En Chile, el 70% de las trabajadoras y trabajadores ganan menos de 550 mil pesos mensuales. Modelo de precariedad que se sustenta en la Constitución vigente, cuyo artículo 16 reduce la libertad de trabajo y protección a la noción de mercancía excluyendo el DERECHO AL TRABAJO DECENTE, noción que sí está incorporada en la Nueva Constitución.
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Katherine Rozas, profesora, abogada y Encargada del Departamento Jurídico del Regional Metropolitano del Colegio de Profesoras y Profesores, alegó hoy ante el Tribunal Constitucional en la causa 12625-21, que busca la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de algunos preceptos de la Ley 20.158 que actualmente impiden el pago de la mención a educadoras diferenciales. La acción judicial se enmarca en las múltiples iniciativas que desarrolla el gremio docente para lograr el pago de esta mención, que está incluida en el Petitorio Docente 2022.
La causa tiene su origen en una demanda de tutela laboral iniciada por 22 profesoras y profesores diferenciales de la comuna de Renca, quienes recurrieron al Tribunal del Trabajo para lograr el pago de la mención y que ha sido tramitada desde su origen por la abogada Rozas en su calidad de docente, letrada y dirigente del Magisterio. La evolución del juicio llevó a que fuera conocido por el Tribunal Constitucional, en tanto se alega que algunas normas de la Ley 20.158 afectan el derecho constitucional a la igualdad ante la ley de las y los educadores diferenciales, pues les impiden acceder al 100% del Bono de Reconocimiento Profesional al desconocer su mención, cuyo pago es el 25% de dicho bono.
«Valoramos el alegato que realizó hoy la colega Katherine Rozas ante el Tribunal Constitucional, pues defendió con sólidos argumentos jurídicos el derecho de las profesoras y profesores diferenciales a recibir el 100% del BRP y, con ello, recibir el pago de su mención como educadoras diferenciales. Valoramos especialmente la gestión de la colega, que tomó personalmente el caso, involucrándose en la lucha de las profesoras diferenciales no solo como docente y dirigente del gremio sino que también como abogada, que es su otra profesión», afirmó Carlos Díaz Marchant, Presidente del Magisterio.
«El alegato de hoy ante el TC es una más de las múltiples acciones que realizamos como gremio para conseguir el pago de la mención a las educadoras diferenciales, demanda que es parte de nuestro Petitorio Docente 2022 y por la cual el Magisterio se ha movilizado y se seguirá movilizando hasta lograr justicia al respecto, porque vemos, además, un claro sesgo machista y discriminatorio en la situación que afecta a las educadoras diferenciales, que son colegas en su inmensa mayoría mujeres dedicadas al trabajo con los sectores más vulnerables de la población, y justo a ellas no se les paga la mención, lo que es inaceptable», concluyó el líder del Colegio de Profesoras y Profesores.
Puede revisar la causa en el Tribunal Constitucional buscando por el Rol 12625-21 en https://tcchile.cl/expediente
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Elizabeth Andrade es una educadora de párvulos nacida en Perú y residente en Chile desde 1995. Tras ser víctima de violencia de género, se asentó en el campamento «Nuevo Amanecer Latino» en Antofagasta, lugar desde donde ha desarrollado un trabajo comunitario sistemático para transformar la vida de las y los pobladores. Trayectoria de lucha que fue reconocida por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), al otorgarle este lunes 4 de julio el Premio Nacional de Derechos Humanos 2022.
JUSTICIA SOCIAL Y DIGNIDAD
El primer proyecto de Elizabeth fue el Jardín Comunitario Los Arenales, un espacio autogestionado de mujeres cesantes, que se planteó al mismo tiempo como una plataforma de acceso al trabajo y de superación de la violencia de género. Posteriormente, participó de la agrupación «Rompiendo Barreras», ahora una Corporación que aglutina a ocho comités del macro campamento Los Arenales para la interlocución con el Estado. Este trabajo progresivo se consolidó con la fundación de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Pro Migrantes de Chile, para la defensa del derecho humano a migrar, promoviendo inclusión y brindando orientación para miles de personas en sus trámites migratorios y de acceso a derechos de salud y educación.
Por otra parte, la educadora que actualmente está estudiando para ser técnica en trabajo social, incidió en la tramitación de la nueva Ley de Migración y Extranjería. En 2018, «Rompiendo Barreras» logró un apoyo del programa «Conoce tu Ciudad», de la red Slum Dwellers International (SDI), con estudios topográficos y mapeos. La comunidad formuló su plan maestro para la radicación del macrocampamento Los Arenales, que actualmente cuenta con unas 2 mil 200 familias. En uno de los mayores campamentos de Chile, gestionó la electrificación a través de un convenio con la Compañía General de Electricidad (CGE), el acceso al agua potable mediante el Gobierno Regional, y el estudio de mecánica de suelo con el apoyo de la Fundación para la Superación de la Pobreza.
Respecto a su trayectoria, el director del INDH, Sergio Micco valoró el aporte «que durante años ha realizado Elizabeth, rescatando que este premio se otorga a una mujer que como persona migrante de larga residencia en Chile, pobladora y dirigenta, ha sabido transformar su dolor en fuente de inspiración para la defensa de la dignidad y los derechos humanos de quienes viven en las periferias sociales y geográficas de nuestra patria, que aspira a ser justa con sus habitantes».
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Extender las clases hasta el 15 de enero del año 2023 es una de las opciones que le propuso la Dirección de Educación Municipal (DEM) de Santiago a las comunidades educativas de los 7 liceos de la comuna que durante el 2022 perdieron clases producto de distintas movilizaciones.
Noticia de inmediato generó repercusiones, el vocero de la Asamblea de Estudiantes del INBA, Bruno Aguilera, señaló que la postura del alumnado es «la recuperación en días de semana; extender un poco el horario de clases y buscar alternativas de talleres». Cuestión que para la dirigenta del comunal Santiago del Magisterio, Ilonka Leiva, no se podría llevar a cabo en todos los liceos pues ya varios están funcionando con triple jornada e incluso con clases los días sábados por lo que el único camino viable para la recuperación es la prolongación.
En ese sentido, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Carlos Díaz Marchant, afirmó que el consenso entre estudiantes y docentes sería crucial para buscar la mejor alternativa: «Siempre hemos cautelado para que no exista ningún tipo de pérdida de aprendizajes, no obstante las recuperaciones deben ser acordadas por las comunidades educativas y no impuestas por el sostenedor. Más aún en el caso de la Municipalidad de Santiago que fue la gran responsable de la pérdida de clases al no tener los establecimientos educacionales con las condiciones mínimas para poder llevar a cabo las clases situación que desencadenó una serie de movilizaciones por parte de los estudiantes», finalizó Díaz Marchant.
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Hasta el Ministerio de Educación llegó la Directiva Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile para mantener una nueva reunión sobre la Deuda Histórica con el Subsecretario de Educación, Nicolás Cataldo. Instancia en que si bien se trataron temas sujetos a la heredabilidad de esta deuda también se acordó que en el mes de agosto las y los profesores afectados podrán tener la posibilidad de revisar si están en la lista oficial que maneja el Gobierno.
A continuación, mayores detalles en voz del presidente del Magisterio, Carlos Díaz Marchant:
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Dignificar la vida de las y los trabajadores es uno de los principales objetivos de la propuesta del Gobierno de Gabriel Boric de reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Iniciativa que es apoyada ampliamente por diversas organizaciones sociales y del mundo del trabajo que hoy se dieron cita en un dialogo social en el Ministerio del Trabajo.
En la instancia, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Carlos Díaz Marchant, partió su intervención afirmando que el profesorado chileno hace público y oficial su apoyo a la Reforma Laboral que reduce la jornada de trabajo a 40 horas semanales en el país: «Ésta va a entregar a la inmensa mayoría de las trabajadoras y trabajadores del país cinco horas a la semana para disponer de ellas libremente como mejor les parezca. Se trata, entonces, de una ampliación de la libertad y de un avance en la calidad de vida de millones de personas en todo Chile».
En cuanto al discurso proveniente de sectores que han intentado instalar la idea de que este proyecto es «anti-trabajo», el presidente del gremio docente la refuto: «el aporte que pueden hacer las 40 Horas a la salud mental de las y los trabajadores de la educación (…) pueden hacer la diferencia en un contexto de agobio docente grave y de creciente complejidad en la tarea de educar a las nuevas generaciones. En segundo lugar, y muy relacionado con lo anterior, la reducción de las jornadas de trabajo y su consiguiente aporte a la salud mental puede ser un alivio a la convivencia escolar en las comunidades educativas, donde también se viven fuertes cuadros de estrés y tensión que deben ir aliviándose y en los cuales las 40 Horas se vislumbran como una medida positiva».
A continuación la intervención del presidente del Magisterio en el Ministerio del Trabajo:
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Con esas palabras el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Carlos Díaz Marchant, emplazó al Consejo Nacional de Educación (CNED), entidad autónoma que decidió aplicar este año la prueba Simce para 4° básico y II medio a pesar de que el Ministerio de Educación le propusiera suspender tal medición pues, tal como lo declararon, «desvía el foco de temas que hoy son urgentes».
En ese tenor el presidente del gremio docente agregó: «el CNED no se hace cargo en las condiciones en que las que hoy en día están miles de estudiantes, escuelas con pésimas condiciones de infraestructura e incluso aún más grave, no se hace cargo de actuales condiciones sanitarias, de las enfermedades respiratorias que tienen a miles de niños, niñas y jóvenes sin poder asistir a sus centros educacionales, situación que incluso llevó al Mineduc a adelantar y aumentar las vacaciones de invierno».
Al respecto la dirigenta nacional, María Angélica Ojeda, señaló que con esta medida el CNED sólo esta demostrando que está defendiendo el negociado que existe con la realización de esta prueba a la que se le destina alrededor de 18,4 mil millones de pesos para su realización. Lo que fue reafirmado por la dirigenta del comunal El Bosque, Paola Ossandon: «Hoy día tenemos comunas muy vulnerables donde todos los esfuerzos, todos estos recursos estén dirigidos a recomponer la infraestructura. También recordar que tenemos muchos docentes con licencias médicas por lo tanto hoy día acceder a realizar el Simce francamente es un fracaso», finalizó la dirigenta.
A continuación el punto de prensa realizado en la sede del CNE y la carta presentada a dicho organismo:
Santiago, 29 de junio de 2022Puede ver y descargar este documento también AQUÍ
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El día 14 del presente mes, el Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, le anunció al país el adelanto y ampliación de las vacaciones de invierno; medida que según sus palabras se tomó para hacerle frente al aumento de casos de contagio de virus respiratorios que afectan a las comunidades escolares del país. Sin embargo, el anuncio se ha ido relativizando por parte del Gobierno, afectando seriamente a estudiantes, padres y docentes. El viernes recién pasado, el Magisterio emplazó a la autoridad para que termine con esta serie de contradicciones. Hoy martes, el gremio docente se reúne con el titular de Educación.
«El MINEDUC ha ido emitiendo una serie de «Orientaciones» sobre esas vacaciones que van en una línea contradictoria y que, más bien, relativizan o incluso anulan dicha medida. (…) Si adelantar y ampliar las vacaciones de invierno se hizo con la intención de contener los contagios, resulta totalmente contradictorio fomentar, incentivar e incluso obligar a los miembros de las comunidades educativas a hacerse presentes en las escuelas. (…) Pero además de la preocupación sanitaria, nos preocupa de sobremanera que en sus «Orientaciones» el MINEDUC ha instruido abiertamente que docentes realicen labores que no se encuentran de ninguna manera en sus contratos de trabajo: entregar raciones de alimentos o «cuidar cursos» no son parte de la labor técnica y pedagógica del profesorado, que sí tiene que ver con planificar, ejecutar clases y evaluar aprendizajes», afirma el Colegio de Profesoras y Profesores, en una carta pública entregada al Ministerio de Educación.
Para el presidente del Magisterio, Carlos Díaz Marchant, esta situación no puede ser aceptada pues vulneraría los contratos de trabajo de las profesoras y profesores del país: «Nuestros contratos de trabajo en ninguna parte dicen que los docentes estemos contratados para cuidar niños. No somos guardería y reiteramos e insistimos en ello. Por tanto, esto de que hay que venir porque hay que cuidar probablemente a algunos niños, no está en nuestro contrato de trabajo. Y tampoco está en nuestro contrato de trabajo dar almuerzo a los estudiantes», finalizó el presidente gremial que espera una pronta respuesta por parte del Ministro de Educación.
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Luego de una extensa visita a las comunidades educativas de Quintero, dirigentes del Magisterio, encabezados por su presidente Carlos Díaz Marchant, se dirigieron hasta la Gobernación de la Región de Valparaíso, donde se generó una alianza de trabajo para defender el derecho a la vida, la salud y la educación de las y los habitantes de la «Zona de Sacrificio».
«Terminar con la «Zona de Sacrificio», descarbonizar la matriz energética y armonizar nuestra relación con la naturaleza en la producción de bienes materiales y espirituales es un imperativo ético, un imperativo moral». Con esas palabras comenzó su intervención el Gobernador Rodrigo Mundaca, quien aseguró que desde el día 6 de junio, en la Región de ha estado experimentando cuadros sostenidos de intoxicaciones, obligándolo como autoridad a tomar cartas en el asunto pues según él no se puede seguir hipotecando la vida de las niñas, niños y adolescentes de la Región, por lo que llamó al Gobierno encabezado por Gabriel Boric a que cumpla su compromiso de terminar con las «Zonas de Sacrificios» en el país.
En Chile existen otras zonas denominadas de sacrificio: Huasco, Tocopilla, Mejillones y Coronel, ejes costeros que se han sobrepoblado de industrias que al parecer tienen más valor que la vida de cualquier habitante del país. «Claramente podemos denunciar hoy al país que aquí se está violentando el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a jugar y a ser felices. Es por eso que hoy anuncio que la otra semana nos reuniremos con el Ministro de Educación, porque nos parece que el Ministerio tiene que intervenir, el Ministerio no puede seguir mirando desde lejos lo que está ocurriendo», enfatizó el presidente del gremio docente.
Al respecto, Violeta León, presidenta del regional Valparaíso del Magisterio, agregó que: «Estamos en una situación crítica, sabemos que el cierre de la fundición de Ventanas es una gran señal pero necesitamos todas las industrias puedan ser regularizadas con respecto a los contaminantes que emiten y para ello vamos a iniciar un plan de visibilización de esta problemática en toda la Región».
La Gobernación y el gremio docente redoblarán los esfuerzos para hacerle frente a este enemigo invisible, defendiendo el derecho a la vida, la salud y la educación.
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Hasta la denominada «Zona de Sacrificio» llegó el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Carlos Díaz Marchant, quien junto a dirigentas y dirigentes locales del gremio docente recorrieron las escuelas de Quintero y Puchuncaví donde escucharon los testimonios de las comunidades educativas que hace más de 10 años son severamente afectadas por la contaminación proveniente del cordón industrial.
«QUE CIERRAN LAS INDUSTRIAS Y NO LAS ESCUELAS»
Para la tesorera del comunal Puchuncaví del Magisterio, Carol Romo, la situación es crítica: «Aquí nos vemos afectados por distintos episodios producto de la contaminación todos los días y nadie es capaz de reconocer con qué se nos está envenenando. Nos sentimos coartados social y culturalmente porque no estamos viviendo como se debería, en un medio libre de contaminación y con una salud adecuada, entonces no podemos hablar de educación de calidad cuando no podemos ni respirar», enfatizó la dirigenta y profesora.
Respecto a ello, el presidente del gremio docente emplazó al Ministro de Educación a generar un plan especial de educación para las comunidades escolares de la zona: «Hemos visto por años el sufrimiento que viven estos habitantes y lamentablemente se cierran las escuelas y no se cierran las empresas que contaminan, eso es una tremenda contradicción. Por eso es importante decir desde acá, desde esta terrible zona en la que estamos, que la vida y la salud para las y los profesores siempre serán lo primero por lo cual le exigimos a la autoridad que se haga cargo de este daño», finalizó Díaz Marchant.
Cuestión que es apoyada por las dirigencias comunales, así lo confirmó Isabel Cartagena, presidenta del comunal Quintero: «Agradecemos las gestiones del Gobierno de cerrar parte de la planta de Codelco, evidentemente eso disminuirá la contaminación pero digamos que esa es la punta del iceberg, claramente hay que continuar. Como comunidades educativas tenemos una desventaja respecto a otras de otros puntos del país venimos desde el 2011 luchando por soluciones medioambientales para mejorar la condición y la calidad educativa que reciben nuestros estudiantes y ya es hora de avanzar», detalló la dirigenta quien fue apoyada por la vocera nacional de Modatima, Lorena Donaire, quien afirmó que como organización le darán su apoyo irrestricto al gremio docente para que se termine esta cadena de vulneraciones.
A continuación, las reflexiones del gremio docente desde la «Zona de Sacrificio»:
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