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Una de las cadenas que la Dictadura Cívico-Militar dejó en Chile son las Corporaciones Municipales de Educación. Personas jurídicas que, aunque desempeñan funciones públicas, sus gastos no son contabilizados en la Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación, convirtiéndolas en el verdadero saco roto del Estado; de ello dan cuenta las innumerables denuncias que ha realizado el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile sobre desvíos de fondos que se han traducido en incumplimientos de derechos laborales contra las y los funcionarios de la educación, que mes a mes esperan que se les pague completamente sus sueldos e imposiciones.

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN ES UNA CAJA PAGADORA

A fines del año pasado el Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se sentó en la mesa con los dirigentes(as) de distintas comunas de la Isla Grande de Chiloé afectados severamente por la apropiación indebida por parte de los municipios de recursos destinados a educación. En la ocasión, Ávila escuchó atentamente los testimonios de los trabajadores: retenciones de sueldos por conceptos de pagos previsionales que nunca fueron cancelados por el empleador, sueldos impagos, despidos injustificados y reducción de horas laborales, fueron algunas de las problemáticas que necesitaban urgente solución, sin embargo, bajo el actual sistema poco y nada se puede hacer

¿Porqué?

«Bajo el actual sistema, el Ministerio de Educación es una caja pagadora, solamente entrega recursos y la verdad que tiene muy pocas posibilidades reales, en función de la ley, de fiscalizar cómo se llevan adelante los pagos. Este es el modelo heredado y que está vigente en la actual Constitución. Entonces no tan sólo este ministerio sino que todos los ministerios que hemos tenido no han podido fiscalizar a las corporaciones municipales entonces, éstas desvían recursos sobre todo para pagar favores luego de sus respectivas campañas políticas», respondió el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Carlos Díaz Marchant.

Testimonio de ello es lo que sucede actualmente en Penco, Región del Biobío, donde los gremios de educación iniciaron un proceso de recolección de datos e información a través de las distintas reparticiones municipales para investigar una presunta malversación de recursos de educación con fines políticos por parte del alcalde Víctor Hugo Figueroa. Fiscalización autogestionada, cuyos  antecedentes hoy se encuentran en manos de la Contraloría General de la República. «Estas acciones han generado un millonario déficit financiero que ha significado la desvinculación de funcionarios y funcionarias, además de la disminución de transporte escolar para los estudiantes y la disminución de materiales educativos, insumos y personal de apoyo», afirmaron los gremios en un comunicado público.

Mientras que en el extremo sur del país, este lunes 13 de marzo los profesores y asistentes de la comuna de Punta Arenas sólo recibieron el 25% de las imposiciones que se les debe de sus sueldos. Ante lo cual la Corporación Municipal señaló que esta situación se debe por la falta de fondos municipales, déficit que todos los meses llega a 820 millones de pesos. «Podríamos hacer un listado de todas las comunas en que en estos momentos está pasando lo mismo, es por eso que la única solución es desmunicipalizar la educación, es decir, que la educación vuelva a ser administrada por el Estado, y donde el Ministerio de Educación pueda fiscalizar, controlar y supervisar a los establecimientos educacionales, garantizando así una educación digna sin la vulneración de derechos fundamentales», finalizó Diaz Marchant.

En estado de alerta se encuentra el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile y la Municipalidad de Hualpén ante un nuevo cuadro masivo de intoxicación que afecto a las comunidades educativas aledañas a la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP. Caso que se suma a otros cuadros similares que se han generado otros puntos del país, como el del Liceo Reino de Dinamarca de Maipú, y que han generado repercusiones a nivel gubernamental.

En imágenes difundidas por el municipio se pueden visualizar la gran columna de humo negro que emana de la refinería pero no es sólo humano sino que también gas, que generan mareos, vómitos y dolor de cabeza en niñas, niños y adolescente que llegan recurrentemente a los centros asistenciales de emergencia. Al respecto, el edil de Hualpén señaló: «Están quemando y tirando al aire un sin fin de contaminantes que no tenemos idea. Este tipo de emergencias han pasado dos o tres veces durante este año, la responsabilidad es tanto de la empresa como del Estado de Chile».

Por su parte, el presidente del Magisterio afirmó: «Hasta cuándo vamos a aguantar que las comunidades educativas paguen los costos del impacto que tienen grandes empresas en el medio ambiente. El acceso a la educación y vivir en un ambiente libre de contaminación son derechos fundamentales, hasta cuándo vamos a esperar a que el Estado se haga cargo verdaderamente de efectivas fiscalización y tome medidas de mitigación para terminar con estas situaciones que lamentablemente repercuten en la educación de nuestros estudiantes».

Por su parte la ENAP emitió un comunicado bajándole el perfil al caso: «Tal como informamos el día lunes, este tipo de procesos de partida o detención de nuestras plantas, pueden generar olores, ruidos o llama más visible de manera puntual y por un tiempo acotado. Nuestra personal de ha desplegado en terreno. Lamentamos las molestias que esto pueda ocasionar en nuestros vecinos/as».

Antes del altercado del Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y la diputada Viviana Delgado, que terminó con ésta última en la enfermería de la Cámara de Diputados tras sufrir una descompensación, el caso del Liceo Reino de Dinamarca de Maipú denunciado por el Magisterio y su comunidad educativa era considerado por pocos medios nacionales como noticia, sin embargo, tras la polémica la cobertura aumento. Es que al parecer en Chile que más de 600 estudiantes severamente afectados por la contaminación de una empresa privada no tiene el suficiente peso mediático para convertirse en noticia. Una normalización estructural de la vulneración de un derecho fundamental que el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile no está dispuesto a tolerar.

«No basta con que el Ministro y el Alcalde organicen inauguraciones del año escolar para atraer a la atención de los medios de comunicación, hacer los típicos puntos de prensa y mostrarse como figuras públicas en un colegio inserto en un sector sin mayores problemas aparentes, en los que se puede hacer discursos de lugares comunes, obviando la problemática ambiental que sufre la comunidad del Liceo Reino de Dinamarca (…). El Señor Ministro debe comprender que su función es velar por el normal funcionamiento de cada una de las escuelas del país y que no existen centros educativos de primera y segunda categoría. Su rol es cautelar por la seguridad de todas las comunidades educativas que están bajo su supervisión. El derecho a la educación sebe estar garantizado por el Estado y su figura es encargada que esto se cumpla», afirmó, a través de un comunicado de prensa, el comunal Maipú del Magisterio.

Cabe recordar que la Rinconada Rural de Maipú es un territorio que concentra una gran cantidad de actividades contaminantes: un relleno sanitario, que recibe los desechos sólidos domiciliarios de nueve comunas; tres plantas de tratamiento de aguas servidas, que sanean el 100% de las aguas del Gran Santiago; una serie de empresas extractoras de áridos y movimientos de áridos en las riberas del río Mapocho, entre ellas Minera Imperial. Empresa que además, ha sido sancionada en varias oportunidades por la Municipalidad de Maipú por una serie de infracciones que incluyen el rompimientos de napas subterráneas, filtraciones de minerales hacia aguas de uso agrícolas y violación de clausura de acuerdo a un decreto alcaldicio.

Impunidad que se ha traducido en la vulneración de derechos fundamentales, como es el derecho al acceso a la educación y a vivir en un ambiente libre de contaminación. Situación que se multiplica a lo largo y ancho del país debido a que los sectores de más bajos recursos han sido utilizados por el Estado como el centro de desperdicios de las zonas urbanas y con mayor poder adquisitivo. Muestra de ello, es que durante la última década se han registrado crisis medioambientales tales como la masiva intoxicación de la comunidad de Quintero y Puchuncaví o la extrema escasez hídrica que viven los habitantes de Petorca. En ambos casos, la Corte Suprema ha reconocido el incumplimiento de deberes por parte del Estado y las respectivas instituciones en torno a materia medioambiental.

En ese contexto que el comunal Maipú termina su misiva entregando su completa solidaridad a los pobladores del sector El Maitén de Rinconada, considerada por las autoridades como el patio trasero de la comuna, afectado severamente la calidad de vida de sus habitantes. Por en tanto, hoy jueves, se espera una reunión entre el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, la comunidad escolar del liceo y los seremis de Salud, Educación, Medio Ambiente y Minería de la Región Metropolitana, para acordar acciones en contra de la faena minera. La gestión de Vodanovic busca paralizar las actividades de la empresa para reanudar pronto las clases en el colegio, lo que no se hará si la operación sigue.

A continuación, el comunicado del Comunal Maipú del Magisterio