1.- El Magisterio reconoce y valora la amplia movilización social que desde el 18 de octubre viene empujando los límites de la institucionalidad política con demandas sociales postergadas y desoídas por muchos años.
2.- Dentro de esas demandas, la movilización social ha establecido fuerte y claro la necesidad de una Asamblea Constituyente para redactar una Nueva Constitución que democratice el país, asegure derechos sociales y proteja nuestros recursos naturales, entre otros derechos fundamentales. La instalación de la demanda constituyente es un triunfo de la ciudadanía movilizada y da cuenta de la potencia del movimiento social, la que ya se ha expresado en los miles cabildos y asambleas ciudadanas desarrolladas en todo el país.
3.- El Acuerdo por una Nueva Constitución firmado por algunos partidos políticos es una respuesta institucional a la movilización social y a una de las demandas de la ciudadanía movilizada. Sin embargo, es un acuerdo realizado según las formas que, precisamente, la ciudadanía ha cuestionado, en la cual los actores políticos más deslegitimados de toda la sociedad se atribuyen una representación que no tienen y determinan una salida «por arriba» a espaldas del pueblo movilizado. La llamada cocina parlamentaria, la cual rechazamos categóricamente.
4.- El Acuerdo contiene, además, graves falencias, como el poder de veto que se le otorga a la minoría que obtenga un tercio de los delegados constituyentes y el sistema de elección de los miembros de la Convención Constituyente, que prioriza la representación partidista pero no facilita a la genuina representación ciudadana; tampoco asegura la presencia de pueblos indígenas ni la paridad de género.
5.- Este Acuerdo toca solo una de las demandas de la movilización social, pero no se pronuncia sobre los urgentes cambios económicos y sociales que demanda la ciudadanía, y que tienen que ver con la previsión, la salud, la educación, costo de la vida, el derecho al agua, los abusos del sistema, entre otros. Tampoco aborda la demanda por justicia ante las gravísimas violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el Gobierno en estas semanas de movilización.
6.- Es la misma ciudadanía la que determinará la validez del Acuerdo y su legitimidad. El gremio docente es parte de esa ciudadanía y analizará en todos sus niveles lo que la clase política ofrece y propone, teniendo en cuenta que se abrió un nuevo ciclo político donde la participación popular es ineludible y absolutamente necesaria.
7.- El Colegio de Profesores continuará movilizado y continuará aportando a la organización social, a la deliberación colectiva y la articulación en todos los territorios del país. Chile despertó y ningún acuerdo hará que la ciudadanía vuelva a dormirse.
DIRECTORIO NACIONAL DEL COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE
