«EL MINISTRO NO PUEDE SER COMENTARISTA DE LA REALIDAD EDUCATIVA SINO QUE EJECUTOR DE POLÍTICAS QUE CAMBIAN DICHA REALIDAD»

Cifras y más cifras ha entregado estas últimas semanas el Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, para dar cuenta de la crisis educacional que vive Chile. La última cifra la entregó hoy. De los 50 mil 529 estudiantes que están desescolarizados, solo un 26% está inscrito en exámenes libres, es decir, 37 mil 391 niñas, niños y adolescentes no están ejerciendo su derecho a la educación de ninguna forma, ni siquiera en exámenes libres. En ese contexto, el Colegio de Profesoras y Profesores emplaza al Jefe de la Cartera a que tome cartas en el asunto y que pase de ser un comentarista de la realidad educativa a un ejecutor de políticas que cambien esa realidad.

«Hay miles de estudiantes que hoy en día están literalmente en nada y eso nos preocupa pero también nos ocupa respecto a emplazar a la autoridad para que presente un plan concreto y urgente para enfrentar esta situación. No basta con tener el diagnóstico claro, no basta con empatizar con lo que sucede, no basta con alertar al respecto cuando no hay directrices claras de cómo se va abordar esta crisis. Por ello, creemos que después de un año completo de instalación, en un Gobierno que dura apenas 4 años, el 2023 tiene que ser sí o sí un período decididamente materializador. No podemos pasar otros doce meses esperando que tal vez en el año siguiente sí se concreten las medidas que son urgentes», afirmó Carlos Díaz Marchant, presidente del gremio docente.

Por otra parte, el dirigente nacional a cargo del Departamento de Educación, Carlos Ojeda, señaló: «Acá en pandemia hubo un abandono total del Estado con respecto a la educación pública, situación ante la cual las y los profesores tuvieron que hacerse cargo poniendo incluso recursos propios para cumplir su labor docente y llegar con los contenidos a sus estudiantes. Lo que hoy vemos es el resultado de ese abandono. Cabe hacer notar que es un abandono a los sectores más marginados del país, que están en escuelas municipales y en Servicios Locales de Educación Pública, SLEP: niños, niñas y adolescentes que hoy tienen que trabajar para apoyar económicamente a sus familias dada la crisis económica, que viven de allegados en otras casas y que incluso, no tienen dinero para trasladarse a sus establecimientos educacionales. No hacer algo urgente al respecto es ser cómplices de una vulneración sistemática a los derechos de la infancia», finalizó Ojeda Murillo.

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