Desde la Plaza de la Dignidad y marchando por la Alameda se manifestó la importancia que tiene para el profesorado el inicio de la Convención Constitucional que redactará una Nueva Constitución para Chile, donde las profesoras y profesores del país esperan que se consagre una Nueva Educación.
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El puesto de María José Yáñez, actual directora del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Valdivia, está en la cuerda floja: padres, apoderados, asistentes de la educación y docentes de la comuna exigen su renuncia. Las causas: irregularidades en su gestión, trato autoritario (violencia verbal y física), persecución y hostigamiento tanto con los funcionarios del Departamento como con los profesores.
Los hechos se remontan al año 2019, cuando Yáñez fue designada por el alcalde de la época, Omar Sabat (UDI), como jefa subrogante del DAEM; decisión que fue cuestionada por las comunidades educativas ya que como ingeniera comercial no contaba con ningún tipo de especialidad o experiencia en establecimientos educacionales. En esa fecha, la Asociación de funcionarios del DAEM y la Asociación de paradocentes de Valdivia denunciaron amedrentamientos por parte de Yáñez: “Siempre ha habido diferencias en la administración de la educación municipal y también en el trato de las personas. Hay acusaciones permanentes en las formas en las que Yáñez se relaciona con la gente, lo que ha sido mencionado por distintas entidades. En este tiempo, no hemos sido escuchados lo que es nuestra principal crítica a la directora de educación”, señaló en la oportunidad Jorge Serón, presidente de la Asociación de Paradocentes.
A tres años de esa denuncia la situación es crítica según Javier Martínez, presidente del comunal Valdivia del Magisterio: “la gota que rebalsó el vaso, fue que en el último día de gestión del alcalde anterior (Sabat) se invocó a un sumario, en donde hay 56 colegas que están siendo perseguidos. El argumento: se invoca la causal de ausencia reiterada al trabajo en el contexto de una movilización, lo que sería una causal de despido. Por tales motivos, nosotros hemos realizado nuestras reclamaciones, respecto al derecho internacional de carácter de movilización, libertades de sindicalización, que son a partir de tratados internacionales que Chile ha suscrito. Y a nadie se le puede condicionar el trabajo a partir de una movilización de carácter nacional, y mucho menos de manera particular”.
Bajo tales antecedentes el Comunal Valdivia del Colegio de Profesores y Profesoras, la Asociación de Funcionarios Asistentes de la Educación Municipal, la Asociación de Padres y Apoderados se unieron en una manifestación para exigirle a la nueva alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, que le solicite la renuncia a la timonel de la DAEM. Al respecto, en entrevista con “Soy Chile”, Amtmann declaró que: “dentro su gestión municipal la educación es fundamental, y para tener una buena educación municipal necesitamos comunidades educativas integradas y con un buen clima laboral (…). Claramente esta situación es de mi más alta preocupación, y esperamos contando con los antecedentes expuestos de manera formal por todos y todas quienes estimen, analizarlos en su mérito poniendo siempre en el centro a los estudiantes, sus familias y las comunidades educativas en su conjunto”.
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Fue en mayo de este año cuando en plena sesión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados, el presidente del Magisterio, Carlos Díaz Marchant, solicitó oficialmente la presentación de una Acusación Constitucional contra el Ministro de Educación, Raúl Figueroa. Hoy, a un mes de ese hecho, diputados de los partidos Socialista, Comunista y el Frente Amplio se unen para hacerla efectiva: “Impulsamos esta acusación porque existe un abandono evidente por parte del Gobierno y del ministro; detectamos una serie de situaciones que constituyen infracción al derecho a la educación y que afectan el aprendizaje de niños y niñas”, agregó la diputada Camila Rojas ante la prensa.
En la declaración presentada por los parlamentarios, se afirma que entre las razones que motivan la decisión están la falta de recursos que enfrentan las escuelas que reciben financiamiento estatal en el contexto de pandemia, y el nulo rol que ha jugado la cartera de Educación ante las condiciones de sobrecarga laboral que afectan a profesoras, profesores y asistentes de la educación en la nueva realidad educativa. Recordemos que en los primeros días de junio el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile visibilizó esta problemática a través de la realización de la “Jornada de Visibilización del Agobio Laboral” donde se reflexionó sobre las condiciones de trabajo y estudio que se viven en pandemia las comunidades educativas, instancia a través de la cual se exigió que el Congreso tomará cartas en el asunto solicitando la suspensión de la Evaluación Docente y el SIMCE 2021 y la aprobación de la Ley Contra el Agobio Laboral, que aseguraría el derecho a desconexión, las pausas pedagógicas y el término de las labores burocráticas en educación.
Mientras que la diputada Camila Vallejos (PC) agregó que la falta de apoyo económico ha afectado seriamente el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, además de complicar más la situación de trabajadores y trabajadoras de la educación. Esto, de la mano con la presión indebida por el retorno a clases presenciales viene a configurar un escenario para una Acusación Constitucional, no solo por negligencia y abandono de deberes, también por forzar a las comunidades educativas a un retorno a clases presenciales poniendo en riesgo la salud de las comunidades. Por su parte Carlos Díaz Marchant, celebró la solicitud e hizo un llamado para que el parlamento este a la altura y se haga justicia con el profesorado y las comunidades educativas que han tenido que pagar los costos de la nefasta gestión de Figueroa.
Por su parte, desde el Partido Socialista también apoyan la Acusación Constitucional: “el artículo 19 señala la obligación de las autoridades a resguardar la integridad física y psíquica de las personas. Creemos que en estos llamados permanentes al retorno de actividades presenciales en condiciones que no son seguras el ministro está infringiendo en una grave causal al exponer no solamente la salud sino que las condiciones generales de las comunidades escolares de nuestro país”, señaló Juan Santana, Diputado integrante de la Comisión de Educación de la Cámara Baja.
A CONTINUACIÓN, DECLARACIÓN SOBRE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL MINISTRO RAÚL FIGUEROA
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Luego del acuerdo adoptado por la Asamblea Nacional del 28 de Mayo de 2021, el Directorio Nacional del Magisterio actualizó formalmente el Reglamento de Cuota Mortuoria, autorizando el pago a beneficiarios de docentes fallecidos por COVID-19. Antes de esta modificación los afectados por la actual pandemia entraban en la excepción B del Artículo 8º, por la cual no se pagaba la Cuota Mortuoria.
2021-REGLAMENTO CUOTA MORTUORIAPuede ver y descargar este documento también AQUÍ
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A través de un punto de prensa, el Colegio de Profesores y Profesoras de Chile; CNAEP – CHILE Central Nacional de Asistentes de la Educación Pública; la Confederación Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación – SNTE Chile; y la CONAFUDAEM Coordinadora nacional de los funcionarios y funcionarias de los DAEM y Corporaciones fijaron posición sobre la continuidad e implementación de los 15 Servicios Locales presupuestados para enero de 2022. Según el presidente del Magisterio, Carlos Díaz Marchant, la aprobación en el año 2017 de la Ley 21.040, fue un duro golpe a la Educación Pública del país, pues luego de décadas de lucha por desmunicipalizar el sistema educativo y fortalecer la educación pública, se aprueba una ley que le da continuidad a las políticas del mercado de la educación y la precarización de esta.
Precarización que se extiende a las y los trabajadores de la educación, así lo expresó Christian Figueroa, Vocero Nacional de la CONADUDAEM: “De 12 mil trabajadoras y trabajadores 11 mil se van a la calle, un 92% de trabajadoras y trabajadores que ejercen en las administraciones centrales están quedando fuera de los traspasos a los servicios locales; si a esto le sumamos la pandemia y la cesantía, estamos hablando de una masacre laboral. Si éste no es suficiente argumento para detener y postergar la instalación de está Ley tenemos profundas diferencias morales”.
Para las y los dirigentes, el tema de fondo es la forma en cómo se está financiando la educación pública, sobre ese punto profundizó Clarisa Seco, presidenta de la Confederación de Jardines VTF: “El traspaso a los Servicios Locales ha sido tremendamente precario, en los jardines infantiles la asistencia de nuestro párvulos no es obligatoria, por lo tanto la subvención que llega vía baucher es insuficiente para esta implementación. Otra cuestión que es fundamental mejorar, son los beneficios y derechos que tienen las trabajadoras, que han sido marginadas por ejemplo en los beneficios del reajuste del sector público “.
El presidente de la CNAEP – CHILE, Enrique Dayne señaló que también se le entregó una carta al Presidente de la República pidiendo la detención de los Servicios Locales de Educación y también han apoyado públicamente a los diputados que han solicitado lo mismo. Al finalizar el punto de prensa, Michael Humaña, presidente de la Confederación SNTE Chile, recalcó que desde el año 2020 se viene solicitando esta suspensión de la Ley, pues ésta no consideró las demandas históricas del mundo de la educación de devolver las escuelas al Estado: “Estamos de acuerdo con desmunicipalizar pero la demunicipalización no puede ser con despidos, faltando al derecho de las y los trabajadores, éstos deben volver a ser funcionarios públicos y con contratos estables por lo que tenemos toda la confianza de que la Convención Constitucional tendrá el deber y la gran tarea de devolverle ese derecho al pueblo chileno, devolver la educación a la administración del Estado”.
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“Cuando las condiciones de los locales educativos sean óptimas; cuando la pandemia esté controlada y no desbordada como está hoy; cuando las y los trabajadores estén protegidos realmente ante un eventual contagio (Seguro COVID-19); cuando nuestros niños, niñas y jóvenes estudiantes no corran riesgo de contagio, especialmente con esta Variante Delta más agresiva que las anteriores; en ese momento, solo en ese instante, acudiremos con alegría a reencontrarnos con nuestros compañeros y compañeras, con nuestros colegas y, por supuestos, con nuestros y nuestras estudiantes.”
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Directorio Nacional del gremio docente concurrió hasta la oficina central del Ministerio de Educación para formalizar la posición adoptada por la Asamblea Nacional del Magisterio, según la cual el profesorado exige la postergación de los traspasos a nuevos SLEP en atención a las múltiples deficiencias detectadas en los Servicios Locales que ya están en funcionamiento. En Enero de 2022 deberían iniciarse 15 nuevos SLEP, lo que el Magisterio espera se postergue.
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Aprovechando la visita a la zona del Subsecretario de Educación, Jorge Poblete Aedo, el Colegio de Profesoras y Profesores Regional Ñuble, junto a la Asociación de Funcionarios de Jardines VTF, la Asociación Nacional de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Ajunji y la Unión Comunal de Padres y Apoderados de Chillán realizaron un punto de prensa rechazando el retorno a clases presenciales.
“Sabemos que la visita del Subsecretario a nuestra zona se debe a sus intenciones de reabrir los establecimientos educacionales pero acá estamos para hacerle saber que hoy no están las condiciones para ello. Las políticas de control de la pandemia han fracasado, los casos activos siguen en aumento, los hospitales están colapsados y el riesgo para la salud y para la vida de nuestros estudiantes y funcionarios es altísima”, agregó Manuel Chávez Zapata, Presidente del Regional Ñuble del Magisterio.
El emplazamiento de las organizaciones se materializó en una carta, donde le solicitaron a la autoridad que la presencialidad solo se lleve a cabo cuando estén las condiciones, es decir en Fase 4 del Plan Paso a Paso. Mientras que Katherine Lucares, representante regional de todos las trabajadoras y trabajadores de los jardines VTF de Ñuble, graficó las peligrosas condiciones en las que actualmente están funcionado los seis establecimientos que están abiertos: “Los niños y niñas no pueden hacer uso de las mascarillas, hay que mantener los espacios abiertos porque la ventilación es esencial y dada las bajas temperaturas los pequeños no solo se arriesgan a contagiarse de Covid sino que también a enfermarse de de bronquitis, bronconeumonía, etc. Las funcionarias también corren un riesgo tremendo, ya sea por contacto estrecho, ya sea por las malas condiciones que están los establecimientos, por lo que hacemos un llamado al no retorno por el bienestar de todos”.
Al finalizar el punto de prensa, Manuel Chávez recalcó: “Nos parece que está improvisación del Gobierno, cuando tenemos casos mayores casos de contagios comparados al mes de noviembre del año pasado cuando la autoridad insistía que la presencialidad debía hacerse en Fase 3 en adelante es peligroso hoy no están las condiciones de sanidad que aseguren que la vida y la salud tanto de para los estudiantes como para los funcionarios”.
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El Magisterio conmemora el Día de los Pueblos Originarios abordando los desafíos pendientes para avanzar hacia una educación intercultural en nuestro país.
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