«LLAMAMOS AL GOBIERNO PARA QUE ABORDE LA OLA DE DELINCUENCIA»

Ante los innumerables casos de delitos y violencia que han afectado gravemente a los establecimientos educacionales del país, el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile junto a organizaciones representantes de docentes, asistentes de la educación, psicopedagogos(as) y trabajadoras(es) de jardines infantiles, decidieron articularse para llamar al Gobierno para que aborde la ola delincuencia que está poniendo en peligro a las comunidades educativas.

Desde el retorno a la presencialidad el Magisterio ha denunciado casos delictivos donde los principales afectados han sido: estudiantes, apoderados, profesores y funcionarios. Este fue el caso que ocurrió el pasado miércoles 15 de marzo en las afueras del Colegio Las Acacias de Valparaíso, donde producto de un tiroteo una persona externa a la institución terminó acribillada. Mismo día en que las trabajadoras de los jardines infantiles de San Bernardo denunciaron que un cuidador resulto herido de gravedad producto del impacto de una bala loca, lo que desencadenó junto a las malas condiciones de infraestructura un paro de actividades de 14 jardínes de la comuna.

Cabe recordar que en marzo del año pasado las carteras de Interior y Educación presentaron una fuerza de trabajo denominada «Seguridad para Estudiar», a fin de prevenir delitos y situaciones de violencia en establecimientos educacionales y sus cercanías. No obstante, a la luz de los recientes acontecimientos ésta no ha dado los resultados esperados.

Bajo dicho escenario, las organizaciones de la educación llaman al Gobierno para que se ponga como prioridad la elaboración de un Plan Nacional para la Prevención del Delito que afecten a los establecimientos educacionales, estrategia que debe incluir protocolos adecuados para abordar dichas acciones. Así también lo han puntualizado el Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación de la Región de Antofagasta el que denuncia que no existen por parte de la autoridades la activación de protocolos adecuados ante por ejemplo los llamados a tiroteo, como del que fue foco la comunidad educativa del Liceo Andrés Sabella, lo que ha provocado que los trabajadores se hayan visto obligados a acogerse al código del trabajo, artículo 184 bis – DT – Normativa 3.0, que estipula que todo trabajador tendrá derecho a interrumpir sus labores y, de ser necesario, abandonar el lugar de trabajo cuando considere, por motivos razonables, que continuar con ellas implica un riesgo grave e inminente para su vida o salud.

Por lo pronto, hoy organizaciones educacionales de todo Chile se reunirán de manera virtual para hacer sondeos territoriales sobre la problemática y definir el plan de acción para poder ser escuchados por las autoridades. A continuación, en imágenes algunos de los hechos delictivos que han afectado a las comunidades educativas del país:

ROBO EN ESCUELA CASA BLANCA DE MOLINA