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La implementación de los Servicios Locales de Educación Pública en el territorio nacional no es solo un tema que preocupa al Colegio de Profesoras y Profesores de Chile. Hoy, las y los ediles pertenecientes  a la Asociación Chilena de Municipalidades, AChM, viajaron de distintos puntos del país para reunirse en Santiago y discutir las directrices que tomarán para suspender esta nueva modalidad de administración de la educación pública.

La Ley 21.040, vigente desde noviembre de 2017, establece la instalación de 70 SLEP, que reemplazan la función de los DAEM y del servicio educacional de las Corporaciones Municipales. Para, Carlos Cuadrado, presidente de la ACHM y alcalde de Huechuraba, en los 41 municipios que ya se ha instalado el modelo las deficiencias son evidentes: “Como municipios pedimos que se congele el proceso de desmunicipalización, para hacer un balance, evaluar el resultado de estos tres años, y luego continuar con las correcciones que requiera o buscar un sistema alternativo distinto, si es que esto no tiene buen puerto (…) Existen deficiencias estructurales en la ley, que significan un daño patrimonial para los municipios, un debilitamiento del proceso educativo, y un alejamiento a la fiscalización de los sostenedores, por lo tanto, se nos hace muy prudente evaluar el proceso, y solicitar las medidas necesarias, como en este caso, la congelación del proceso”.

En esa misma línea el presidente Nacional del Magisterio, Carlos Díaz Marchant, quien fue invitado a intervenir, señaló: «No podemos seguir avanzando con una Ley que deja al 92% de los funcionarios fuera del sistema. La situación de los SLEP para las y los profesores es una lucha nacional por eso nos hemos dado la tarea de visitar presencialmente los territorios, conversar con los docentes y autoridades locales, e incluso, hemos conseguido el apoyo de parlamentarios y parlamentarias tanto del oficialismo como de la oposición para suspender, pero el único que no ha da un paso hacia delante por el bien de todas las comunidades educativas es el Ministro de Educación».

En ese sentido, la alcaldesa de Puerto Natales, Antonieta Oyarzo, representante de la única municipalidad de Chile que no firmó el decreto de traspaso añadió que: «Nosotros coincidimos con la visión que tiene el Colegio de Profesores a nivel nacional, creemos que debe postergarse este traspaso y debe modificarse el contenido de la Ley y tener una modalidad que asegure la calidad de la educación pública y  las garantías laborales de las comunidades educativas».

Por su parte, Eliecer Chamorro Vargas, alcalde de Calama, tildó la situación de crítica puesto que desde su visión la Ley 21.040 ha sido un fracaso.

Hasta el Ministerio de Educación llegaron el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, la Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Mineduc, Andime, y la Federación Nacional de Trabajadores Públicos de la Educación, Fenaedup, para exigirle al Jefe de la Cartera, Raúl Figueroa, que cumpla con su rol y le exija la renuncia a la Seremi de Educación de Atacama, Silvia Álvarez, quien el pasado 11 de septiembre «celebró» a través de sus redes sociales un nuevo aniversario del Golpe de Estado de 1973.

«Feliz 11 de septiembre a todos los chilenos bien nacidos», fueron las palabras utilizadas por la Seremi, mensaje que inmediatamente causo repercusiones en la opinión pública. «Nosotros creemos que el mismo día en que se emitió este mensaje, el Ministro de Educación debió haber tomado cartas en el asunto. Estamos hablando de una fecha donde a pesar que han pasado 48 años  aún se recuerda porque significó la muerte y la persecución de miles de chilenas y chilenos y frente a esa realidad, el Ministro de Educación no se puede quedar con un silencio cómplice», enfatizó Carlos Díaz Marchant, presidente del Magisterio. Repudio que es compartido por el presidente nacional de Andime, Egidio Barrera: «Es un hecho de la más alta gravedad porque niega la masiva violación de Derechos Humanos que ocurrió en la dictadura y asimismo justifica la violencia política. Por tales motivos nos parece inaceptable tener una autoridad, quien también es educadora, que niegue, desinforme y confunda, respecto a la historia de nuestro país».

Luego de ser emplazada por la repercusión que tuvieron sus declaraciones, la Seremi se defendió apelando a su libertad de expresión y a las pocas horas, a través de un comunicado manifestó sus más sinceras disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos por sus dichos. Sin embargo, para las organizaciones presentes hoy en el Mineduc, las disculpas no bastan: «La libertad de expresión es un derecho inalienable que tenemos todos y todas, sin embargo, celebrar el exterminio a compatriotas, justificando con ello, torturas, desapariciones, secuestros y ejecuciones, no es otra cosa que apología al odio en contra de quienes tienen un pensamiento político distinto» (extracto de comunicado de prensa).