Durante la mañana de hoy, el Canal 24 Horas entrevistó a Carlos Díaz Marchant, Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, respecto a las consecuencias que trae para la educación y seguridad de las comunidades educativas la suspensión de clases en Calama tras la balacera ocurrida ayer 20 de abril en la comuna.
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Luego de que se hayan suspendido las clases a raíz de un sin número de acciones delictuales, organizaciones civiles y de trabajadores decidieron hoy, junto al alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, realizar una paralización de actividades este viernes desde la 4 AM. Llamado ante el cual, el presidente del comunal calameño del Magisterio, Ariel Aguirre, afirmó que: «Vamos a salir, vamos a parar, vamos a organizarnos pero no hay que olvidar que trabajamos todos los días con alumnos vulnerables que viven situaciones de violencia y de delincuencia por lo que abogamos para que se generen las políticas adecuadas para que esta situación se aborde desde la formación».
¿CUÁL ES LA MIRADA DEL PROFESORADO CALAMEÑO? NOS REPONDE EL PROFESOR ARIEL AGUIRRE
«Nuestra movilización se desarrolla desde una mirada educativa, entendiendo que no podemos naturalizar y normalizar estas situaciones de suspensiones de clases a causa de la violencia y la delincuencia pero también entendiendo que la escuela no es una cárcel donde se castigue para formar».
«Hoy estamos en un punto de inflexión donde le hacemos un llamado a todas las autoridades, tanto municipales y gubernamentales de empezar a aplicar políticas de educación contra la delincuencia y contra el narcotráfico, aprovechando dichas instancias de aprendizajes para avanzar en un Chile que vaya bajando en estos niveles de delitos».
«Así mismo hacemos un llamado a tener mucho cuidado con los discursos xenófobos porque aquí hay que tener claro que la delincuencia no tiene ningún tipo de nacionalidad. Es importante comprender que la delincuencia no es responsabilidad de los extranjeros, sino que de un sistema que no genera las oportunidades a miles y miles de jóvenes que ven en el camino de las pandillas y de las bandas un espacio para poder surgir y tener recursos a base de delinquir. Eso es lo que hay que parar y para eso la escuela, la familia y el Estado tienen un rol fundamental».
Fotos de organizaciones civiles y de trabajadores en la Ilustre Municipalidad de Calama
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Carlos Díaz Marchant se refiere a la suspensión de clases en Calama producto de dos balaceras producidas en la noche de ayer. «La delincuencia está afectando a las comunidades educativas, es evidente. Lo hemos denunciado antes y lo denunciamos de nuevo ahora. En Valparaíso, Mejillones y ahora Calama se han suspendido clases por narcofunerales, amenazas de balaceras y balaceras efectivamente sucedidas. Estamos viviendo una realidad difícil que no podemos aceptar y expresamos nuestra indignación ante ello», plantea el Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile.
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Mientras el Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, aún no se manifiesta sobre una nuevo caso de suspensión de clases, ahora en la ciudad de Calama, el Magisterio sí se pronuncia: «Estamos viviendo una realidad difícil que no podemos aceptar y expresamos nuestra indignación ante ello. Se requieren medidas urgentes y concretas para proteger a escuelas, liceos y jardines infantiles de la delincuencia», afirmó el presidente del gremio docente, Carlos Díaz Marchant.
Bajo dicho escenario, el pasado 21 de marzo diferentes organizaciones del mundo de la educación llegaron hasta el Ministerio de Interior para solicitarle a la Ministra Tohá los recibiera en una audiencia: «Pedimos esa reunión esa reunión para exigirle al Gobierno un plan de acción concreto para enfrentar el tema e instalar una Mesa de Trabajo cuyo objetivo sea elaborar de manera conjunta un Plan de contención y resguardo de la Violencia y la Delincuencia al interior y el exterior de los establecimientos educacionales y jardines infantiles. Sin embargo aún no tenemos respuesta ¿Qué van a esperar para tomar cartas en el asunto?», cerró Díaz Marchant.
Cabe recordar que en marzo del año pasado las carteras de Interior y Educación presentaron una fuerza de trabajo denominada «Seguridad para Estudiar», a fin de prevenir delitos y situaciones de violencia en establecimientos educacionales y sus cercanías. No obstante, a la luz de los recientes acontecimientos ésta no ha dado los resultados esperados.
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En este programa se abordó la propuesta legal de terminar con la evaluación docente que desde el año 2004 existía para el sector educacional público, eliminando así la duplicidad que se estaba produciendo con la evaluación inaugurada con la carrera docente (2016) que cubre a toda la educación financiada por el estado (incluyendo particulares subvencionados). Javier Martínez, Presidente del Comunal Valdivia del Colegio de Profesoras y Profesores, fue entrevistado sobre esta reforma legal y el desafío de contar con una evaluación que ayude a mejorar la práctica docente en Chile.
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El Magisterio tendrá su respectivo derecho a réplica en el matinal de la Radio Estrella del Mar (92.5 FM) a las declaraciones del concejal de Ancud, Samuel Mandiola, quien en pleno concejo municipal sugirió descontarle los días de paralización a las y los profesores que se encuentran movilizados debido a que sólo se le han pagado el 58% de sus sueldos.
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Hoy la Cámara de Diputadas y Diputados votará del proyecto de resolución N° 643, que solicita al Presidente Gabriel Boric el envío de un proyecto de ley para una Política Nacional de Educación Sexoafectiva Integral. Iniciativa que más de 100 organizaciones feministas, educativas y profesionales solicitan sea aprobada para así abrir el debate sobre la materia.
Si bien en la actualidad los establecimientos educacionales tienen la obligación de impartir Educación Sexual Integral en la Enseñanza media, según consigna la Ley 20.418, ésta tiene un foco absolutamente biologicista. ¿Qué quiere decir? Aborda sólo aspectos anatómicos y reproductivos, sin tocar temas como el consentimiento, el autocuidado, el respeto a la diversidad sexual, la prevención del abuso o la violencia de género.
¿Qué dicen las cifras al respecto?
Según las organizaciones que apoyan que la iniciativa entre en tabla, se han duplicado los crímenes de odio; las denuncias vinculadas a vulneración de estudiantes han aumentado en un 333%; existen cifras alarmantes de feminicidio y han aumentado los suicidios de estudiantes por bullying transfóbico.
En ese contexto, la Fundación Miles señaló que existe una clara necesidad de las familias de recibir apoyo en estas materias: «Según un estudio que realizamos en el año 2022, el 90% de las madres, padres y cuidadores está «de acuerdo o muy de acuerdo» sobre la necesidad de educar en sexualidad desde el inicio del ciclo vital y que, además, consideran que la Educación Sexual Integral no está en contra de sus creencias personales, religiosas y/o culturales».
Por último, las organizaciones denunciaron: «el abandono de la niñez en esta materia, a sabiendas que la Educación Sexual Integral entrega conocimientos fundamentales para reconocer y visibilizar el abuso sexual infantil, delito con altas cifras en Chile, y que afecta principalmente a niños y niñas de menos de 14 años, el 85% niñas, la institucionalidad chilena ha sido cómplice de esta situación, al no entregar herramientas ni el acceso a la información apropiados; a sabiendas que la mayoría de los casos de abuso sexual infantil ocurren en contexto intrafamiliar» Enfatizando que «las escuelas cumplen un rol clave en la detección y denuncia de estas situaciones».
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Javier Martínez, Presidente del Colegio de Profesores y Profesoras comunal Valdivia, conduce el programa «Pase a la pizarra», de Radio Universidad Austral, entrevistando a Pamela Carrasco, Secretaria comunal Ancud del Gremio Docente, respecto a los problemas en educación pública que afectan a distintas comuna del Archipiélago de Chiloé.
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El caso del profesor Roberto Campos ya lo conocíamos, fue grabado destruyendo un torniquete de Metro y pasó más de 50 días en prisión preventiva. El juicio por esa causa comienza el 4 de mayo pero esta madrugada fue detenido mientras se encontraba con otras personas rayando la Iglesia San Francisco, un hecho repudiado por las autoridades.
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Al parecer, para el concejal Samuel Mandiola (Evopoli), recibir sólo el 58% del sueldo correspondiente, no es razón suficiente para que las y los trabajadores de la educación de Ancud, que además llevan más de 7 años sin recibir el pago de sus cotizaciones, puedan ejercer su legítimo derecho a paralizar sus actividades. Así quedó en manifiesto hoy, cuando la autoridad comunal, la misma que en diciembre del 2021 fue formalizado por agresiones graves contra un mariscador (Nota Aquí), sugirió en pleno concejo municipal hacer descuento de horas a los funcionarios paralizados.
Comentario que generó una gran repercusión en la sala, que conllevo a que la secretaria del Comunal Ancud del Magisterio lo increpara directamente: «USTEDES SE ESTÁN METIENDO EN EL BOLSILLO NO TAN SÓLO AL TRABAJADOR SINO A NUESTRAS FAMILIAS: Y TIENES EL DESCARO DE SUGERIR QUE NOS DESCUENTEN POR LOS DÍAS DE MOVILIZACIONES QUE LLEVAMOS. A MI ME PARECE IMPRESENTABLE Y EN LUGAR DE SUGERIR ESE TIPO DE COSAS LO QUE USTEDES DEBERÍAN LLAMAR COMO CONCEJALES ES A LA FISCALIZACIÓN QUE ES EL ROL QUE A USTEDES LE COMPETE»
Cabe recordar que en febrero de este año, la Contraloría General de la República corroboró que la Corporación utilizó en el año 2021 dineros de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) del Ministerio de Educación para realizar a los menos 36 transferencias bancarias a otras cuentas externas por la suma de 1.684 millones de pesos. Desvío de fondos que ha significado para cada funcionaria y funcionario de la educación una pérdida de patrimonio en promedio de más de 34 millones de pesos.
Docentes que ante este nuevo hecho que refleja el nulo respeto que se les tiene dentro de la Municipalidad de Ancud; llamaron a las y los concejales a emitir un documento donde se consigne el total abandono de deberes del Alcalde Carlos Gómez, para así proceder a su destitución.
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