Según el registro del Colegio de Profesores, las agresiones contra los docentes aumentaron en un 500% en 2018, una cifra que preocupa al Magisterio y también a un grupo de diputados que ingresó un proyecto de ley que modifica la Ley General de Educación y que busca ampliar la protección de los integrantes de la comunidad escolar frente a los hechos de violencia.
Recientemente, el Profesor Fernando Torrealba sufrió una brutal agresión de parte de un apoderado en Chimbarongo, que lo dejó con un profunda herida en su cabeza y otras lesiones, y si bien el agresor fue imputado por la Fiscalía y el juez decretó una orden de de alejamiento del docente, lo cierto es que este hecho violento representa uno más de los que a diario se viven en distintas escuelas del país, pero no está contemplado en la Ley General de Educación porque este articulado sólo se refiere a actos vinculados a estudiantes.
“La Ley General de Educación habla de la necesidad de contar con protocolos y procedimientos en los casos que haya violencia al interior de los colegios y se refiere principalmente a los hechos cometidos por estudiantes, lo que hace este proyecto es ampliar ese rango de protección hacia los profesores y hacia la comunidad en general. Es un proyecto que nosotros apoyamos, porque estos hechos de violencia que están ocurriendo en los colegios no tan solo a nivel de estudiantes, sino también, a nivel de profesores que han sufrido violencia en forma explícita y directa”, puntualizó Hugo Gerter, Tercer Director Colegio de Profesores.
En julio en Cartagena, la profesora Patricia Sepúlveda fue golpeada a cuadras de su escuela por un alumno y su apoderado quienes la dejaron con diversas heridas y contusiones. En este caso existe una querella contra los responsables, pero también quedó marginado de las medidas que obliga la Ley General de Educación en la escuela donde se desempeña la docente de inglés.
El proyecto presentando por las diputadas Camila Vallejo, Camila Rojas y Cristina Girardi, entre otros, obliga a los colegios a contar con un control estadístico de las situaciones de violencia para permitir la evaluación anual de las medidas que se toman a través de los protocolos y los reglamentos internos. “Esto ayudaría para corregir los errores a la luz de los datos que arrojen estas estadísticas, porque se supone que al aplicar estas medidas en el tiempo deberían bajar los índices de violencia al interior de los colegios”, agregó Gerter.
El proyecto de ley que se encuentra en el primer trámite constitucional incorpora también la capacitación y preparación de los profesores y de la comunidad en general sobre los hechos de violencia. “En general, no hay una concepción muy definida de cómo opera la violencia en los colegios, de dónde surge y cómo opera por medio de distintas formas de expresión. El proyecto apunta a especializar a los profesores en la desactivación de estos impulsos de violencia. Para nosotros es un tema muy relevante y en el cual también podríamos aportar en la línea de capacitación si fuera necesario”, concluyó Hugo Gerter.
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