En reunión del Magisterio con las Presidentas de las Comisiones de Educación del Senado y la Cámara de Diputados, Yasna Provoste y Cristina Girardi, respectivamente, hubo consenso en rechazar una eventual sentencia del Tribunal Constitucional que podría permitir el lucro en la Educación Superior. «El fin al lucro ha sido uno de los clamores del movimiento social, es una bofetada a la demanda de la ciudadanía que el TC, un tribunal absolutamente ilegítimo, se pretenda convertir en una tercera cámara legislativa», enfatizó Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de Chile.

La declaraciones del líder del profesorado se dieron en el marco del encuentro con las parlamentarias Provoste y Girardi, en el cual se avanzó en la interlocución entre el Legislativo y el gremio docente. La dirigencia del profesorado presentó las demandas pendientes del Colegio de Profesores a las parlamentarias: agobio laboral docente, educación estandarizada, condicionales laborales, escuela democrática, Deuda Histórica.

«Es nuestra tarea poder impulsar al máximo esos cambios que queremos, por eso nos interesa coordinarnos al máximo ambas cámaras, queremos hacer un trabajo conjunto, queremos hacerlo con los profesores y no de espaldas a los profesores», dijo la diputada Cristina Girardi al terminar la reunión.

«Nosotros señalamos hace unos días atrás que íbamos a dedicar buena parte de nuestro tiempo y nuestra energía a articularnos al interior de las fuerzas opositoras en el parlamento, pero también a articularnos con las organizaciones, los movimientos sociales, y hoy día es un ejemplo de aquello: hoy estamos escuchando los anhelos, las inquietudes, los desafíos que tiene el Magisterio en nuestro país, los temas que están pendientes. Y lo que hemos visto es una nutrida agenda del Colegio de Profesores, que nos han planteado con claridad sus temas», concluyó la senadora Yasna Provoste.

El paro comenzó el 13 de marzo tras la negativa del sostenedor a pactar un aumento fijo de salarios. Desde el sindicato acusan escasa inversión en el establecimiento de parte de la fundación que lidera este proyecto. “Las salas están pasadas a orina, porque sólo compran un trapero mensual para el aseo diario de más de 20 aulas”, denuncia una de las profesionales movilizadas que pidió mantener el anonimato.

Con la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión (Ley 20.845 sobre lucro, copago y selección), el Colegio San Diego de Conchalí, uno de los particulares subvencionados más grandes esa comuna, cambió su administración desde una sociedad anónima a una fundación que mantuvo el mismo nombre. Con esta norma, las fundaciones no pueden obtener utilidades, lo que implica a la vez que los trabajadores no percibirán gratificaciones, por eso, el sindicato en huelga exige un monto fijo de alza de salarios.

“Pedimos bono de término de conflicto, reajuste real de sueldos y monto garantizado anual de aumento. En el último punto no hay acuerdo porque el sostenedor dice que no puede acceder al monto que estamos exigiendo. No es posible tener gratificaciones y ya bajamos nuestras pretensiones, no vamos a ceder”, sostiene la profesional del sindicato que agrupa a profesores, educadoras, administrativos y auxiliares.

El Colegio San Diego de Conchalí suma cerca de 1300 estudiantes matriculados. Por Ley de Inclusión, el sostenedor puede mantener por 6 años el copago, que en este caso se aproxima a 35 mil pesos mensuales, además de recibir los recursos económicos que aporta el Estado por cada alumno. El sindicato acusa escasa inversión en el establecimiento desde el deterioro de la infraestructura hasta el deficiente mantenimiento del aseo. “No pintan las salas, el colegio se está deteriorando. El sostenedor apenas compra un trapero para limpiar más de 20 salas” asegura la profesional en huelga.