Así reacciona Carlos Díaz Marchant, Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, ante la noticia publicada por Resumen.cl que da cuenta que la Municipalidad de Curacautín tiene contratado como docente encargado de la Escuela Rural Collico a Juan Carlos Burgos Belauzarán, quien fue condenado por los Tribunales de Justicia en el marco de los juicios a los autores de la represión entre septiembre y noviembre de 1973 en Santa Bárbara y Quilaco, la que dejó una treintena de víctimas.

«Esta situación violenta profundamente la justicia mínima que merecen los familiares de las víctimas y la sociedad entera ante los crímenes de lesa humanidad producidos después del Golpe de Estado de 1973. Lo decimos con toda claridad: en las escuelas no hay ni deben haber espacios para los violadores de Derechos Humanos», plantea el Presidente del Magisterio.

Por su parte, la encargada del Departamento de Derechos Humanos del gremio docente, Paulina Cartagena, expresa que «Creemos que el Departamento de Educación de la comuna tiene que entregar todos los elementos que indiquen por qué esta persona que cometió delitos tan graves hoy día precisamente esté a cargo y sea responsable de un espacio que es todo lo contrario: todas las escuelas del país y liceos de Chile tienen que ser espacios democráticos en torno a la valoración y al respeto de los derechos humanos, donde se promueva la participación, donde sea cobijada la no-discriminación y la erradicación de los discursos de odio».

«Creemos, como Colegio de Profesoras y Profesores que esto se tiene que investigar, que esta persona tiene que salir de su responsabilidad, que no puede estar a cargo de una escuela, que su condena debe, precisamente, inhabilitarlo para que esto nunca más en Chile vuelva a ocurrir», concluye la dirigenta Cartagena.

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