El estudio del CEP buscó identificar los principales problemas en los Servicios Locales de Educación Pública, SLEP, como un insumo para abrir la discusión sobre mejoras a la ley de Nueva Educación Pública. Documento que toma como base la información generada en las auditorías realizadas por Contraloría, en los informes del Consejo de Evaluación de los SLEP desde 2018 a 2022 y del debate legislativo que dio origen a la nueva regulación.
A partir de ese análisis, el CEP detalla seis grandes fallas del sistema que son necesarias de corregir: el diseño de la política, la gestión pedagógica, la gestión de la infraestructura, el equipamiento y de los recursos educativos, la administración financiera, la gestión del personal y la participación y vinculación con las comunidades educativas.
La gestión pedagógica es quizás una de las deficiencias más preocupantes. La burocracia y los desafíos administrativos han dejado atrás la planificación, ejecución y evaluación del proceso educativo en las salas de clase. “Un aspecto preocupante es que la carga administrativa excesiva parece ser un obstáculo, especialmente para los jefes de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógica (UATP)”, explica el informe, que de todas formas señala que en las últimas evaluaciones se ven ciertas mejoras en estos temas.
La infraestructura, uno de los puntos fuertes levantados por los docentes de Atacama, sigue siendo un obstáculo para la educación de calidad. La burocracia de los presupuestos y en la toma de decisiones impide avanzar de manera rápida en las urgencias de equipamiento que tienen las escuelas. Pero también se observan problemas heredados de la administración municipal que, indica el informe, deben ser considerados un desafío de Estado para disminuir las barreras en la puesta en marcha de cada SLEP.
Las falencias referidas a los recursos financieros se evidencian en la sobredotación, burocracia y rigidez para administrar los presupuestos. El CEP cita un estudio de la consultora ClioDinámica, que ya en 2021 detectó una exceso de funcionarios traspasados desde los municipios a los nuevos servicios “lo que resulta financieramente insostenible”.
Respecto a la gestión de personal, el estudio deja en evidencia las dificultades para atraer personas preparadas para dirigir los SLEP, principalmente en las regiones más remotas. Y también irregularidades en los concursos públicos que han salido a la luz como el caso del SLEP de Magallanes, donde el sindicato de trabajadores de la corporación municipal de Punta Arenas denunció una serie de anomalías en el proceso de selección del personal administrativo.
Como último punto, el documento detalla que los mecanismos de participación que incluyó la ley de Nueva Educación Pública –los comités directivos, integrados por padres, municipio y gobierno regional; y los Consejos de Educación Pública, que incluye a miembros de la comunidad educativa–, no se han formado dentro de los plazos establecidos y que existen dudas sobre la efectividad de su rol.
Fuentes: Centro de Estudios Públicos, CEP; y El País.
