COPIAPÓ: MAGISTERIO PIDE SOLUCIONES DEFINITIVAS ANTE EMANACIONES DE GASES EXPLOSIVOS Y CONTAMINANTES EN ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES

Dramática es la realidad de diversos establecimientos educacionales de la Región de Atacama, que post aluvión de 2016 nunca más han podido tener continuidad en sus clases debido a las constantes emanaciones de olores que al ser medidos bajo la unidad de Partes Por Millón (PPM), que mide la calidad del aire ambiental, muestran alarmantes cifras de entre 200 a 400 PPM, cuando legalmente no deberían superar los 8 PPM. En este contexto, y desde hace seis años, diversos establecimientos educacionales han debido ser cerrados temporalmente, exponiendo la salud y el bienestar de niños, niñas, adolescentes y personal docente, expuestos permanentemente a estos gases contaminantes.

Distintas instituciones se han hecho presentes, desde el Ministerio de Educación pasando por  el INDH hasta dictámenes de la Corte de Apelaciones que han ordenado la suspensión temporal de clases. Sin embargo, ninguna medida ha sido orientada a dar una solución definitiva a esta constante exposición de gases tóxicos y dañinos para la salud. Cada tanto, las escuelas son cerradas, las clases suspendidas y la empresa sanitaria responsable no responde. Al respecto, el delegado gremial de la escuela Las Brisas de Copiapó, Jonathan Mundaca -escuela que actualmente se encuentra con prohibición de funcionar por los altos índices de PPM- declaró que “Exigimos y hacemos un llamado a las autoridades nacionales para que puedan abarcar este tema, en especial trabajos profundos en las redes de alcantarillados como también en la infraestructura de nuestros establecimientos para poder garantizar a nuestros estudiantes una educación de calidad como tanto se nos exige”.

Por su parte el presidente regional del Magisterio, Carlos Rodríguez, reflexionó que se vive una situación difícil y compleja, a lo que se agregan los problemas de infraestructura tanto en el SLEP de Atacama, como en el SLEP de Huasco, con desordenes administrativos y maltrato laboral. En tanto la presidenta comunal de Copiapó, Yariela Ardiles, manifestó que  “Nosotros estuvimos en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, tratando de solucionar el tema. Mandaron al DICTUC para que hiciera un informe resolutivo, con las soluciones que tenían que tener los colegios y la intervención para la emanación de gases. Hoy nos encontramos que nada se hizo, por lo tanto seguimos con las emanaciones de gases y la clausura de establecimientos.”

Por último, dirigentes del gremio hicieron un llamado de atención a las autoridades nacionales, explicando que desde el año 2015, las y los docentes fueron categorizados con evaluaciones deficientes SIMCE, sin considerar que la mayoría de los establecimientos educacionales ha tenido un máximo de tres meses de clases por año, debido a las  constantes suspensiones y cierres de establecimientos, y este daño medioambiental  impacta de forma negativa en el desarrollo educativo de niñas, niños y adolescentes de la región.

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