¿Se imaginan que cada trabajador o trabajadora de Chile pudiera auto asignarse su sueldo? Bueno, eso es lo que hacen sin ninguna fiscalización los sostenedores de los colegios particulares subvencionados del país. Establecimientos que en muchas ocasiones cuentan con las condiciones mínimas para funcionar, pero no obstante ello, sus dueños pueden desembolsarse directamente a sus bolsillos hasta 20 millones de pesos mensuales. Situación que debe terminar, así lo afirmó Eduardo González, Dirigente Nacional quien se reunió junto a otros actores con el Superintendente de Educación, Mauricio Farías.
«Vinimos a la Superintendencia junto a la Federación Nacional de los Trabajadores de la Educación, FENATED, y a la Red Sindicatos de Colegios Particulares de Educación, RED SINCPAED, para exigirle a esta institución pública una respuesta con respecto al documento que presentamos el 16 de noviembre del 2022, donde solicitamos que se emitiera una Circular sobre la auto asignación de sueldos de los sostenedores, documento que esta pendiente de elaboración desde el año 2017. Al respecto, Farías señaló que estaban preocupados y ocupados sobre este tema y que esperaban que luego de una discusión técnica, este 2023 podrían sacar ese documento orientativo», cerró González.
¿QUÉ HA HECHO EL MAGISTERIO AL RESPECTO?
Además de denunciar públicamente los abultados salarios de los sostenedores, el Gremio Docente ha establecido gestiones directas con el Congreso Nacional dando como resultado el ingreso de una moción parlamentaria, declarada admisible el 13 de diciembre del 2022. ¿En qué consiste? Se establece que que los auto sueldos que se fijan los sostenedores de este tipo de establecimientos nos podrán ser superiores a los que tienen sus pares en el sistema público que son los directores de los Servicios Locales de Educación Pública, es decir, los sueldos tendrían como tope mensual incluyendo las asignaciones lo equivalente a Escala 4 de sueldos de funcionarios públicos.
En ese contexto, este año debería ser el plazo para concretar dicha regulación como también un Plan Nacional de Fiscalización de Normativa Laboral a través del cual la SuperIntendencia supervise efectivamente aspectos tan relevantes como: la fiscalización de las horas lectivas y no lectivas la normativa que resguarda la participación y la construcción de los Consejos de Profesores, entre otras cuestiones, que han sido puestas en la palestra por los mismos docentes luego del retorno a la presencialidad. Al respecto, el SuperIntendente señaló que en marzo se podría tener una respuesta oficial y de ser positiva, se generaría una Mesa Técnica para definir los puntos que debiesen ser fiscalizados.
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