La Fiscalía Nacional Económica investiga los altos precios de los textos escolares que deben pagar las familias chilenas anualmente, que en algunos casos llegan a valores 30 veces mayor al que el Estado paga por los mismos libros que se entregan gratis en establecimientos municipales y particulares subvencionados. El Colegio de Profesores pide que se investigue la alta concentración del negocio editorial y a la vez, propone que se cree una editorial pública que elabore, imprima y venda los textos a todo el sistema escolar.
“Es preciso recordar que el sistema particular pagado en Chile corresponde sólo al 7% de la matricula y ese segmento está obligado a comprar textos en el sistema privado, es decir, el 93% de los estudiantes reciben textos gratuitos por parte del Estado. Sin embargo, el Estado paga 58 millones de dólares anuales, mientras las compras privadas pagan 64 millones de dólares, pese a que este segmento es menor en cantidad de estudiantes en el país. Eso explica en parte los altos precios”, apuntó Mario Aguilar, Presidente del gremio docente.
“Se sospecha que los 18 millones de libros que compra el Estado para entregar gratis, financian la impresión completa de los textos incluyendo los libros de los privados y por lo tanto, la venta a ellos es ganancia absoluta para la editorial. Es una subvención indirecta y por ello, el Estado debe intervenir ese mercado”, agregó Aguilar.
El 88% de textos escolares que el Estado licita se concentra en las empresas SM Chile (58%) y Editorial Santillana (30%), los restantes libros son adquiridos a la Editorial Crecer Pensando y a Ediciones Cal y Canto. “Esta alta concentración es un duopolio que explica el por qué las familias llegan a gastar hasta 200 mil pesos anuales en textos en compras escolares. A lo que hay que sumar las malas prácticas que existen en algunos colegios particulares subvencionados donde obligan y presionan a las familias a comprar esos textos privados, en circunstancias, que ellos cuentan con los que les entrega gratuitamente el Estado”, sostuvo el dirigente gremial.
En promedio, el Estado paga 1.500 pesos por texto mientras en las compras privadas ese valor llega a 36 mil pesos por el mismo libro. “Denunciamos el truco que existe de parte de las editoriales, quienes usan el pretexto de supuestas diferencias de contenidos año a año para justificar las alzas de precios, pero nosotros decimos que esos cambios no tienen ninguna significación desde el punto de vista pedagógico. El otro truco incluye guías dentro de los libros para que los estudiantes las rayen y dejen los textos inutilizables para el año siguiente. Instamos a que la Fiscalía Nacional Económica estudie además de la parte financiera el aspecto técnico pedagógico”, expresó el líder de los profesores.
A modo de propuesta, los profesores plantean una serie de medidas para impedir el negocio editorial en educación: se deben elaborar producciones editoriales con duración mínima de 5 años; establecer que ninguna editorial se puede adjudicar más allá del 20% de la venta que licita el Estado; prohibir la relación de las editoriales con establecimientos educacionales; elaborar ediciones sin formatos que inutilicen el libro; prohibir que los establecimientos que reciben aportes del Estado exijan libros distintos a los que reciben gratuitamente, y estudiar la creación una empresa estatal de impresión de textos escolares.
“Esto rompe el dogma neoliberal. Si existe una empresa estatal que imprima 18 millones de libros perfectamente se puede financiar y además al 7% restante de privados se le puede vender a precios mucho más económicos. Todos nos vamos a favorecer si eso ocurre y es probable que las empresas privadas al tener un competidor fuerte tendrían que bajar sus precios”, sentenció Aguilar.
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