En la semana recién pasada, fueron entregados los resultados definitivos de la consulta nacional sobre el Proyecto de Ley de Desmunicipalización organizado por el Colegio de Profesores. El rechazo al actual proyecto fue contundente: cerca del 80% de los profesores de Chile se pronunciaron en contra. El proceso de consulta y la posición que emergió de éste, se constituye en un nuevo hito político para la actual conducción gremial, en tanto refuerza la hoja de ruta definida ante uno de los más emblemáticos proyectos de la Nueva Mayoría.

La desmunicipalización es una demanda histórica del profesorado nacional. El proceso de municipalización impuesto en Dictadura, ha sido uno de los principales factores explicativos del descenso progresivo de la matrícula pública, y el escenario perfecto para el crecimiento desproporcional y excesivo del sector privado vía subvención estatal. La municipalización ha sido uno de los procesos más nefastos en la historia de la Educación Pública en Chile, desprendiéndola de proyecto, marginándola como opción de desarrollo educativo y precarizando el quehacer docente. Todo esto a costa de la emergencia de un sistema educativo con una amplia diversidad de formas administrativas y la ausencia absoluta de un proyecto educativo nacional.

Las apuestas por desmunicipalizar la administración de la Educación Pública no se han limitado al proyecto de ley presentado por la Nueva Mayoría. El gobierno de Piñera, por ejemplo, presentó un proyecto de desmunicipalización que quedó rezagado y perdido en el proceso legislativo. A pesar de ser iniciativas que obedecen a contextos y gobiernos diferentes, es posible encontrar ejes y lineamientos comunes que dan cuenta del consenso que prima en un amplio sector de la clase política nacional.

Un ejemplo claro es la aceptación en torno a la idea y premisa de que el problema educativo, y en particular, el problema de la escuela en Chile, tiene que ver con un asunto de gestión, es decir, con la administración y los organismos de gestión que sustentan el desarrollo del sistema escolar. Esta máxima, limitada y simplista, es el centro de la propuesta del Proyecto de Ley que hoy los y las docentes de Chile rechazamos. El Proyecto de Ley modifica el sostenedor del Sistema Escolar Público, al crear los Servicios Locales de Educación, cambiando las estructuras de gestión que lo sustentan a nivel intermedio (sostenedor) y precisando las funciones a nivel local (escuela, colegio y liceo).

Con el Proyecto de Ley de Nueva Educación Pública, se consolida la apuesta de la Nueva Mayoría por avanzar en el perfeccionamiento de los mecanismos de gestión bajo rendición de cuentas, reforzando los sistemas de control externo en base a estándares. Por otra parte, se fortalece el avance, a nivel de establecimientos educacionales, de la “escuela efectiva” como matriz de gestión, arraigando la lógica de rendición de cuentas a nivel micro -local y de aula-, y desnaturalizando muchas veces, el sentido y razón de las escuelas y su quehacer pedagógico.

El profesorado nacional, ha criticado por años y ha experimentado en carne propia las dificultades de la municipalización, por tanto, asimilar esta postura a la ausencia de una lectura político—estratégica por parte del magisterio, es reducir y desconocer que el rechazo es una postura clara y da cuenta de la necesidad de avanzar en políticas educativas, transformadoras y que escapen de la convivencia público/privada que impregnó la Concertación y de la cual la Nueva Mayoría no ha escapado.

El rechazo tiene que ver, en gran parte, con una lectura crítica de la última oleada de políticas educativas post Ley General de Educación. La apuesta de la Ley que reemplazó a la LOCE, se ha desarrollado sin consolidar un Sistema Educativo Público protagónico, transformador y al servicio de las grandes mayorías del país, por el contrario, ha perfeccionado un modelo mixto con alto apoyo al desarrollo de iniciativas privadas y la postergación sistemática de la escuela pública, a nivel presupuestario, administrativo, curricular y laboral.

El Sistema de Aseguramiento de la Calidad, la Superintendencia de Educación, la Agencia de Calidad, la Ley de Inclusión y la Ley de Carrera Docente, junto con el desarrollo progresivo de matrices curriculares y de estándares de desempeño para las distintos niveles y modalidades educativas del sistema escolar -más allá de las intenciones- han profundizado la condición marginal del sistema público, expresado en cierre de colegios, hostigamiento y presión sobre las comunidades educativas e incapacidad de frenar el aumento de la matrícula privada.

En este contexto, la respuesta docente está vinculada a la incapacidad de este Proyecto de Ley de superar este diagnóstico. La apuesta del Ejecutivo se basa en la idea que cambiando el sostenedor de la actual educación municipal, se generarán las capacidades para revertir la situación descrita, cuestión a todas luces insuficiente. La alternativa ministerial asume que la capacidad de gestión, administrativo financiera y pedagógica, tendría la capacidad de modificar la debacle de la matrícula pública de los últimos 20 años, obviando elementos claves y estructurales como por ejemplo: la permanencia de la lógica de competencia entre sostenedores privados –los cofinanciados por el Estado y los que no reciben aporte fiscal- y públicos; la mantención de un sistema de financiamiento variable, impredecible e insuficiente para el funcionamiento de las escuelas y liceos del país (esto más allá de los aumentos a nivel basal que el Proyecto de Ley entrega a las nuevas estructuras administrativas); y la consolidación de las matrices evaluativas basadas en procesos de estandarización educativa.

Sumado a lo anterior el rechazo docente tiene otro gran fundamento y es la incapacidad del Estado por responder de manera eficaz a la deuda histórica que tiene con los docentes traspasados del Sistema Público al Municipal. Deuda que ha sido reconocida por la OIT y ha increpado al Estado por su pasividad e inacción y que además, se refleja en la respuesta zigzagueante de los distintos gobiernos y en todos los docentes que han muerto esperando respuesta.El actual proyecto tampoco es claro sobre los procesos de traspaso para los trabajadores al nuevo sistema de administración pública.

El Ministerio ha retrasado el envío de las indicaciones asociadas a estas temáticas y esto ha profundizado la incertidumbre y desconfianza, lo que se suma a las altas deudas previsionales y remuneracionales que hoy mantienen los municipios con los y las docentes de distintas partes del país. Una acción decidida del Estado en este proceso, debería estar asociada a un respaldo claro hacia los colegas que hoy no reciben el sueldo completo a fin de mes o que sus cotizaciones previsionales no estén al día. El pronunciamiento mezquino y perverso que asocia el apoyo al proyecto en función del pago del trabajo realizado, profundiza una mirada crítica y desconfiada del actual proyecto de ley y de las voluntades políticas que lo sustentan. La feble declaración vinculada a la “sin solución de continuidad” no es suficiente para dar cuenta de un proceso complejo, en donde quienes han sufrido en carne propia las vicisitudes y precariedades de la municipalización no pueden quedar al margen.

En el rechazo conviven distintas posiciones; algunas nacen de la desconfianza en las propuestas gubernamentales – lo que no limita su expresión política- y otras, la mayoría, se sustentan en posiciones gremiales claras y contundentes. Negarlas, es ocultar la existencia de una percepción que hoy se expresa en gran parte del profesorado y es desconocer la existencia de un proceso de cambio y tránsito en las posiciones del magisterio nacional. El desafío de nuestra organización es consolidar las posiciones emergentes del profesorado y transformar la desconfianza en propuesta, en capacidad de cambio y acción a nivel nacional y a nivel local, logrando que el cuestionamiento no se exprese sólo en rabia y rechazo, sino que en propuesta de cambio y acción en cada escuela, colegio y liceo del país.

Hoy el profesorado rechaza el actual Proyecto de Ley, definiendo con claridad qué proceso de desmunicipalización requiere el país. El magisterio consolida su compromiso con el desarrollo de una política pública que modifique las condiciones estructurales en las que actualmente se desarrolla el sistema escolar nacional. Los y las docentes de Chile, estamos a disposición de la construcción de un modelo educativo público que genere nuevas condiciones, con un sistema de financiamiento público preferente y que coloque en el centro el quehacer pedagógico contextualizado y transformacional, retornando el sentido de la escuela pública a su centro, el desarrollo educativo de las grandes mayorías del país.

Por Sebastián Henríquez, Javier Insunza y Eric Silva, Presidentes de los Comunales Ñuñoa, Providencia y San Joaquín del Colegio de Profesores, respectivamente.

Columna de opinión publicada originalmente por El Mostrador el 31 de mayo de 2017: http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/06/29/razones-de-un-rechazo-la-posicion-docente-frente-el-proyecto-de-ley-de-nueva-educacion-publica/