Desde Calbuco, Carlos Díaz Marchant informa que el MINEDUC enviará durante Junio la Ley de Suspensión de la Evaluación Docente 2022, que es el instrumento formal a través del cual se materializará dicha suspensión.
Caracola TV entrevistó al Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores por el Petitorio Docente 2022 que el Magisterio se apronta a entregar al Ministerio de Educación.
«En dependencias del Colegio de Profesores de Los Andes, se reunieron docentes, asistentes de la Educación y representantes de los Jardines Infantiles VTF para analizar el problema que se ha suscitado durante el último tiempo a propósito del aumento de contagios Covid19 entre trabajadores de la educación», informó Canal VTV.
EMOL TV entrevistó al Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Carlos Díaz Marchant, sobre los problemas de la educación y las movilizaciones estudiantiles que se han desarrollado en el último tiempo en el país.
«Cientos de trabajadores de la educación de la comuna acusan que tienen imposiciones impagas por 50 meses. Acusan que fondos destinados para la enseñanza fueron utilizados para otros fines», informó el Matinal Buenos Días a Todos de TVN.
Por Eduardo González Navarro, Vicepresidente Colegio de Profesoras y Profesores, Mg. En Educación. Diplomado en Cambio Climático.
Estas breves notas tienen como propósito contribuir a la comprensión profunda de la transformación democrática que contiene la Propuesta de Nueva Constitución en materia educativa; transformación que justifica el por qué debemos Aprobar el próximo 4 de septiembre.
UNO: Se establece a nivel constitucional el Derecho a la Educación, entendido como un derecho social fundamental. Son sujetos de éste todas las personas. El resguardo de este derecho será función «primordial e ineludible del Estado». Estas formulaciones que pueden aparecer obvias en el escenario internacional, no estaban contenidas en la Constitución del 80, la cual llegó al fanatismo de negar a las y los niños como sujetos del derecho a la educación y de entender a la educación como un bien de consumo e inversión.
DOS: Se establece una clara definición sobre educación y sus fines y principios. La propuesta conceptualiza la educación como un «proceso de formación y aprendizaje permanente, a lo largo de la vida» e «indispensable para el ejercicio de los demás derechos». Tiene propósitos sociales e individuales. Está vinculada al desarrollo del país basado en la «justicia social, respeto de los derechos humanos, convivencia democrática entre los pueblos, con conciencia ecológica, sin discriminación». Su fin individual apunta a una educación integral del ser humano considerando su «dimensión cognitiva, física, social y emocional». En cuanto a los principios, se establece que serán la «cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y no sexista», desplegándose éstos de forma «contextualizada, considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística». Es decir, junto con establecer una experiencia formativa básica e integral para todas y todos los niños del país, independiente de su condición socioeconómica, se avanza en un principio central para todo sistema educativo: la diversidad entendida desde una perspectiva pedagógica (no economicista como hoy) ligada a las distintas realidades en que se inserta la escuela. Nada de esto, por cierto, figura en la actual constitución del 80.
TRES: Para implementar el derecho a la educación se crea un Sistema Nacional de Educación (SNE) al cual se adscriben todas las instituciones, privadas y públicas, tanto del ámbito escolar como superior, las cuales deben ser democráticas y tendrán prohibida toda forma de lucro. Es una mentira infame lo que acusa la derecha al señalar que no habrá educación privada, puesto que este SNE la reconoce.
Todas las instituciones que conforman el SNE deberán regirse por los fines y principios de la educación, es decir, se resguarda el desarrollo de un proyecto educativo al servicio del conjunto de los intereses del país lo que está lejos de ser un proyecto único u homogeneizador. Todo lo contrario, como nunca antes se instala en el sistema educativo el equilibrio entre la diversidad (contextualización) como eje del sistema escolar junto a un proyecto compartido de interés general que se sitúa por sobre los intereses particulares.
Al interior del SNE, es el Sistema de Educación Pública el que tendrá el rol estratégico, estableciéndose la obligación constitucional del Estado de «fortalecer» y «ampliar» este sistema. En efecto, haciéndose cargo de la profunda crisis a la que las políticas de mercado llevaron a la educación pública, promovida por la constitución del 80, la propuesta constitucional democrática establece el «deber primordial del Estado» respecto de ella, para lo cual se establece un financiamiento «permanente, directo, pertinente y suficiente, a través de aportes basales». Es decir, se pone fin a una cuestión que no existe en otra parte del mundo y que nunca en la historia de Chile había ocurrido: mismo tipo de financiamiento para la escuela pública y privada, que lejos de aumentar la excelencia del sistema educativo solo trajo consigo hacer de la educación un negocio. El voucher sale de la educación pública.
CUATRO: Se democratizan las escuelas (públicas y privadas) que forman parte del SNE, al establecerse el derecho de las y los integrantes de cada comunidad (familias, docentes, asistentes de la educación, estudiantes) a la participación «vinculante». Los ámbitos de acción serán: «definiciones del proyecto educativo y en las decisiones de cada establecimiento, así como en el diseño, implementación y evaluación de la política educacional local y nacional». Dicho de otro modo, se fortalecen las «comunidades escolares» y se enfrenta el profundo despotismo que hoy reina en las escuelas. En el caso concreto de las familias hay un viraje fundamental: pasan de ser entendidas como consumidoras y clientes a sujetos de derecho. Es la comunidad y no el «dueño del colegio» la que pasa a tomar protagonismo de los procesos educativos. El derecho a la educación implica la participación democrática. Por cierto, la actual constitución dictatorial ni una palabra dedica a este tema.
CINCO: «La Constitución garantiza la Libertad de Enseñanza y es deber del Estado respetarla», señala explícitamente la propuesta. Asimismo, se consagra la libertad de «padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes». El giro fundamental de esta forma de entender la Libertad de Enseñanza es poner en su centro a las familias por sobre la libertad de empresa educativa y el negocio que asegura la constitución del 80.
SEIS: Se reconoce el rol de docentes y asistentes de la educación para la garantía del derecho a la educación, estableciéndose algo fundamental: la igualdad de derechos ante mismas funciones. Todo lo contrario a lo que se deriva de la constitución dictatorial del 80.
SIETE: Las instituciones que integran el sistema de educación superior tendrán prohibida toda forma de lucro, y deberán guiarse por los fines y principios educativos. Junto a ello, se establece el principio de gratuidad con respecto a los procesos formativos que conducen a la obtención de títulos.
En definitiva, la propuesta educativa que contiene el borrador de Nueva Constitución Democrática que se plebiscita el próximo 4 de septiembre establece un avance fundamental: reorienta a Chile hacia el camino de lo que establecen los tratados internacionales sobre el derecho a la educación, superando ampliamente las definiciones de la constitución dictatorial que consagran la privatización escolar. Parafraseando al importante filósofo chileno Carlos Ruiz Schneider, nuestro país inicia el tránsito de una concepción de la educación de mercado a una republicana democrática. Pero esto es una propuesta, la tarea inmediata para hacerla viable es Aprobar por el Derecho a la Educación en el plebiscito de salida.
A raíz de las protestas estudiantiles registradas durante los últimos días en liceos emblemáticos de la capital y en lo que va del año, Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores, se refirió a esta situación y analizó cómo se ha abordado, en entrevista con Matías del Río en Vía Pública de 24 Horas.
El día de ayer, se denunció que estudiantes y docentes de la escuela Mañiuco realizaban su labor educativa en aulas sin ventanas y sin calefacción. La Escuela rural está ubicada a 18 kilómetros de Galvarino en la región de la Araucanía, se accede a ella por un camino de ripio y desde marzo el establecimiento se encuentra bajo obras de construcción para reparar techumbre y ventanales. Expuestos a bajas temperaturas, las y los estudiantes de este establecimiento hicieron una protesta que recorrió las redes, llegaron las autoridades y se comprometieron a resolver el problema y hoy cumplieron haciendo entrega de tres estufas que permiten abrigar los ambientes.
Sin embargo, una demanda no tuvo respuesta: la contratación de profesores, pues desde marzo el Tercer y Cuarto Básico no cuenta con un docente a cargo. Tampoco hay profesor tradicional ni nadie asignado para el ramo de lengua indígena, por lo tanto en estos momentos hay 60 horas pedagógicas que han debido suplir entre el Profesor Encargado y el resto del cuerpo docente. Durante la extensa reunión con la Seremi de Educación, María Mariñanco y la Directora comunal, Ruth Roa, el tema fue desechado por “falta de recursos”, según expresó la máxima autoridad del establecimiento.
El Profesor Encargado del establecimiento, Miguel Riquelme Gallardo concluyó que «Después de tres meses de estar esperando y soportando estas condiciones y siendo cuestionados, hoy logramos un avance, gracias a la unión de todos. Nuestro único norte es la mejor atención de los estudiantes, por eso hemos trabajado en conjunto con los apoderados y gracias a nuestra protesta fuimos escuchados, y fue la única fórmula que dio resultado después de tres meses de soportar estas condiciones».
Una serie de reuniones sostuvo el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Carlos Díaz Marchant, con diversas autoridades locales y dirigentes comunales del Magisterio de Pitrufquen, Villarrica, Pucón y Temuco, con quienes pudo interiorizarse más de la realidad de los establecimientos educacionales, problemas de infraestructura, falta de recursos para contratación de docentes, entre otros.
Carlos Díaz Marchant expresó que «Hemos visto en este recorrido que existe un trabajo muy comprometido de parte de los dirigentes de La Araucanía, sostuvimos encuentros durante el fin de semana, y eso da cuenta que existe total disposición a trabajar los temas del magisterio, donde se pudo hacer una necesaria reflexión del modelo educativo que está gestado en el nuevo escenario político y de las deudas pendiente del Estado chileno con el Magisterio».
En este recorrido se pudo constatar diversos problemas de infraestructura en los establecimientos educacionales, en los que se pudo mediar y denunciar para buscar soluciones urgentes, como el caso de la Escuela Mañiuco, ubicada en Galvarino. De esta forma, el presidente del Gremio, sigue levantando demandas urgentes de los territorios para incluirlas en el Petitorio nacional que será próximamente entregado a las autoridades respectivas.
«Respecto a la gestión del presidente Boric, el líder del Colegio de Profesores sostuvo que «indudablemente que ha habido más diálogo (…) pero en lo concreto no han llegado los apoyos»», informa CNN Chile.
