Una de las cadenas que la Dictadura Cívico-Militar dejó en Chile son las Corporaciones Municipales de Educación. Personas jurídicas que, aunque desempeñan funciones públicas, sus gastos no son contabilizados en la Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación, convirtiéndolas en el verdadero saco roto del Estado; de ello dan cuenta las innumerables denuncias que ha realizado el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile sobre desvíos de fondos que se han traducido en incumplimientos de derechos laborales contra las y los funcionarios de la educación, que mes a mes esperan que se les pague completamente sus sueldos e imposiciones.
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN ES UNA CAJA PAGADORA
A fines del año pasado el Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se sentó en la mesa con los dirigentes(as) de distintas comunas de la Isla Grande de Chiloé afectados severamente por la apropiación indebida por parte de los municipios de recursos destinados a educación. En la ocasión, Ávila escuchó atentamente los testimonios de los trabajadores: retenciones de sueldos por conceptos de pagos previsionales que nunca fueron cancelados por el empleador, sueldos impagos, despidos injustificados y reducción de horas laborales, fueron algunas de las problemáticas que necesitaban urgente solución, sin embargo, bajo el actual sistema poco y nada se puede hacer
¿Porqué?
«Bajo el actual sistema, el Ministerio de Educación es una caja pagadora, solamente entrega recursos y la verdad que tiene muy pocas posibilidades reales, en función de la ley, de fiscalizar cómo se llevan adelante los pagos. Este es el modelo heredado y que está vigente en la actual Constitución. Entonces no tan sólo este ministerio sino que todos los ministerios que hemos tenido no han podido fiscalizar a las corporaciones municipales entonces, éstas desvían recursos sobre todo para pagar favores luego de sus respectivas campañas políticas», respondió el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Carlos Díaz Marchant.
Testimonio de ello es lo que sucede actualmente en Penco, Región del Biobío, donde los gremios de educación iniciaron un proceso de recolección de datos e información a través de las distintas reparticiones municipales para investigar una presunta malversación de recursos de educación con fines políticos por parte del alcalde Víctor Hugo Figueroa. Fiscalización autogestionada, cuyos antecedentes hoy se encuentran en manos de la Contraloría General de la República. «Estas acciones han generado un millonario déficit financiero que ha significado la desvinculación de funcionarios y funcionarias, además de la disminución de transporte escolar para los estudiantes y la disminución de materiales educativos, insumos y personal de apoyo», afirmaron los gremios en un comunicado público.
Mientras que en el extremo sur del país, este lunes 13 de marzo los profesores y asistentes de la comuna de Punta Arenas sólo recibieron el 25% de las imposiciones que se les debe de sus sueldos. Ante lo cual la Corporación Municipal señaló que esta situación se debe por la falta de fondos municipales, déficit que todos los meses llega a 820 millones de pesos. «Podríamos hacer un listado de todas las comunas en que en estos momentos está pasando lo mismo, es por eso que la única solución es desmunicipalizar la educación, es decir, que la educación vuelva a ser administrada por el Estado, y donde el Ministerio de Educación pueda fiscalizar, controlar y supervisar a los establecimientos educacionales, garantizando así una educación digna sin la vulneración de derechos fundamentales», finalizó Diaz Marchant.
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