Intensas movilizaciones lideradas por las comunidades educativas de Cabrero han sacado a la luz una realidad que la Corporación Municipal de Salud y Educación ha tratado de mantener debajo de la alfombra. Hoy son los propios estudiantes los que a través de los testimonios revelan lo que viven día a día.
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Se imaginan estar dictando clases y que de un momento a otro explote el proyector. Bueno eso es lo que ocurrió en el Liceo Manuel Arístides Zañartu en dos oportunidades. Establecimiento educacional de la comuna de Cabrero, Región del Biobío, que hoy para sus habitantes es el principal espacio de lucha por educación digna.
Lo cierto es que la crisis no tan sólo se manifiesta en las paupérrimas condiciones estructurales que ya ni siquiera soportan las precipitaciones habituales en la localidad, sino que también en una serie de irregularidades financieras de las que dio cuenta el concejal Mauricio Rodríguez a través de sus redes sociales: «La pérdida de más de 500 millones bajo la actual administración municipal está provocando una crisis nunca antes vista en la educación municipal de la comuna».
Déficit presupuestario ante el cual un grupo de concejales solicitaron el martes 14 de marzo un pronunciamiento a la Contraloría General de la República en Concepción el que aún no ha tenido respuesta. Escenario que ha llevado a tres instituciones educativas a manifestarse y paralizar sus actividades.
Al respecto, Catherine Martínez, alumna del cuarto año medio A del Liceo Manuel Arístides Zañartu, le señaló al diario La Tribuna: «Personalmente encuentro que esto es muy injusto, quiero estudiar pedagogía y siento que los municipios deberían ocuparse de lo que realmente está pasando en la educación pública. Por eso no vamos a dar nuestro brazo a torcer, porque no estamos dispuestos a tener una educación mediocre y de mala calidad, ya que la educación pública se merece un respeto», cerró la estudiante.
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Una cuantiosa deuda mantiene la Corporación Municipal de Educación y Salud de San José de Maipo con sus trabajadores que no han recibido el pago de sus cotizaciones. Asistentes de la educación y profesores que se enteraron de manera anónima que para resarcir dicha situación, la entidad municipal pretendía despedir docentes y cerrar dos establecimientos educacionales para así cubrir su «crisis financiera».
Situación que indigno a las comunidades educativas que decidieron paralizar sus funciones, considerando además las paupérrimas condiciones en las que mantiene sumida la Corporación a las escuelas de esta localidad cordillera de la capital del país: «Nosotros no tenemos nuestras cotizaciones pagadas, nuestra salud pagada pero además en las escuelas, no hay insumos como: confort, cloro y hojas para imprimir», afirmó Oriana Donoso del Sindicato de Profesoras y Profesores de San José de Maipo.
Docentes que le entregaron una serie de exigencias al municipio de las cuales ya recibieron respuesta, la que esta siendo analizada hoy en una asamblea: «Entendemos que no estar en clases es un perjuicio pero es la única para que se agilicen cuestiones tan importantes como el pago de nuestra cotizaciones. Por eso revisaremos la repuesta del empleador y desde ese punto vamos a ir negociando la vuelta a clases con nuestros estudiantes», agregó Álvaro Galáz del Sindicato de Profesoras y Profesores de San José de Maipo.
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Hace breves minutos concluyó la Asamblea Comunal de Paillaco en la que participó el Dirigente Nacional Carlos Ojeda, en la cual se abordaron diversos temas, pero en especial se revisó la preocupante situación de próximo traspaso de la comuna a un nuevo Servicio Local de Educación Pública. La posición de Paillaco es clara: hay que volver directamente al Estado, sin pasar por los SLEP y sus malos resultados.
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La comunidad Curamávida de Santa Juana, región del Biobío, recibió la ayuda de docentes quienes llegaron con sus propias herramientas y desde comunas lejanas para ayudar a levantar la Escuela Rural G 717 que se vio afectada tras los graves incendios forestales que afectaron a la zona sur del país en febrero pasado.
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Después de un mes de paralización de actividades, las y los funcionarios de la educación de esta comuna del Archipiélago de Chiloé decidieron volver a sus establecimientos y reanudar sus labores, tras haber firmado un acuerdo con el alcalde René Garcés en el que se estipula que se resarcirán las deudas crediticias y previsionales que afectan a docentes y asistentes de la educación.
En ese contexto, el presidente del comunal Quinchao del Magisterio, Patricio Núñez, afirmó: «Ayer llevamos a votación las propuestas establecidas y acordadas con el sostenedor y aunque las unidades educativas volvieron a clases seguimos atentos y nosotros como dirigentes seremos fiscalizadores de que los puntos establecidos se vayan cumpliendo en los tiempos acordados», cerró el dirigente.
Cabe recordar, que la mayoría de las comunas de Chiloé están pasando por la misma situación, incluso en el caso de Ancud a las y los profesores se les adeuda el 48% de sus sueldos. Situación que ha llevado a las y los dirigentes del Magisterio, encabezados por su presidente nacional, Carlos Díaz Marchant, a emplazar al Ministro de Educación y al Presidente Gabriel Boric para que tomen cartas en el asunto pero hasta ahora no hay señales de una solución efectiva y permanente a estas sistemáticas vulneraciones de los derechos laborales de estos docentes del sur del país.
A continuación, el acuerdo firmado ayer 10 de mayo:
Acuerdo firmado_compressedPuede ver y descargar este documento también AQUÍ
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El programa «Los Desinformadores» realizó una entrevista a Carlos Díaz Marchant respecto al estado de alerta en el que se encuentra la educación en todo Chile y que la mayoría republicana para el Consejo Constitucional profundice la lógica de mercado en la educación.
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Así reacciona Carlos Díaz Marchant, Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, ante la noticia publicada por Resumen.cl que da cuenta que la Municipalidad de Curacautín tiene contratado como docente encargado de la Escuela Rural Collico a Juan Carlos Burgos Belauzarán, quien fue condenado por los Tribunales de Justicia en el marco de los juicios a los autores de la represión entre septiembre y noviembre de 1973 en Santa Bárbara y Quilaco, la que dejó una treintena de víctimas.
«Esta situación violenta profundamente la justicia mínima que merecen los familiares de las víctimas y la sociedad entera ante los crímenes de lesa humanidad producidos después del Golpe de Estado de 1973. Lo decimos con toda claridad: en las escuelas no hay ni deben haber espacios para los violadores de Derechos Humanos», plantea el Presidente del Magisterio.
Por su parte, la encargada del Departamento de Derechos Humanos del gremio docente, Paulina Cartagena, expresa que «Creemos que el Departamento de Educación de la comuna tiene que entregar todos los elementos que indiquen por qué esta persona que cometió delitos tan graves hoy día precisamente esté a cargo y sea responsable de un espacio que es todo lo contrario: todas las escuelas del país y liceos de Chile tienen que ser espacios democráticos en torno a la valoración y al respeto de los derechos humanos, donde se promueva la participación, donde sea cobijada la no-discriminación y la erradicación de los discursos de odio».
«Creemos, como Colegio de Profesoras y Profesores que esto se tiene que investigar, que esta persona tiene que salir de su responsabilidad, que no puede estar a cargo de una escuela, que su condena debe, precisamente, inhabilitarlo para que esto nunca más en Chile vuelva a ocurrir», concluye la dirigenta Cartagena.
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Luego de los graves incendios que afectaron a la zona sur del país, la comunidad de Santa Juana, Región del Biobío, aún continúa levantado espacios que son piezas claves para ellos, como: la Escuela Rural G 717 de Curamávida. Historias de resistencia y compromiso que movilizaron a los docentes de más de 8 comunas de la Región y al presidente del Magisterio, Carlos Díaz Marchant, a realizar trabajos voluntarios.
PROFESORADO EN ACCIÓN
Güantes, palas, pintura, brochas y muchas ganas fueron las principales herramientas que llevaron los docentes hasta la Escuela Rural G 717, donde lo esperaba un rico desayuno preparado por la comunidad educativa, quienes vieron con esperanza la visita de estos educadores que fueron con el claro objetivo de llenar nuevamente de color y vida el patio, las canchas y los juegos infantiles.
Pasando las horas el trabajo comenzó a dar frutos y se comenzó a trabajar en un cortafuegos en el perímetro de la escuelita que hoy también acoge al único profesor y a los estudiantes de la escuela del Sector de La Huerta que desapareció entre las llamas. «Todos quedamos felices de haber podido aportar y ver el antes y el después luego de los trabajos realizados. Se cumplieron con todos los objetivos y más de los que habíamos propuesto, incluso pensando en nuevas fechas para continuar hermoseando esta escuelita», afirmó Yaneth Seguel, presidenta del comunal Santa Juana del Magisterio.
«Agradecemos a todos los colegas que vinieron de tan lejos, a esos 40 profesoras y profesores que se dieron el tiempo de transformar este espacio y al Regional Biobío de nuestra organización por comprar la alimentación y todos los insumos que se necesitaban para desarrollar la actividad», cerró la dirigenta del gremio docente.
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Hasta el Congreso Nacional en Valparaíso llegaron dirigentes de la Educación de Chiloé para exponer la grave crisis que se vive en el archipiélago, que incluye sueldos y cotizaciones previsionales impagas en diversas comunas de la Provincia que afectan directamente a trabajadores educativos.
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