COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA OFICIÓ A LA CONTRALORÍA POR DESPIDO DE PRESIDENTE DEL COMUNAL PUNITAQUI DEL MAGISTERIO
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados remitió a la Contraloría General de la República un oficio requiriendo información del caso de Marco Polo Álvarez, Presidente del Comunal Punitaqui del gremio docente cuya contrata no le fue renovada pese a su fuero gremial. «Nos preocupa que los sostenedores tengan la idea de que aún con fuero podrían sacar de sus funciones y trabajos a los dirigentes», plantea Mónica Arce, diputada impulsora de la medida fiscalizadora.
El caso del dirigente local del profesorado se remonta a fines de Noviembre de 2021, fecha en la cual la Municipalidad de Punitaqui le notificó el término de su contrato en calidad de «contrata», lo que vulnera su fuero gremial. «Nosotros nos reunimos varias veces con la Municipalidad para intentar resolver esto, pero nunca se concretó nada y creemos que fue para esperar que se vencieran los plazos, en una clara práctica antisindical que se suma a otras por parte del Alcalde Carlos Araya», señala Marco Polo Álvarez, Presidente del Comunal Punitaqui del gremio docente.
Por su parte, la diputada Arce agrega: «El Colegio de Profesores ha oficiado a la Municipalidad y a la Contraloría, nosotros le hemos consultado también a esa entidad, pero no hemos tenido respuesta. Por ello, tomamos la decisión de finalmente oficiar a la Contraloría desde la Comisión de Educación de la Cámara, entendiendo que el profesor fue despedido estando con fuero sindical y sin haber una investigación anterior, lo que nos preocupa como práctica antisindical y por eso queremos que la situación se resuelva, porque lleva muchos meses y aún no tenemos una respuesta significativa».
El envío del oficio de fiscalización se suma a una serie de gestiones que ha desarrollado el Magisterio para revertir la medida que afecta al dirigente gremial, bajo la premisa de que un despido a un dirigente con fuero es, ante todo, una práctica que atenta contra la organización sindical y gremial del profesorado. A su vez, el dirigente gremial ha recibido el apoyo de distintos parlamentarios de la zona, que ven con preocupación la situación que afecta a la organización docente en Punitaqui.
«Haber enviado el oficio por medio de la Comisión y, por lo tanto, con la firma de los demás diputados, tendría que tener mayor peso, mayor incidencia y mayor presión y nosotros esperamos que dentro de las próximas semanas tengamos algún pronunciamiento de si avanzó o no la investigación en torno al caso del profesor Álvarez», concluye la diputada Mónica Arce, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara Baja.
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