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Hasta Tierra del Fuego llegó Carlos Díaz Marchant, en el marco de la gira que realiza por la Región de Magallanes. En la ocasión pudo reunirse con docentes, concejales y el Alcalde de Porvenir, con quienes conversó de la preocupación transversal que afecta a todos los profesores de la zona: la instalación de los Servicios Locales de Educación, que el Magisterio exige se posterguen hasta que la Nueva Constitución esté promulgada y, con ella, se sienten las bases de un nuevo sistema educativo para el país.

La visita a la comuna capital de Tierra del Fuego se da en el marco de una gira por la Región, en la que el Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores ha conversado directamente con maestros de Puntar Arenas, Puerto Natales y, ahora, Porvenir, lo que se suma a una serie de visitas que ha realizado el líder del Magisterio a las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. El desplazamiento a regiones está pensado como manera de descentralizar la acción del gremio docente y apoyar al profesorado en sus demandas locales, lo cual continuará con una próxima visita a la Región de Atacama.

En el marco del Plan de Acción contra el Agobio Laboral, el Colegio de Profesoras y Profesores partirá la jornada del miércoles 9 de Junio con una intervención educativa junto a sus comunidades escolares reflexionando sobre las condiciones de trabajo y estudio que se viven en pandemia. Al mediodía se producirá un apagón de pantallas por 15 minutos y a las 20 hrs múltiples publicaciones en las redes darán cuenta de lo que viven estudiantes, asistentes y docentes con el hashtag #NOmásAgobioLaboral.

La iniciativa se enmarca en la serie de acciones que está realizando el gremio docente para exigir mejores condiciones que aseguren la salud mental de las comunidades educativas, fuertemente presionadas por el MINEDUC con trabajo burocrático y mediciones estandarizadas. En esa línea, el Magisterio exige la suspensión de la Evaluación Docente y el SIMCE 2021 y la aprobación de la Ley Contra el Agobio Laboral, que asegurará el derecho a desconexión, las pausas pedagógicas y el término de las labores burocráticas en educación.

Hoy fue la última audiencia pública del caso «profesores de Chañaral y otras municipalidades versus Chile» en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En la jornada se escucharon los alegatos finales de la demanda contra el Estado de Chile presentada por 848 profesores afectados por la deuda histórica a quienes no se les ha cumplido en su totalidad el pago por asignaciones remuneracionales ordenado en trece sentencias judiciales.

En la audiencia, uno de los abogados representante de los docentes afectados, Ciro Colombara, señaló que han pasado 30 años sin que el Estado se haga cargo de la causa, lo que ha provocado un daño tremendo porque más del 20% de los demandantes iniciales han fallecido. Posteriormente recalcó «esperamos que la Corte tenga una sentencia favorable a nosotros, reconociendo que se han violado los derechos humanos, que se le condene u ordene al Estado en cumplir de manera urgente la sentencia y finalmente, se establezcan medidas de reparación que asegure que esto nunca más vuelva a ocurrir y que nadie pueda ser víctima del abuso del Estado».

Por su parte el Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Carlos Díaz Marchant, que siguió la audiencia junto a parte de los docentes demandantes, afirmó que: «este proceso es un hito dentro de una lucha de cuatro décadas, por lo que estamos muy esperanzados de que se haga justicia. Si bien se están revisando 13 sentencias no cumplidas, éstas son un botón de muestra de una situación que afectó a más de 80 mil docentes muchos de los cuales han fallecido sin justicia ni reparación».

Dentro de las pruebas adjuntadas al proceso está el testimonio de 43 docentes, entre ellos, el de Mario Aguilar, actual presidente metropolitano del Magisterio: «esto marca un precedente porque al existir un fallo internacional reconociendo la deuda histórica, se abriría un espacio para activar otro tipo de acciones internacionales, como las que están en la OIT y en la Comisión Internacional de Derechos Humanos para el conjunto de profesores y profesoras afectados».

Por su parte el abogado Colombara recalcó  que: «en caso de tener una sentencia favorable, que podría ser dentro cinco a seis meses, ésta marcaría también un precedente internacional, aquí está en juego el orden público, es decir, lo que ha ocurrido en Chile con estos docentes también ha ocurrido en otros países (…) no es posible si creemos que hay un Estado democrático de derecho, que los estados no cumplan la sentencia y desde esa perspectiva la sentencia va sentar un precedente internacional».

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