia y San Joaquín del Colegio de Profesores, respectivamente.

Columna de opinión publicada originalmente por El Mostrador el 31 de mayo de 2017: http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/05/31/un-colegio-de-profesores-para-la-construccion-de-un-nuevo-movimiento-docente/

 

 

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