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La crisis socio-sanitaria producida por la pandemia, la educación como eje central en la elaboración de la nueva Constitución y el agobio laboral que han tenido que enfrentar las y los docentes del país fueron los temas que marcaron la reunión que mantuvo la Federación de Sindicatos de Colegios Particulares, Fesicop, y la Directiva Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile. El encuentro, que fue valorado por ambas organizaciones, marca un precedente para las futuras acciones que se acordaron concretar y que van dirigidas a garantizar la educación como un derecho igualitario y no segregador.

Según datos del Centro de Estudios del Mineduc, luego que se promulgara la Ley de Inclusión, como la bautizó el gobierno de Michelle Bachelet, para terminar con el lucro, el copago y la selección en los establecimientos que recibían fondos públicos, en Chile se crearon más de 80 colegios particulares llegando a un total de 678 al año 2018. «Colegios de Élite» como los llamó, la académica e investigadora, Mónica Peña, quien considera que en un país altamente segregado como Chile, los colegios particulares son establecimientos educativos que no solo educan a quienes serán los encargados de tomar decisiones políticas, económicas y culturales del país, sino que además resguardan sus privilegios a través de diversos mecanismos que permiten mantener el status quo y cuidar el privilegio de clase social, de género y de raza. Bajo ese prospecto conversamos con el Presidente de Fesicop, René Larrondo, quien partió derribando el mito de que los docentes del sector particular pertenecen a una élite del trabajo remunerado docente y en sus palabras añadió: «a consecuencia de está absurda concepción se nos ha marginado por años de la discusión de la política educativa de nuestro país».

De ahí la relevancia de la reunión sostenida, según Larrondo: «No queremos estar marginados de la discusión de política educativa de nuestro país. Para eso se necesita reforzar la idea de que no existen diferencias medulares entre profesores de distintos colegios, considerando además que el sector privado está desregulado sin criterios mínimos que regulen la labor docente y de los y las asistentes de la educación. Por lo tanto, aspiramos a un estatuto docente único, a un sistema educativo principalmente público que ofrezca calidad, en todos sus niveles y que promueva la inclusión social dentro de una sociedad profundamente segregada. En ese sentido, la presencia privada debería ser minoritaria y con una regulación estatal que hoy no existe, definiendo criterios básicos para su funcionamiento, tales como heterogeneidad de la matrícula y participación de las comunidades escolares en las políticas públicas».

En ese mismo tenor, el Magisterio celebró la idea de realizar en conjunto un Congreso Nacional de Colegios Particulares que se enmarque en tres objetivos: reforzar la educación de calidad como un derecho igualitario y no segregador; trabajar hacia una negociación ramal que abarque las diferentes comunidades educativas: municipales, subvencionadas y particulares; y por último, ser un agente relevante dentro del proceso constituyente, considerando que 19 convencionales son profesoras y profesores, y que es el momento de incidir unificando criterios para que en las políticas públicas del Estado de Chile el derecho a la educación sea un eje central.