El Noticiero Central de Mega abordó a través de un extenso reportaje la ola de agresiones en los colegios. El preocupante fenómento tras la pandemia fue analizado por el Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Carlos Díaz Marchant.
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Desde Castro, Chiloé, el Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Carlos Díaz Marchant, informa de las gestiones que ha realizado el gremio docente por el Bono de Retiro ante las nuevas autoridades del Ministerio de Educación al comienzo de su gestión este año 2022.
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Por Eduardo González Navarro
1° Vicepresidente del Colegio de Profesoras y Profesores
El pasado viernes, la Comisión de Derechos Fundamentales aprobó en general las iniciativas educativas que deberá analizar y votar en particular durante esta semana. La Comisión aprobó tres grandes propuestas sobre las cuales debe trabajar a fin de diseñar una proposición para presentar al Pleno, instancia en la cual se requieren 2/3 para la aprobación definitiva.
Las propuestas aprobadas en general son las de los Movimientos Sociales Educativos respaldada por el Gremio Docente; la del Frente Amplio, Independientes no Neutrales y Colectivo Socialista y, la de Acción Colectiva por la Educación de la cual forma parte Elige Educar, Educación 2020 y otras fundaciones privadas que, dicho sea de paso, algunas son financiadas por Luksic.
La propuesta de Iniciativa de Norma levantada por las más de treinta organizaciones de la Articulación de Organizaciones Sociales Educativas (entre ellas el Colegio de Profesoras y Profesores, C8M, Confech, Conaech, FENATED) sostiene como idea central que la nueva constitución debe sentar las bases para establecer el derecho a la educación como un derecho social con garantía estatal. La materialización de este derecho debe operar por medio de la creación de un sistema educativo articulado de provisión pública estatal, con participación comunitaria, financiamiento basal, con garantía de derechos para asistentes de la educación y docentes, un entendimiento de la libertad de enseñanza en sentido pedagógico y una definición robusta sobre los propósitos educativos que se buscan como país, entre otros: una educación integral, no sexista, intercultural, inclusiva y contextualizada. Lo anterior implica romper la igualdad de trato entre la escuela pública y privada, principio estructural que instauró la Constitución del 80’ al sobreponer la libertad de enseñanza (entendida como libertad de empresa) por sobre el derecho a la educación.
Esta iniciativa, construida a partir de las propuestas desarrolladas por las organizaciones educativas en casi treinta años de lucha contra el modelo neoliberal, intenta hacerse cargo del dramático estado actual de la educación tras 40 años de políticas educativas extremistas de mercado, competencia y privatización. Para ello postula claramente las bases de un proyecto educativo estratégico fundado en los aportes históricos del pensamiento pedagógico nacional, que hunde sus raíces en la década de los años 20 del siglo pasado. No se trata simplemente de restituir el rol rector del Estado en el ejercicio del derecho a la educación, se trata también, por sobre todo, de pensar una forma moderna y actualizada de este principio para el siglo XXI, el cual se sintetiza en el concepto de “público-estatal-comunitario”. Se enuncia, en esta noción, por tanto, un proyecto educativo-pedagógico denso y rico en tanto se funda en una epistemología que hunde sus raíces en la practica educativa concreta para delinear un camino que permita sentar las bases para la superación del neoliberalismo, entendido no solo como un patrón de acumulación de riquezas, sino que también como un proyecto de dominación ideológico cultural. No hay superación del neoliberalismo, si no hay otra escuela y sistema escolar y eso pasa, entre otras cuestiones, por modificar las relaciones sociales que se constituyen diariamente en la institución escolar, de ahí la importancia de lo comunitario.
Desde otro lugar, y con otros fines, encontramos la propuesta de Acción Colectiva por la Educación que aglutina a Educación 2020, Elige Educar, SUMMA, entre otras fundaciones privadas financiadas por empresarios como Luksic, destinada a mantener con otros ropajes la lógica estructural del actual sistema educativo de mercado. El proyecto de este sector es, en su esencia, llevar a rango constitucional los principios que hoy rigen al sistema escolar. Por cierto, con algunas modificaciones. De ahí que no sea casual que Daniel Rodríguez, defensor tenaz de la educación de mercado, representante de Acción Educar (fundada por el ex Ministro Figueroa) felicitara la aprobación de esta iniciativa, aun cuando su propia iniciativa fuese rechazada. La derecha no se pierde en sus intereses de largo plazo.
La tercera propuesta aprobada es la del Frente Amplio, el Colectivo Socialista e Independientes No Neutrales. En esta propuesta conviven planteamientos recogidos de Acción Colectiva por la Educación y de los Movimientos Sociales Educativos lo que nos permite afirmar que en esta iniciativa existe una dualidad de miradas y enfoques.
Esta propuesta tiene varios aspectos interesantes y que van, en términos generales, en una dirección correcta, desde ya defiende formalmente la educación pública (diferenciándola de la privada) sin embargo, no propone medidas estructurales materiales para sustentar esta distinción. Al igual que la propuesta de las fundaciones privadas, el FA propone, también, establecer en la constitución el financiamiento a las instituciones privadas al amparo del derecho a la libertad de enseñanza, siendo este punto extremadamente grave y preocupante, puesto que se deriva de este planteamiento que no hay libertad de enseñanza si no hay financiamiento a privados. Cabe señalar que esta relación no se establece en ningún tratado internacional y no existe en ningún país del mundo. Por el contrario, estos tratados –suscritos por Chile- son muy claros en señalar que la libertad de enseñanza opera con la obligación del Estado de respetar el derecho de un particular a fundar establecimientos y el derecho de las familias a elegir el tipo de educación para sus hijos, pero nunca en la obligación constitucional del Estado de financiar estos colegios privados, cuestión radicalmente distinta. Esto es materia de política pública. Tal es así, que incluso el vilipendiado Tribunal Constitucional chileno, en su sentencia rol número 2787-15, considerando 96, ha ratificado este principio internacional de no obligatoriedad del Estado a financiar proyectos privados.
Al no existir obligación jurídica, la razón de esta decisión es netamente política. Llama la atención que el FA-INN-CS, se preocupen más de otorgarle una señal de tranquilidad al sector privado que al pueblo que posibilitó la instalación de la Convención Constitucional, puesto que no se pronuncian explícitamente sobre establecer un tipo especifico de financiamiento para la escuela pública como lo propone la ciudadanía con la tesis del financiamiento basal, ligada a la idea de un trato primordial de la educación pública acorde a su relevancia para el país.
Ciertamente, desprivatizar la educación después de más de 40 años de desarrollo no es tarea fácil. Pero ese desafío se construye desde un lugar y con sujetos concretos: el pueblo. El peligro de dar señales ambiguas en estos momentos, contrariamente al propósito de que no se quiere entregar mas argumentos para el Rechazo, puede terminar minando las propias fuerzas sociales que sostienen las transformaciones y que deben sustentar materialmente la política del Apruebo.
El resto del articulado, ya lo decíamos, va en una dirección correcta, pero requiere precisiones. Ejemplo, la regulación de los docentes y trabajadores de la educación no puede limitarse a una cuestión de reconocimiento de la labor, sino que debe avanzarse en definir el rango del trabajo docente como practica reflexiva, colaborativa y autónoma, lo que supone garantizar condiciones de enseñanza universales y no fragmentadas como hoy ocurre. Del mismo modo, su noción de participación y democratización, como la perspectiva de educación no formal, en estricto rigor, se limitan a llevar a rango constitucional lo que actualmente indica la Ley General de Educación.
Es de esperar que la dualidad de posturas existentes en la propuesta del FA-INN-CS se resuelva a favor y en conjunto con los intereses del pueblo soberano que por años viene pagando el costo de no tener una educación pública y observar como la educación sigue siendo un negocio.
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«Esa fue una medida que asumieron los padres y apoderados en defensa de la salud y la vida de sus hijos, y por eso es importante tener presente que podemos estar muy de acuerdo respecto de que las escuelas deben ser las primeras en abrir y las últimas en cerrar, pero siempre y cuando estén las condiciones. Y la realidad está dando cuenta de que en Chile las condiciones de los establecimientos educacionales no están a la altura», plantea Carlos Díaz Marchant, Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores al responder las declaraciones emitidas por el Ministro de Educación, Marco Ávila, esta mañana.
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“El futuro de los niños es hoy, mañana será tarde”, con esta sentencia de la profesora rural, poeta y Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral, las y los niños de la escuela Olinda Bórquez de Puyan, en la comuna de Castro, comenzaron el tradicional acto de los días lunes. Fue un acto cargado de simbolismos y emociones en el contexto de la semana de las y los educadores rurales, quienes han sido obligados a retornar a clases con establecimientos que fueron abandonados durante más de dos años, debido a la pandemia por el COVID. A esta ceremonia llegó el Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Carlos Díaz Marchant, quien inauguró su recorrido por la isla conversando con docentes de diversos sectores.
La Directora de la Escuela Olinda Bórquez, Jacqueline Esquibel Astudillo, destacó que a muchos se les olvida que el centro de la actividad docente de una o un profesor rural no es sólo la labor pedagógica orientada a las y los estudiantes, sino que existe una labor y un compromiso con el entorno y con sus familias. En este contexto, lamentó ser la última escuela de la comuna en recibir el apoyo tecnológico para suplir las clases a distancia, agregando que “Cuando nos dijeron que debíamos volver a clases presenciales, nos embargó la angustia. Cómo lo haríamos si teníamos tantas carencias, con espacios en mal estado que constituyen un riesgo para todos. ¿Cómo volvíamos si para quienes trabajamos aquí sólo existe un servicio higiénico? Cómo hacerlo con salas que no tenían las condiciones mínimos para recibirles. Si había problemas de agua. Tuvimos que unirnos y hacer presión para contar con los recursos necesarios y poder recibir de manera un poco más digna a nuestros estudiantes. A dos años de la pandemia, los problemas subsisten”.
Las escuelas rurales tienen un sello de pertenencia cultural y cuidado del medioambiente. Así lo señaló el presidente del Magisterio, quien reflexionó sobre el rol que le toca cumplir a las y los docentes de los lugares más aislados del país, agregando que el impacto de las transformaciones que ha sufrido la sociedad también han repercutido en las relaciones sociales de la ruralidad. Carlos Díaz Marchant puntualizó que “Cerca del 30% de los establecimientos educacionales corresponden al sector rural. Sin esta educación, sin este compromiso y trabajo de las y los colegas seguramente el futuro de cientos de niñas y niños sería incierto. Tenemos el deber de valorar y reconocer este trabajo, y por ello nos comprometemos a realizar todos los esfuerzos desde el gremio para que esta tarea se haga en forma digna, porque así se lo merecen las y los niños a lo largo de todo el país”.
Finalmente, el máximo dirigente del gremio, valoró el trabajo que realizan dirigentes como la presidenta del comunal Castro, Gladys Tropa, y el vicepresidente Julio Iglesias, quienes han puesto todas sus energías para lograr conmemorar y homenajear a todas y todos los maestros del país, aquí en Castro, con la instalación de un monumento que es un reconocimiento a miles de docentes que a diario, cumplen con su función en las aulas de las comunidades más apartadas del norte, del centro y del sur del país.
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Ante nuevas amenazas a comunidades educativas, el noticiero de Mega conversó con Carlos Díaz Marchant, Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, sobre la situación de violencia que amenaza a establecimientos escolares.
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«Hay que hacer propuestas, no solo lamentarnos de lo que tenemos. Y esta propuesta de una Educación Pública, Estatal, Comunitaria apunta precisamente a entender a la educación como algo integral y no desde la lógica estandarizada que es donde está hoy día instalada la educación chilena», planteó Carlos Díaz Marchant, Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, en conversación en Mentiras Verdaderas de LaRed TV.
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Desde Castro, junto a Gladys Tropa, Julio Iglesias y Carlos Díaz Marchant abordamos la contigencia del profesorado, en una semana marcada por una nueva conmemoración del Día de la Educación Rural, que se celebrará con la inauguración de un Monumento al profesorado rural en la capital de Chiloé.
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«Nos parece muy importante que los dirigentes regionales, comunales, delegados gremiales y todos quienes quieran participar tengan la oportunidad de conocer esta ley para que hagamos una implementación como corresponde, no obstante que nosotros hemos señalado que los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) no son la desmunicipalización que nosotros queríamos», plantea Carlos Ojeda Murillo, Dirigente Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores y encargado del Departamento Jurídico.
La instancia se desarrollará este martes 5 de abril entre las 19 y las 21 hrs de manera telemática, por lo que pueden sumarse docentes de todo el país. El seminario se realizará a través de la plataforma Zoom y para participar se debe acceder al siguiente enlace: https://us06web.zoom.us/j/81298172105?pwd=VllUaisrTWtNVzJsdGY2WnVNUTY5dz09
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Dramática es la realidad de diversos establecimientos educacionales de la Región de Atacama, que post aluvión de 2016 nunca más han podido tener continuidad en sus clases debido a las constantes emanaciones de olores que al ser medidos bajo la unidad de Partes Por Millón (PPM), que mide la calidad del aire ambiental, muestran alarmantes cifras de entre 200 a 400 PPM, cuando legalmente no deberían superar los 8 PPM. En este contexto, y desde hace seis años, diversos establecimientos educacionales han debido ser cerrados temporalmente, exponiendo la salud y el bienestar de niños, niñas, adolescentes y personal docente, expuestos permanentemente a estos gases contaminantes.
Distintas instituciones se han hecho presentes, desde el Ministerio de Educación pasando por el INDH hasta dictámenes de la Corte de Apelaciones que han ordenado la suspensión temporal de clases. Sin embargo, ninguna medida ha sido orientada a dar una solución definitiva a esta constante exposición de gases tóxicos y dañinos para la salud. Cada tanto, las escuelas son cerradas, las clases suspendidas y la empresa sanitaria responsable no responde. Al respecto, el delegado gremial de la escuela Las Brisas de Copiapó, Jonathan Mundaca -escuela que actualmente se encuentra con prohibición de funcionar por los altos índices de PPM- declaró que “Exigimos y hacemos un llamado a las autoridades nacionales para que puedan abarcar este tema, en especial trabajos profundos en las redes de alcantarillados como también en la infraestructura de nuestros establecimientos para poder garantizar a nuestros estudiantes una educación de calidad como tanto se nos exige”.
Por su parte el presidente regional del Magisterio, Carlos Rodríguez, reflexionó que se vive una situación difícil y compleja, a lo que se agregan los problemas de infraestructura tanto en el SLEP de Atacama, como en el SLEP de Huasco, con desordenes administrativos y maltrato laboral. En tanto la presidenta comunal de Copiapó, Yariela Ardiles, manifestó que “Nosotros estuvimos en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, tratando de solucionar el tema. Mandaron al DICTUC para que hiciera un informe resolutivo, con las soluciones que tenían que tener los colegios y la intervención para la emanación de gases. Hoy nos encontramos que nada se hizo, por lo tanto seguimos con las emanaciones de gases y la clausura de establecimientos.”
Por último, dirigentes del gremio hicieron un llamado de atención a las autoridades nacionales, explicando que desde el año 2015, las y los docentes fueron categorizados con evaluaciones deficientes SIMCE, sin considerar que la mayoría de los establecimientos educacionales ha tenido un máximo de tres meses de clases por año, debido a las constantes suspensiones y cierres de establecimientos, y este daño medioambiental impacta de forma negativa en el desarrollo educativo de niñas, niños y adolescentes de la región.
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