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El edil Marcos López Rivera valoró las denuncias realizadas por el gremio docente a nivel nacional en demanda de una pronta solución a la grave emergencia sanitaria que enfrentan las comunidades educativas por la contaminación con gases explosivos, situación que llevó a suspender las actividades escolares tras una orden judicial. Desde el Magisterio respaldaron la solicitud del alcalde que apunta a fiscalizar a la empresa sanitaria Aguas Chañar S.A. por su responsabilidad en esta crisis.

El alcalde nortino demanda la intervención de las autoridades superiores del Estado y también de la empresa sanitaria. “Se requiere una auditoria mayor al sistema de alcantarillado de la ciudad, ya que estos problemas se produjeron después del aluvión de 2015 donde casi el 90% del alcantarillado resultó obstruido por lodo y por tanto, alguna secuela debe haber y se requiere que haya una intervención de otro nivel para investigar la causa de fondo de los problemas de emanación de gases. El Estado debe obligar a la empresa sanitaria a que realice esta auditoría mayor, porque hasta ahora el debate está entre el municipio y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, pero no ha habido ningún otro actor superior incorporado en la solución de este problema”, expresó la autoridad en la cita con los directivos gremiales.

En sólo dos semanas tres escuelas y un colegio de Copiapó suspendieron sus actividades por una orden de la Corte de Apelaciones local, que acogió un recurso de protección del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ante el peligro al que están expuesto estudiantes y profesores por la emanación de gases explosivos en sus recintos de formación. La autoridad municipal aseguró que realizó intervenciones y obras en las escuelas más críticas y sólo en algunos casos la solución entregó buenos resultados.

“Si en los colegios no se produce alimento y se trabaja con la caja caliente que se lleva desde afuera, eso va demostrar que no hay producción de gases sulfhídricos, por lo tanto, los gases contaminantes deberían provenir del sistema de alcantarillado público y eso demostraría que el problema no solo está en los establecimientos educacionales. No evadimos nuestra responsabilidad, pero no somos los responsables de todas las variables que producen este problema. Todo lo que hemos hecho ha sido sobre la base del ensayo y el error, porque de 11 escuelas en 7 ha funcionado la solución, lo que explica que en algunos casos hay contaminación fuera de los muros de los recintos educacionales”, detalló Marcos López.

Desde el gremio docente sostienen que el Estado no puede dar por resuelto el problema del aluvión en Copiapó, porque aún hay secuelas graves donde colegios están funcionando bajo gases explosivos según reconoce la Corte de Apelaciones.

“Entendemos que la solución de este problema supera al municipio por los recursos y facultades legales, por lo tanto, el Estado debe encarar a los privados como la empresa sanitaria de la región, que finalmente, debe asegurar que las alcantarillas y el agua, que los propios habitantes de la ciudad no consumen por su poca potabilidad, solucionen este problema. Resulta extraño que aún no se haya fiscalizado a esa empresa. Nosotros hemos colaborado en traer el problema a Santiago, porque si estos temas no están puestos en la prensa capitalina estas denuncias no existen”, apuntó Mario Aguilar, Presidente del Colegio de Profesores.

Ministra Marcela Cubillos expuso ante las comisiones unidas de Educación de la Cámara de Diputados y el Senado. El Magisterio y otros actores políticos y sociales se mostraron «frustrados» por la cuenta ministerial. «Teníamos la expectativa que hubiera un nivel de autocrítica, porque al haber autocrítica se puede corregir», manifestó Mario Aguilar, presidente del gremio docente.