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Tras largos meses sin bajar los brazos, las luchas de las y los profesores de Tiltil y del Liceo Camilo Henríquez de Temuco sin duda marcaron un hito en la pauta docente nacional. Es que no fue fácil, mientras los primeros agotaban todos los recursos para que se le fueran pagadas sus cotizaciones adeudadas desde el año 2017, los segundos se enfrentaban al hostigamiento y la hostilidad de un empleador -Corporación Educacional El Bosque- que se negaba a reconocer su derecho laboral a una negociación colectiva. A continuación, un resumen de dichas contiendas.

«La lucha de Tiltil es para que a ningún otro trabajador en Chile se le vulnere su derecho a la seguridad social», profesora Alejandra Arévalo. 

Desde que salieron en vivo en un programa de la televisión abierta, las y los profesores de Titil pusieron en la palestra a nivel nacional un tema que no solo los afectaba a ellos, sino que también a otros trabajadores del país: imposiciones que son descontadas de las planillas de sueldo pero que no llegan nunca a las arcas de las instituciones encargadas de la seguridad social. En el caso puntual de esta localidad ubicada al norte de Santiago, la Corporación Municipal les adeudaba a cerca de 300 funcionarios cuatro años de cotizaciones (cerca de 5 mil millones de pesos).

Tres meses de paro, manifestaciones, reuniones con las autoridades pertinentes, asistencia a la Comisión de Educación y del Trabajo e incluso la intervención en la Convención Constitucional, marcaron la hoja de ruta de su movilización que llegó a su fin este martes tras llegar a un acuerdo con el subsecretario de Educación, quien se comprometió a que en tres semanas iba a cumplir el petitorio de los trabajadores, que es pagar un tercio de la deuda de manera directa. mientras que el resto del déficit será retribuido por la nueva administración municipal. Para Alejandra Arévalo, presidenta del sindicato de las y los profesores de Tiltil, la lucha que se llevo a cabo en su localidad es para que a ningún otro trabajador en Chile se le vulnere su derecho a la seguridad social: «Aunque volvimos a clases, la lucha para nosotros aún continúa, hasta que por Ley ningún otro empleador se atreva a hacer con un trabajador lo que hicieron con nosotros».

«La unidad y la convicción de nuestros derechos laborales hicieron que nuestro grupo permaneciera siempre unido», profesor Eugenio López. 

158 días de huelga, 158 días sin percibir sueldo es lo que tuvieron que resistir las y los trabajadores del Liceo Camilo Henríquez de Temuco para hacerle frente a las prácticas desleales en el procedimiento de negociación colectiva con su sostenedor, la Corporación Educacional El Bosque. «La unidad y la convicción de nuestros derechos laborales hicieron que nuestro grupo permaneciera siempre unido, porque estar más de 5 meses paralizados no se lo doy a nadie, pues la huelga es un recurso que más bien maltrata al trabajador pero no al empleador, sin embargo, el beneficio era mayor, era firmar un contrato colectivo que desde el inicio se nos había negado», enfatizó el profesor Eugenio López, presidente del sindicato del Liceo.

De hecho, gracias a la movilización y la presentación de una demanda contra la Corporación, el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, condenó en un primer fallo a la Corporación Educacional el Bosque, al pago de 2100 UTM, más de $100 millones de pesos por prácticas desleales en el procedimiento de negociación colectiva; y en un segundo fallo al pago de 160 millones de pesos por incumplimiento de contrato colectivo con el sindicato, mientras estuvo suspendido por una orden judicial.

Dos historias, dos luchas que para estas trabajadoras y trabajadores debe continuar: ¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!

 

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Una de las principales preocupaciones del presidente nacional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Carlos Díaz Marchant, en su visita a las comunas de la Región de Atacama, fue conocer en terreno las realidades de las comunidades educativas locales. En este contexto, hoy mantuvo una reunión de carácter presencial con algunos de los 16 docentes que fueron desvinculados de las escuelas de la comuna de Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco por parte del Servicio Local de Educación Huasco, debido a los resultados de la Evaluación Docente.

En la ocasión, el presidente del Magisterio acompañado por el Alcalde de Huasco quien también es profesor, Genaro Briceño Tapia, le prestaron todo su apoyo a las y los profesores quienes les expusieron en detalle todas las aristas del caso. «La evaluación de estos colegas ha tenido una serie de irregularidades que ya se las hemos planteado a la autoridad competente, por otro lado estamos gestionando con distintas autoridades del Senado para dejar sin efecto estos despidos porque además, no se han desarrollado los planes de superación que aparece expresado en la Ley y que debieran haberse implementado en su momento cuestión que el Ministerio de Educación jamás hizo», agregó Díaz Marchant.

Recordemos que hace un mes, este grupo de docentes se manifestó en la comuna de Huasco, el mitin fue cubierto por algunos medios locales, entre ellos «El Noticiero del Huasco» quien público algunas de sus declaraciones: “Es una situación inaceptable y con la falta de docentes que hay. Tenemos dos profesores con licencia psiquiátrica y no han mandado ni un reemplazo, y ahora van a sacar tres profesores y ¿Cuándo llegarán los reemplazos? Van a perjudicar a los alumnos”, señaló el profesor Odín Pinar. Otra de las profesores desvinculadas, Rosa Farías, agregó que: “la evaluación docente no refleja la trayectoria y el trabajo, años de expertiz y capacitación que tenemos cada profesor. Es una ley que se hizo para fortalecer y apoyar, no para hacer punitiva. El castigo es peor que a un ladrón, cinco años sin poder trabajar”.

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133 días son los que llevan en huelga las y los profesores y trabajadores del Liceo Camilo Henríquez de Temuco; esto debido a que su sostenedor desde el año 2019, la «Corporación Educacional El Bosque», se niega a negociar colectivamente. Al respecto, la norma es clara, desde el año 2015, la Ley 20.845 estipula que el nuevo sostenedor de un establecimiento educacional deberá asumir su responsabilidad con sus trabajadores tanto con los contratos individuales como con los colectivos. Vulneración de derechos que ha golpeado la puerta del Congreso Nacional.

Fue la Comisión de Educación del Senado la que abrió la mesa al conflicto. El pasado 5 julio, Eugenio López, presidente del sindicato del Liceo Camilo Henríquez, puso sobre la mesa la postura de sus representados: «Estamos en pleno derecho al exigir una negociación colectiva, tal como lo estableció el Tribunal Constitucional. Los argumentos de la Corporación no son validos pues los recursos económicos están. Por lo demás hemos realizado un trabajo con la Superintendencia de Educación para ajustar nuestras pretensiones del proyecto de contrato colectivo a los fines educativos».

Es importante señalar que durante todo este tiempo los docentes y trabajadores en paro no han percibido sueldo. Al respecto López añadió: «Somos 60 trabajadores, de ellos 53 profesores, y los 7 compañeros son auxiliares, administrativos y para docentes, y todos comprenden bien la palabra que se llama dignidad. Nosotros teníamos un conjunto de derechos que habíamos firmado desde siempre, nuestro sindicato nació en 1989 en plena dictadura, por lo tanto es un sindicato que tiene trayectoria, tiene historia y siempre habíamos firmado contratos colectivos entonces eso es una cuestión de dignidad, la dignidad a llevado a que nosotros nos mantengamos en pie, a duras penas, pero de pie».

«Aquí lo único que se confirma es la tozudez de un sostenedor que no quiere sentarse a trabajar. Por lo demás jamás nos hemos sentado cara a cara, frente a frente a discutir artículo por artículo el proyecto de contrato colectivo y por tales motivos tienen a miles de estudiantes sin desarrollar sus horas de clases de manera completa»,  agregó López, quien además emplazó a los parlamentarios a que propicien que se respete el marco jurídico y con ello antes del 26 de julio, que se inicia el segundo semestre de clases, el conflicto quede solucionado y el sostenedor respete la Ley.

 

 

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A través de un punto de prensa, el Colegio de Profesores y Profesoras de Chile; CNAEP – CHILE Central Nacional de Asistentes de la Educación Pública; la Confederación Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación – SNTE Chile; y la CONAFUDAEM Coordinadora nacional de los funcionarios y funcionarias de los DAEM y Corporaciones fijaron posición sobre la continuidad e implementación de los 15 Servicios Locales presupuestados para enero de 2022. Según el presidente del Magisterio, Carlos Díaz Marchant, la aprobación en el año 2017 de la Ley 21.040, fue un duro golpe a la Educación Pública del país, pues luego de décadas de lucha por desmunicipalizar el sistema educativo y fortalecer la educación pública, se aprueba una ley que le da continuidad a las políticas del mercado de la educación y la precarización de esta.

Precarización que se extiende a las y los trabajadores de la educación, así lo expresó Christian Figueroa, Vocero Nacional de la CONADUDAEM: «De 12 mil trabajadoras y trabajadores 11 mil se van a la calle, un 92% de trabajadoras y trabajadores que ejercen en las administraciones centrales están quedando fuera de los traspasos a los servicios locales; si a esto le sumamos la pandemia y la cesantía, estamos hablando de una masacre laboral. Si éste no es suficiente argumento para detener y postergar la instalación de está Ley tenemos profundas diferencias morales».

Para las y los dirigentes, el tema de fondo es la forma en cómo se está financiando la educación pública, sobre ese punto profundizó Clarisa Seco, presidenta de la Confederación de Jardines VTF: «El traspaso a los Servicios Locales ha sido tremendamente precario, en los jardines infantiles la asistencia de nuestro párvulos no es obligatoria, por lo tanto la subvención que llega vía baucher es insuficiente para esta implementación. Otra cuestión que es fundamental mejorar, son los beneficios y derechos que tienen las trabajadoras, que han sido marginadas por ejemplo en los beneficios del reajuste del sector público «.

El presidente de la CNAEP – CHILE, Enrique Dayne señaló que también se le entregó una carta al Presidente de la República pidiendo la detención de los Servicios Locales de Educación y también han apoyado públicamente a los diputados que han solicitado lo mismo. Al finalizar el punto de prensa, Michael Humaña, presidente de la Confederación SNTE Chile, recalcó que desde el año 2020 se viene solicitando esta suspensión de la Ley, pues ésta no consideró las demandas históricas del mundo de la educación de devolver las escuelas al Estado: «Estamos de acuerdo con desmunicipalizar pero la demunicipalización no puede ser con despidos, faltando al derecho de las y los trabajadores, éstos deben volver a ser funcionarios públicos y con contratos estables por lo que tenemos toda la confianza de que la Convención Constitucional tendrá el deber y la gran tarea de devolverle ese derecho al pueblo chileno, devolver la educación a la administración del Estado».

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La crisis socio-sanitaria producida por la pandemia, la educación como eje central en la elaboración de la nueva Constitución y el agobio laboral que han tenido que enfrentar las y los docentes del país fueron los temas que marcaron la reunión que mantuvo la Federación de Sindicatos de Colegios Particulares, Fesicop, y la Directiva Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile. El encuentro, que fue valorado por ambas organizaciones, marca un precedente para las futuras acciones que se acordaron concretar y que van dirigidas a garantizar la educación como un derecho igualitario y no segregador.

Según datos del Centro de Estudios del Mineduc, luego que se promulgara la Ley de Inclusión, como la bautizó el gobierno de Michelle Bachelet, para terminar con el lucro, el copago y la selección en los establecimientos que recibían fondos públicos, en Chile se crearon más de 80 colegios particulares llegando a un total de 678 al año 2018. «Colegios de Élite» como los llamó, la académica e investigadora, Mónica Peña, quien considera que en un país altamente segregado como Chile, los colegios particulares son establecimientos educativos que no solo educan a quienes serán los encargados de tomar decisiones políticas, económicas y culturales del país, sino que además resguardan sus privilegios a través de diversos mecanismos que permiten mantener el status quo y cuidar el privilegio de clase social, de género y de raza. Bajo ese prospecto conversamos con el Presidente de Fesicop, René Larrondo, quien partió derribando el mito de que los docentes del sector particular pertenecen a una élite del trabajo remunerado docente y en sus palabras añadió: «a consecuencia de está absurda concepción se nos ha marginado por años de la discusión de la política educativa de nuestro país».

De ahí la relevancia de la reunión sostenida, según Larrondo: «No queremos estar marginados de la discusión de política educativa de nuestro país. Para eso se necesita reforzar la idea de que no existen diferencias medulares entre profesores de distintos colegios, considerando además que el sector privado está desregulado sin criterios mínimos que regulen la labor docente y de los y las asistentes de la educación. Por lo tanto, aspiramos a un estatuto docente único, a un sistema educativo principalmente público que ofrezca calidad, en todos sus niveles y que promueva la inclusión social dentro de una sociedad profundamente segregada. En ese sentido, la presencia privada debería ser minoritaria y con una regulación estatal que hoy no existe, definiendo criterios básicos para su funcionamiento, tales como heterogeneidad de la matrícula y participación de las comunidades escolares en las políticas públicas».

En ese mismo tenor, el Magisterio celebró la idea de realizar en conjunto un Congreso Nacional de Colegios Particulares que se enmarque en tres objetivos: reforzar la educación de calidad como un derecho igualitario y no segregador; trabajar hacia una negociación ramal que abarque las diferentes comunidades educativas: municipales, subvencionadas y particulares; y por último, ser un agente relevante dentro del proceso constituyente, considerando que 19 convencionales son profesoras y profesores, y que es el momento de incidir unificando criterios para que en las políticas públicas del Estado de Chile el derecho a la educación sea un eje central.

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