Por Fabián Guajardo M.
Investigador Depto. Educación Colegio de Profesores
El Gobierno anunció en los últimos días la presentación de su plan “Todos al Aula”, instancia que gozó de una amplia atención mediática no tanto por su contenido, sino más bien por la conformación de la Comisión de Expertos que encabezará la iniciativa, presidida por Mariana Aylwin, ex ministra de Educación de Ricardo Lagos y conocida figura del mundo democratacristiano.
Las críticas desde parte importante de la oposición centradas en la figura de Aylwin arreciaron significativamente. Más allá de la grandilocuencia verbal, tal crítica tiene escaso sustento. La verdad sea dicha, Aylwin en educación ha sido siempre de una sola línea, impulsando activamente políticas enmarcadas dentro del carácter mercantil del sistema educativo chileno y el carácter subsidiario y evaluador del Estado, sosteniendo la irrelevancia del predominio público o de mercado en la educación. Mal puede sorprender entonces su colaboración con un Gobierno dispuesto a impulsar políticas del mismo signo, ya sin necesidad de presentarlas bajo ropajes progresistas.
Los actores sociales de la educación y las fuerzas de cambio que emergieron en sus luchas no pueden distraerse en la lectura fácil, centrada únicamente en una figura puntual. Aquello es precisamente lo que el Gobierno quiere. Es responsabilidad de las fuerzas de cambio poner sobre la mesa el problema de fondo en esta materia: la postergación de la Educación Pública y la autonomía en el ejercicio profesional docente para que la educación chilena sea, como todos deseamos, de mejor calidad. Conviene en tal sentido prestar cierta atención a la elección del objeto de preocupación: ¿por qué la burocracia y no el agobio laboral docente? ¿Por qué no poner en el centro el nombre que los actores de la educación dieron a las consecuencias pedagógicas de la sobrecarga durante sus movilizaciones del 2014 y el 2015?
Mercantilizar para “desburocratizar”
La apelación al combate a la burocracia como fundamento de legitimación de políticas educativas de mercado ha sido muy recurrente durante las últimas décadas. Sin ir más lejos, uno de los principales argumentos esgrimidos para la privatización de los años ochenta fue precisamente la pesada mochila de la burocracia estatal, incapaz de responder a las múltiples necesidades e intereses de las familias. Así, en nombre de la desburocratización se promovió la entrada masiva de proveedores privados, bajo el entendido que la competencia y los estímulos de mercado a la libre elección de las familias permitirían orientar los esfuerzos de manera eficiente hacia la calidad. También en aras de enfrentar la burocracia se municipalizaron las escuelas públicas, bajo el supuesto de que la administración local permitiría un mayor dinamismo de la gestión y cercanía con las familias en comparación al control centralizado. En el mismo nombre, se equipara a escuelas públicas y privadas en el sistema de subvenciones, de manera de estimular a todas por incentivos a la demanda y a la asistencia de los estudiantes. Finalmente, se dispuso la creación de pruebas estandarizadas que permitirían mostrar objetivamente quienes lo hacían bien y quienes lo hacían mal respecto a objetivos genéricos de aprendizaje.
A mediados de los noventa se repitió la escena. Los gobiernos concertacionistas ya entonces asumieron como propio el sistema de mercado heredado de la dictadura, complementándolo con programas focalizados de mejoramiento hacia escuelas desventajadas y emprendiendo posteriormente una reforma que comprendía la extensión de la jornada escolar y la consiguiente ampliación de la infraestructura de los establecimientos subvencionados. El problema burocrático esta vez se hallaba en la mentalidad de los docentes y de los encargados directivos de la gestión escolar, la mayoría también pedagogos.
La retórica oficial presentaba a estos actores como anclados en la nostalgia del Estado Docente y su otrora condición de funcionarios públicos, e incapaces de comprender que la educación del siglo XXI demandaba disposición al cambio y voluntad de competir y moverse por incentivos. Se requería, pues, flexibilizar su régimen laboral mediante modificaciones del reciente Estatuto Docente, presentado como un lastre para la gestión eficiente de las escuelas. Se instalan también en este proceso, bajo el discurso de que la reforma “entre al aula”, las primeras iniciativas abiertamente orientadas hacia la tecnificación de la labor docente, comenzando así un largo camino de desprofesionalización del quehacer pedagógico.
Con la llegada de Ricardo Lagos al poder, y la mencionada Mariana Aylwin al Ministerio de Educación, la discusión sobre la burocracia dará un paso más. Frente a las escasas demostraciones de mejora del sistema escolar a partir de las reformas emprendidas en los noventa comienza una intensa y sistemática apelación hacia la necesidad de control y rendición de cuentas por parte de los actores educacionales. Ya el programa de Gobierno de Lagos era explícito sobre este punto, señalando que “Seremos exigentes en todos los aspectos de la calidad y los resultados de la educación. Promoveremos metas altas en todos los niveles; exigiremos que los establecimientos asuman mayor responsabilidad sobre su desempeño y sobre los resultados que obtienen; daremos amplio apoyo a los docentes, y ejerceremos una exigente evaluación de su formación, perfeccionamiento y trabajo en la sala de clase (…) y aplicaremos continuamente medios de evaluación y acreditación de la calidad, sobre todo en el caso de los programas que atienden a los niños y jóvenes de los sectores más vulnerables”.
Así, en nombre de la desburocratización y la rendición de cuentas, la educación escolar chilena se irá convirtiendo en un sistema cargado de paradojas. Con más recursos y capacidades que nunca en su historia, el Estado multiplica su accionar, pero ya no como productor de educación. Ante el predominio privado, la labor estatal se orienta al aseguramiento de la calidad, a dejar que los actores funcionen con autonomía de un plan de orden nacional, pero los obliga a que respondan a los incentivos y exigencias que impone el orden institucional de un Estado Evaluador.
Comienza una carrera por orientar la calidad mas no por producirla. De esta forma se multiplican las evaluaciones, en distintos momentos y a los distintos actores. Las presiones sobre los docentes, en sus evaluaciones o en los incentivos académicos, se instalan en mecanismos que precisamente están fuera del aula y de la escuela. La planificación y seguimiento de la gestión se vuelve una demanda adicional de trabajo para el conjunto de los actores escolares, especialmente directivos, pero que en muchos casos no pasan de ser rituales de llenado de formularios para obtener recursos que simplemente se usan para que las escuelas sigan funcionando, como sucede en la práctica con los recursos SEP en las escuelas públicas. Se estandarizan los objetivos educativos y los procedimientos, mediante evaluaciones como el SIMCE que han demostrado tener consecuencias nefastas en la reducción de las experiencias de aprendizaje de los estudiantes y ser un aporte muy limitado en orientar decisiones pedagógicas de directivos y docentes. Proliferan también los convenios de gestión y la rendición de cuentas, haciendo que las preocupaciones estén cada vez más en el logro de metas definidas en abstracto, por fuera de la escuela, y menos en el trabajo pedagógico.
Vinculadas a altas consecuencias –recibir o no asignaciones económicas, continuar o no con el proyecto educativo- esta serie de elementos de evaluación y control constante se vuelve el corazón de las preocupaciones de las escuelas, y no si los niños, niñas y jóvenes desarrollan todas su posibilidades de aprendizaje. El giro de la labor estatal a los aspectos evaluativos, que suponía una solución a la burocracias, conllevó, a la larga más, y peor burocracia para las escuelas. Inclusive, de manera más dramática, es difícil imputar a dichos mecanismos algún tipo de mejora significativa de la calidad en la educación.
No es extraño entonces que en las escuelas se instale una suerte de evidenciofrenia, donde todo requiere de evidencias para rendir cuentas. Hoy a nadie le parece extraño ver a una profesora o profesor que al final de una salida pedagógica o un taller con sus alumnos, comience a sacar fotos compulsivamente a todo lo que permita demostrar que el trabajo se hizo como se comprometió en el formulario por el cual se aprobaron los recursos para la actividad; o que se intente porfiadamente dar cuenta de una experiencia extracurricular en una rúbrica que demuestra que esa acción sirve para mejorar la lecto-escritura de los estudiantes -que será lo evaluado al final del periodo-.
La verdadera paradoja de “Todos al Aula”
La reforma del último gobierno, de la Nueva Mayoría, no modificó en lo esencial las disposiciones señaladas en los párrafos precedentes. Es más, llevó la lógica del Estado Evaluador y la rendición de cuentas a nuevos ámbitos: el control de los convenios de contratación de los directivos mediante el sistema de Alta Dirección Pública; la instalación del sistema de desarrollo profesional docente basado en evaluaciones ajenas al aula; y la definición de una serie de disposiciones dirigidas a empujar al sistema escolar -en teoría- a mayores niveles de inclusión.
En este escenario, lo realmente llamativo del Plan “Todos al Aula” del actual gobierno no es la convocatoria de actores partícipes o colaboradores de los gobiernos concertacionistas, como es el caso de la mencionada Mariana Aylwin. La verdadera contradicción está en pretender desburocratizar las escuelas convocando a los mismos actores que han sostenido y promovido una organización del sistema escolar basada en la sobrecarga burocrática, a través de intrincados -y cada vez más sofisticados- sistemas de rendición de cuentas de altas consecuencias hacia las escuelas y hacia los docentes. Se convoca a “devolver la educación al aula” precisamente a quienes han trabajado sistemáticamente en sacarla de allí, a punta de apoyos, incentivos, evaluaciones y presiones orientados de manera externa.
En tal sentido, la presencia de Mariana Aylwin encabezando la comisión del plan, más que un atrevimiento debe ser visto como un cazabobos, en una vuelta al tronco guía de las políticas de mejoramiento y aseguramiento de la calidad escolar que han sido sostenidas de manera continuada en el sistema chileno, ahora sin maquillajes ni retóricas de ajuste.
Entonces, ¿por qué hablar de burocracia y no de agobio? Tal diferencia no es casual. En la definición se juega quién ingresa y con qué autoridad ingresa al aula y el argumento antiburocracia se apresta una vez más a ser enarbolado como sostén para políticas de privatización del sistema, de desprofesionalización de los docentes y la profundización de la acción subsidiaria del Estado. El asunto detrás del agobio es que deja de manifiesto que la rendición de cuentas y el Estado Evaluador en realidad se ha vuelto un impedimento para que los docentes puedan hacer su trabajo pedagógico. No es sólo un asunto de condiciones mínimas para el ejercicio laboral -como el respeto por los tiempos de descanso- sino que la sobrecarga anida precisamente en un sistema atiborrado de evaluaciones desprovistas de sentido pedagógico, en incentivos por desempeño fuera del aula, y en un sin fin de instituciones públicas entregando directrices -a veces contradictorias- sobre qué se debe hacer en las escuelas y fijando metas ajenas al trabajo pedagógico. Este conjunto de mecanismos simplemente generan un escenario que hace imposible que los docentes puedan producir lo que interesa que produzcan: más y mejores experiencias pedagógicas para que los estudiantes chilenos generen aprendizajes significativos.
Está por verse si cuando se habla de “Todos al Aula” se busca abrir la posibilidad real de eliminar presiones en los espacios escolares, o por el contrario se continuará en la porfiada proliferación de éstas. Pero por ahora, en su sencillez, la imagen de una sala atiborrada de gente, de expertos en educación, de asesores técnicos pidiendo el llenado de uno y otro formulario, de tomadores de decisiones diciéndoles a los profesores cómo hacerlo bien, y de encargados ministeriales presionando por el cumplimiento de alguna meta, todos juntos entrado al aula, como el plan lo propone, no puede sino representar el peor de los mundos para las escuelas, más burocracia y más agobio.
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ATENCIÓN PROFESORES COLEGIADOS: CENTROS RECREACIONALES DEL MAGISTERIO DISPONIBLES PARA VACACIONES DE INVIERNO
Desde el 22 de mayo y hasta el 29 de junio se encuentran abiertas las postulaciones para utilizar los Centros Recreacionales del Colegio de Profesores en El Quisco y Tongoy durante las vacaciones de invierno (16 al 29 de julio). Pueden postular todas y todos los maestros colegiados.
El uso de los Centros Recreacionales del Magisterio es uno de los beneficios que conlleva ser parte de la organización docente y están disponibles durante todo el año para los profesores colegiados. Sin embargo, en épocas de alta demanda el uso de las distintas cabañas se sortea entre todos los maestros interesados, asegurando la rotación entre los profesores.
Las cabañas de los Centros Recreacionales están equipadas, cuentan con un grato ambiente familiar, se ubican dentro de recintos cerrados, y cuentan con piscina y estacionamientos. Para postular al uso durante las Vacaciones de Invierno, puede hacerse una reserva para la semana que más le acomode a los teléfonos 224704213 y 224704232
1era Semana de vacaciones: Mes Julio
2da Semana de vacaciones: Mes Julio
*Mínimo a reservar por semana: 4 noches
*Máximo a reservar por semana: 6 noches
Tarifas
*Informaciones y reservas al: 224704213 – 224704232
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«TODOS AL AULA: BUROCRACIA, AGOBIO Y MERCADO EDUCATIVO»
Por Fabián Guajardo M.
Investigador Depto. Educación Colegio de Profesores
El Gobierno anunció en los últimos días la presentación de su plan “Todos al Aula”, instancia que gozó de una amplia atención mediática no tanto por su contenido, sino más bien por la conformación de la Comisión de Expertos que encabezará la iniciativa, presidida por Mariana Aylwin, ex ministra de Educación de Ricardo Lagos y conocida figura del mundo democratacristiano.
Las críticas desde parte importante de la oposición centradas en la figura de Aylwin arreciaron significativamente. Más allá de la grandilocuencia verbal, tal crítica tiene escaso sustento. La verdad sea dicha, Aylwin en educación ha sido siempre de una sola línea, impulsando activamente políticas enmarcadas dentro del carácter mercantil del sistema educativo chileno y el carácter subsidiario y evaluador del Estado, sosteniendo la irrelevancia del predominio público o de mercado en la educación. Mal puede sorprender entonces su colaboración con un Gobierno dispuesto a impulsar políticas del mismo signo, ya sin necesidad de presentarlas bajo ropajes progresistas.
Los actores sociales de la educación y las fuerzas de cambio que emergieron en sus luchas no pueden distraerse en la lectura fácil, centrada únicamente en una figura puntual. Aquello es precisamente lo que el Gobierno quiere. Es responsabilidad de las fuerzas de cambio poner sobre la mesa el problema de fondo en esta materia: la postergación de la Educación Pública y la autonomía en el ejercicio profesional docente para que la educación chilena sea, como todos deseamos, de mejor calidad. Conviene en tal sentido prestar cierta atención a la elección del objeto de preocupación: ¿por qué la burocracia y no el agobio laboral docente? ¿Por qué no poner en el centro el nombre que los actores de la educación dieron a las consecuencias pedagógicas de la sobrecarga durante sus movilizaciones del 2014 y el 2015?
Mercantilizar para “desburocratizar”
La apelación al combate a la burocracia como fundamento de legitimación de políticas educativas de mercado ha sido muy recurrente durante las últimas décadas. Sin ir más lejos, uno de los principales argumentos esgrimidos para la privatización de los años ochenta fue precisamente la pesada mochila de la burocracia estatal, incapaz de responder a las múltiples necesidades e intereses de las familias. Así, en nombre de la desburocratización se promovió la entrada masiva de proveedores privados, bajo el entendido que la competencia y los estímulos de mercado a la libre elección de las familias permitirían orientar los esfuerzos de manera eficiente hacia la calidad. También en aras de enfrentar la burocracia se municipalizaron las escuelas públicas, bajo el supuesto de que la administración local permitiría un mayor dinamismo de la gestión y cercanía con las familias en comparación al control centralizado. En el mismo nombre, se equipara a escuelas públicas y privadas en el sistema de subvenciones, de manera de estimular a todas por incentivos a la demanda y a la asistencia de los estudiantes. Finalmente, se dispuso la creación de pruebas estandarizadas que permitirían mostrar objetivamente quienes lo hacían bien y quienes lo hacían mal respecto a objetivos genéricos de aprendizaje.
A mediados de los noventa se repitió la escena. Los gobiernos concertacionistas ya entonces asumieron como propio el sistema de mercado heredado de la dictadura, complementándolo con programas focalizados de mejoramiento hacia escuelas desventajadas y emprendiendo posteriormente una reforma que comprendía la extensión de la jornada escolar y la consiguiente ampliación de la infraestructura de los establecimientos subvencionados. El problema burocrático esta vez se hallaba en la mentalidad de los docentes y de los encargados directivos de la gestión escolar, la mayoría también pedagogos.
La retórica oficial presentaba a estos actores como anclados en la nostalgia del Estado Docente y su otrora condición de funcionarios públicos, e incapaces de comprender que la educación del siglo XXI demandaba disposición al cambio y voluntad de competir y moverse por incentivos. Se requería, pues, flexibilizar su régimen laboral mediante modificaciones del reciente Estatuto Docente, presentado como un lastre para la gestión eficiente de las escuelas. Se instalan también en este proceso, bajo el discurso de que la reforma “entre al aula”, las primeras iniciativas abiertamente orientadas hacia la tecnificación de la labor docente, comenzando así un largo camino de desprofesionalización del quehacer pedagógico.
Con la llegada de Ricardo Lagos al poder, y la mencionada Mariana Aylwin al Ministerio de Educación, la discusión sobre la burocracia dará un paso más. Frente a las escasas demostraciones de mejora del sistema escolar a partir de las reformas emprendidas en los noventa comienza una intensa y sistemática apelación hacia la necesidad de control y rendición de cuentas por parte de los actores educacionales. Ya el programa de Gobierno de Lagos era explícito sobre este punto, señalando que “Seremos exigentes en todos los aspectos de la calidad y los resultados de la educación. Promoveremos metas altas en todos los niveles; exigiremos que los establecimientos asuman mayor responsabilidad sobre su desempeño y sobre los resultados que obtienen; daremos amplio apoyo a los docentes, y ejerceremos una exigente evaluación de su formación, perfeccionamiento y trabajo en la sala de clase (…) y aplicaremos continuamente medios de evaluación y acreditación de la calidad, sobre todo en el caso de los programas que atienden a los niños y jóvenes de los sectores más vulnerables”.
Así, en nombre de la desburocratización y la rendición de cuentas, la educación escolar chilena se irá convirtiendo en un sistema cargado de paradojas. Con más recursos y capacidades que nunca en su historia, el Estado multiplica su accionar, pero ya no como productor de educación. Ante el predominio privado, la labor estatal se orienta al aseguramiento de la calidad, a dejar que los actores funcionen con autonomía de un plan de orden nacional, pero los obliga a que respondan a los incentivos y exigencias que impone el orden institucional de un Estado Evaluador.
Comienza una carrera por orientar la calidad mas no por producirla. De esta forma se multiplican las evaluaciones, en distintos momentos y a los distintos actores. Las presiones sobre los docentes, en sus evaluaciones o en los incentivos académicos, se instalan en mecanismos que precisamente están fuera del aula y de la escuela. La planificación y seguimiento de la gestión se vuelve una demanda adicional de trabajo para el conjunto de los actores escolares, especialmente directivos, pero que en muchos casos no pasan de ser rituales de llenado de formularios para obtener recursos que simplemente se usan para que las escuelas sigan funcionando, como sucede en la práctica con los recursos SEP en las escuelas públicas. Se estandarizan los objetivos educativos y los procedimientos, mediante evaluaciones como el SIMCE que han demostrado tener consecuencias nefastas en la reducción de las experiencias de aprendizaje de los estudiantes y ser un aporte muy limitado en orientar decisiones pedagógicas de directivos y docentes. Proliferan también los convenios de gestión y la rendición de cuentas, haciendo que las preocupaciones estén cada vez más en el logro de metas definidas en abstracto, por fuera de la escuela, y menos en el trabajo pedagógico.
Vinculadas a altas consecuencias –recibir o no asignaciones económicas, continuar o no con el proyecto educativo- esta serie de elementos de evaluación y control constante se vuelve el corazón de las preocupaciones de las escuelas, y no si los niños, niñas y jóvenes desarrollan todas su posibilidades de aprendizaje. El giro de la labor estatal a los aspectos evaluativos, que suponía una solución a la burocracias, conllevó, a la larga más, y peor burocracia para las escuelas. Inclusive, de manera más dramática, es difícil imputar a dichos mecanismos algún tipo de mejora significativa de la calidad en la educación.
No es extraño entonces que en las escuelas se instale una suerte de evidenciofrenia, donde todo requiere de evidencias para rendir cuentas. Hoy a nadie le parece extraño ver a una profesora o profesor que al final de una salida pedagógica o un taller con sus alumnos, comience a sacar fotos compulsivamente a todo lo que permita demostrar que el trabajo se hizo como se comprometió en el formulario por el cual se aprobaron los recursos para la actividad; o que se intente porfiadamente dar cuenta de una experiencia extracurricular en una rúbrica que demuestra que esa acción sirve para mejorar la lecto-escritura de los estudiantes -que será lo evaluado al final del periodo-.
La verdadera paradoja de “Todos al Aula”
La reforma del último gobierno, de la Nueva Mayoría, no modificó en lo esencial las disposiciones señaladas en los párrafos precedentes. Es más, llevó la lógica del Estado Evaluador y la rendición de cuentas a nuevos ámbitos: el control de los convenios de contratación de los directivos mediante el sistema de Alta Dirección Pública; la instalación del sistema de desarrollo profesional docente basado en evaluaciones ajenas al aula; y la definición de una serie de disposiciones dirigidas a empujar al sistema escolar -en teoría- a mayores niveles de inclusión.
En este escenario, lo realmente llamativo del Plan “Todos al Aula” del actual gobierno no es la convocatoria de actores partícipes o colaboradores de los gobiernos concertacionistas, como es el caso de la mencionada Mariana Aylwin. La verdadera contradicción está en pretender desburocratizar las escuelas convocando a los mismos actores que han sostenido y promovido una organización del sistema escolar basada en la sobrecarga burocrática, a través de intrincados -y cada vez más sofisticados- sistemas de rendición de cuentas de altas consecuencias hacia las escuelas y hacia los docentes. Se convoca a “devolver la educación al aula” precisamente a quienes han trabajado sistemáticamente en sacarla de allí, a punta de apoyos, incentivos, evaluaciones y presiones orientados de manera externa.
En tal sentido, la presencia de Mariana Aylwin encabezando la comisión del plan, más que un atrevimiento debe ser visto como un cazabobos, en una vuelta al tronco guía de las políticas de mejoramiento y aseguramiento de la calidad escolar que han sido sostenidas de manera continuada en el sistema chileno, ahora sin maquillajes ni retóricas de ajuste.
Entonces, ¿por qué hablar de burocracia y no de agobio? Tal diferencia no es casual. En la definición se juega quién ingresa y con qué autoridad ingresa al aula y el argumento antiburocracia se apresta una vez más a ser enarbolado como sostén para políticas de privatización del sistema, de desprofesionalización de los docentes y la profundización de la acción subsidiaria del Estado. El asunto detrás del agobio es que deja de manifiesto que la rendición de cuentas y el Estado Evaluador en realidad se ha vuelto un impedimento para que los docentes puedan hacer su trabajo pedagógico. No es sólo un asunto de condiciones mínimas para el ejercicio laboral -como el respeto por los tiempos de descanso- sino que la sobrecarga anida precisamente en un sistema atiborrado de evaluaciones desprovistas de sentido pedagógico, en incentivos por desempeño fuera del aula, y en un sin fin de instituciones públicas entregando directrices -a veces contradictorias- sobre qué se debe hacer en las escuelas y fijando metas ajenas al trabajo pedagógico. Este conjunto de mecanismos simplemente generan un escenario que hace imposible que los docentes puedan producir lo que interesa que produzcan: más y mejores experiencias pedagógicas para que los estudiantes chilenos generen aprendizajes significativos.
Está por verse si cuando se habla de “Todos al Aula” se busca abrir la posibilidad real de eliminar presiones en los espacios escolares, o por el contrario se continuará en la porfiada proliferación de éstas. Pero por ahora, en su sencillez, la imagen de una sala atiborrada de gente, de expertos en educación, de asesores técnicos pidiendo el llenado de uno y otro formulario, de tomadores de decisiones diciéndoles a los profesores cómo hacerlo bien, y de encargados ministeriales presionando por el cumplimiento de alguna meta, todos juntos entrado al aula, como el plan lo propone, no puede sino representar el peor de los mundos para las escuelas, más burocracia y más agobio.
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OPINIÓN: «EL CIERRE DEL LICEO AMUNÁTEGUI»
Por Álvaro Mardones
Profesor e investigador del Departamento de Educación del Colegio de Profesores
La toma y posterior incendio en parte de las dependencias del Liceo Amunátegui, perteneciente a la Municipalidad de Santiago, permiten al Alcalde Alessandri tener la argumentación mediática y comunicacional perfecta para clausurar un Liceo con 128 años de tradición educativa en el Barrio Yungay de Santiago, con un alto número de estudiantes migrantes que permitió a esta unidad educativa, y otras de Santiago Centro, aumentar la matricula y evitar el cierre por baja subvención y déficit estructural.
Sin embargo, la argumentación incendiaria del Alcalde, tan buena comunicacionalmente, tiene falencias y debilidades jurídicas evidentes. Él se encubre ligeramente de un decreto de la SEREMI de Educación Metropolitana del 10 de Enero del 2010, según el cual la Secretaría Regional Ministerial puede suspender las clases por sismos, cortes de luz, agua o fuerza mayor.
El propio Seremi autoriza, en el caso del Liceo Amunátegui, la suspensión de clases a través de resolución exenta el día 18 de Junio, sobre hechos ocurridos el día 16 del mismo mes. La celeridad de la tramitación de la suspensión es sorprendente, mas aún cuando la misma resolución informa que fue la propia Directora de Educación de la Municipalidad de Santiago quién pidió la suspensión. Y por tanto, me hago las siguientes preguntas al respecto:
El cierre o suspensión indefinida en pleno año lectivo de una escuela es, como dirían los políticos gringos, “ la opción nuclear”. Debe tener herramientas jurídicas y administrativas muy potentes e irrefutables para que evite una reversibilidad por
El Alcalde debe tener espaldas muy anchas de respaldo político del propio Gobierno para actuar con este nivel de despliegue escénico. Sin duda, está poniendo en riesgo su propio puesto alcaldicio. Por su parte, la opinión pública, los estudiantes, docentes y apoderados están ad portas -si el recurso de cierre arbitrario de escuelas es exitoso- de enfrentar el cierre masivo de establecimientos educativos municipales por parte de alcaldes que usan para aquello eventos desgraciados que pueden seguir ocurriendo al interior de las escuelas públicas y, en consecuencia, las SEREMIS de Educación -por medio de resoluciones compulsivas- terminen clausurando escuelas por situaciones impredecibles o intrigas de dudoso origen.
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PRESIDENTE DE COLEGIO DE PROFESORES PRESENTÓ LIBRO SOBRE EDUCACIÓN EN ROSARIO
Este jueves en la Escuela Normal Superior Nº 36 «Mariano Moreno» de Rosario, Argentina, y ante una audiencia de estudiantes de educación primaria, el líder del Magisterio chileno, Mario Aguilar, presentó su libro «Pedagogía de la Intencionalidad. Educando para una conciencia activa», un texto coescrito con la docente e investigadora Rebeca Bize, en el cual se proponen un nuevo paradigma educativo. En la presentación participó también la investigadora de la Universidad Nacional de Rosario, Cecilia Bixio.
«Pedagogía de la Intencionalidad» ha sido editado en varios países de Latinoamérica y en Argentina ya cuenta con una segunda edición por parte de la destacada editorial educativa Homo Sapiens. El texto inicia con un comentario reflexivo escrito por Humberto Maturana y plantea una concepción original del concepto de ser humano para, desde ahí, plantear nuevos fundamentos para la teoría y práctica educativa.
El sábado 23 de junio, Aguilar realizará el taller «Aplicaciones prácticas de la pedagogía de la intencionalidad» dirigido a estudiantes y educadores en la Jornada de Educación Humanizadora organizada por COPEHU en Parque de Estudio y Reflexión Carcarañá.
Cobertura de prensa local a presentación:
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MOVILIZACIÓN EN FRUTILAR CONCLUYE CON ACUERDOS QUE MEJORARÁN INFRAESTRUCTURA DE SU ESCUELA
Luego de una movilización que se extendió por 23 días, los profesores, asistentes de educación y estudiantes de la Escuela Arturo Alessandri Palma de Frutillar lograron soluciones a distintas temáticas, entre ellas: implementación de la sala cuna, revisión del sistema de evaluación interna para enfrentar denuncias de malos tratos y anomalías administrativas y mejoras en la infraestructura de las salas de clases para enfrentar el frío y la lluvia de la ciudad sureña.
“Pedíamos que se pudieran sacar las observaciones del proyecto de reposición porque actualmente mantiene 21 de ellas y no se le ha podido sacar el RS (Recomendación Satisfactoria que otorga la SEREMI de Desarrollo Social), mientras eso no se resolviera pedíamos que fuéramos trasladados a otro establecimiento, porque la escuela donde trabajamos tiene una serie de condiciones sanitarias y de seguridad que rayan en la insalubridad”, explicó Marco Mayorga, Presidente Comunal Frutillar del Colegio de Profesores.
La movilización inédita en Frutillar implicó marchas por la ciudad, cortes de carretera y la paralización de actividades por tres semanas en la Escuela Arturo Alessandri, que cuenta con 23 profesores, 18 asistentes de educación y 324 estudiantes desde Kinder a Octavo Básico. “Originalmente nuestras demandas exigían derecho de sala cuna, modificar la política de evaluación del departamento de educación, la solicitud de no marginar al Director de la escuela de la postulación al cargo por estar encasillado en el tramo acceso y la reparación de infraestructura”, detalló Mayorga.
Producto de la movilización, los docentes de firmaron un protocolo de acuerdo con la Municipalidad de Frutillar (Secretaría de Planificación) y el Gobierno Regional para generar los recursos mediante el aceleramiento de gestiones que permitan obtener la RS en 4 meses. En lo inmediato, aplicar medidas de mitigación entre ellas, reparación de pisos, techos, del sistema eléctrico, de los sanitarios y la desratización del recinto. “Nosotros volveremos a nuestras actividades el miércoles 27 de junio y mantendremos nuestro estado de alerta hasta la vuelta de las vacaciones de invierno, donde se supone que ya existirán algunos trabajos de reparación. Esperamos que los compromisos se cumplan”, advirtió Marco Mayorga.
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REGIONAL METROPOLITANO ORGANIZA TALLER SOBRE REALIDAD TRANS EN EDUCACIÓN
Atendiendo las demandas instaladas por el movimiento feminista en el país, el nivel metropolitano del Colegio de Profesores y OTD Chile (Organizando Trans Diversidades) desarrollarán una instancia para compartir conocimientos y sensibilizar sobre la realidad trans, especialmente en ámbitos educativos. La capacitación se enmarca en el compromiso del Magisterio de contribuir al desarrollo de una educación no sexista y libre de violencia, acoso y discriminación.
La actividad se desarrollará este viernes 22 de junio de 15 a 17:30 hrs en la Casa del Maestro de Santiago, ubicada en Catedral 2395, esquina General Bulnes, Santiago Centro, Metro Cumming, con entrada liberada para profesoras y profesores colegiados y será guiada por OTEDUCA, la Unidad de Educación de OTD Chile, con un diverso equipo de profesores, psicólogos y activistas trans.
OTD Chile es una reconocida organización de activismo transfeminista, que busca la defensa y promoción de los Derechos Humanos de las trans diversidades y su empoderamiento, que se basa en los valores y las prácticas de la democracia, en la que todas las personas puedan decidir autónomamente respecto de sus cuerpos e identidades, sin pautas ni mandatos sociales de género.
El taller es organizado por el Departamento de Equidad y Género del Regional Metropolitano del Colegio de Profesores.
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CON DIVERSAS ACCIONES COMUNIDAD EDUCATIVA SE RESISTE AL CIERRE DEL LICEO AMUNÁTEGUI
Estudiantes, profesores y apoderados participaron del Concejo Municipal de Santiago para exponer su rechazo a la medida decretada por el Alcalde, Felipe Alessandri, tras el incendio que afectó al establecimiento educacional cuando permanecía en toma estudiantil.
“Las acciones del alcalde son desmesuradas y pedimos que deje actuar a la propia comunidad para restablecer el espacio y poder hacer nuestras funciones con los estudiantes, apoderados, vecinos incluso con ex alumnos. Proponemos que todas las medidas sean consultadas porque un cierre del liceo nos va a afectar a todos”, sostuvo Luis Velarde, Secretario del Consejo Gremial del Liceo Amunátegui.
Ante el Concejo Municipal, el Alcalde Alessandri reconoció que el cierre fue su decisión y que la medida recibió el apoyo de la SEREMI y del MINEDUC, lo que implica el término del año escolar 2018 y el regreso al establecimiento recién en marzo del próximo año. Según la autoridad existen informes técnicos que impedirían retomar en lo inmediato las actividades normales en el liceo.
Anteriormente, la comunidad del Liceo Amunátegui se reunió afuera del recinto porque no se permitió el ingreso para coordinar las acciones y los pasos a seguir en este conflicto. En la cita participó el Mario Aguilar, Presidente del Colegio de Profesores, quien entregó su apoyo y respaldo público a los docentes y estudiantes. Por la tarde,la misma comunidad se manifestó en la Plaza de Armas en el frontis de la Municipalidad de Santiago.
En paralelo, circuló una carta pública firmada por diversas autoridades, ex alumnos y personalidades públicas en la cual destacan el carácter histórico del Liceo Miguel Luis Amunátegui, que cuenta con 128 años de trayectoria; rechazan las acciones y los hechos que culminaron con la destrucción de parte del recinto y, a su vez, los firmantes se oponen a la medida de cierre decretada por Felipe Alessandri, a quien llaman a buscar soluciones en conjunto con la comunidad.
“Las gestiones continuarán porque este viernes el equipo directivo del liceo se reunirá con representantes de la Dirección Municipal de Educación para conocer la respuesta del alcalde sobre la solicitud de mantener el año escolar hecha por la comunidad educativa. El sábado habrá dos hitos: primero, los profesores recibirán a los apoderados quienes respaldarán el proyecto educativo del liceo mediante la firma de un documento que impida el traslado de sus hijos. Segundo, un grupo de ex alumnos intentará ingresar al recinto para realizar labores de limpieza y aseo, además pintar murallas de los patios y de las salas de clases”, describió Velarde.
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PLAZO FINAL POSTULACIÓN BONO POR RETIRO 2017
Se recuerda a los docentes del sector municipal (dependientes de DAEM, DEM o Corporación), ya sea en calidad de titulares o contratados, o estén contratados en los establecimientos regidos por el decreto ley Nº 3.166, y que para el año 2017 cumplan los requisitos para acceder a la ley del Bono de Incentivo al Retiro Voluntario, ley Nº20.976, deberán postular hasta el 29 de Junio de 2018.
Acá también puedes ver y descargar este documento
INSTRUCTIVO LEY 20.976
FORMULARIO DE POSTULACIÓN
FORMULARIO POSTULACIÓN DOCENTES LEY 20976
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DECLARACIÓN PÚBLICA SOBRE CIERRE DE LICEO AMUNÁTEGUI
Como Presidente del Colegio de Profesores rechazo la medida de cierre del Liceo Miguel Luis Amunátegui decretada por el Alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, tras el siniestro de la madrugada del sábado anterior cuando el establecimiento permanecía tomado por estudiantes.
Acá puedes ver y descargar este documento:
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PROFESORES DE PUNTA ARENAS Y DIRECTORIO NACIONAL COORDINAN ACCIONES POR MOVILIZACIONES EN MAGALLANES
Docentes de la ciudad austral intercambiaron información, lineamientos y puntos de vista con la directiva del Magisterio a través de videoconferencia con el objetivo de coordinar acciones y potenciar la movilización que hace más de siete semanas busca soluciones a las millonarias deudas que afectan a los maestros puntarenenses por parte de la Municipalidad local.
«Es bueno el uso de la tecnología para la actividad gremial. En este caso, Punta Arenas es una comuna que está en un grave conflicto, hace siete semanas que están en movilizaciones los colegas y por supuesto, era muy importante poder coordinarnos y unificar visiones y criterios de acción», comentó Mario Aguilar, Presidente del Colegio de Profesores, luego del enlace virtual.
«Nosotros como Directorio Nacional hemos apoyado incondicionalmente las movilizaciones y hemos respetado todas y cada una de las decisiones de los colegas de base, y a pesar de la distancia, Punta Arenas es la comuna más alejada para nosotros como Directorio, la tecnología bien usada demostró ser un muy buen factor de acercamiento. Fue muy positiva la experiencia y yo creo que a futuro la vamos a ir repitiendo», agregó Aguilar.
Los maestros del extremo sur del país llevan casi dos meses de movilizaciones -que han incluido huelga de brazos caídos, marchas, cartas a autoridades y manifestaciones en el frontis de las escuelas de la comuna- luego que la Municipalidad local incumpliera el protocolo de acuerdo firmado en 2017. Hasta el día de hoy, el Municipio encabezado por Claudio Radonich no ha pagado las deudas.
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