Listado mensual: junio, 2021

Fue en mayo de este año cuando en plena sesión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados, el presidente del Magisterio, Carlos Díaz Marchant, solicitó oficialmente la presentación de una Acusación Constitucional contra el Ministro de Educación, Raúl Figueroa. Hoy, a un mes de ese hecho, diputados de los partidos Socialista, Comunista y el Frente Amplio se unen para hacerla efectiva: «Impulsamos esta acusación porque existe un abandono evidente por parte del Gobierno y del ministro; detectamos una serie de situaciones que constituyen infracción al derecho a la educación y que afectan el aprendizaje de niños y niñas», agregó la diputada Camila Rojas ante la prensa.

En la declaración presentada por los parlamentarios, se afirma que entre las razones que motivan la decisión están la falta de recursos que enfrentan las escuelas que reciben financiamiento estatal en el contexto de pandemia, y el nulo rol que ha jugado la cartera de Educación ante las condiciones de sobrecarga laboral que afectan a profesoras, profesores y asistentes de la educación en la nueva realidad educativa. Recordemos que en los primeros días de junio el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile visibilizó esta problemática a través de la realización de la “Jornada de Visibilización del Agobio Laboral” donde se reflexionó sobre las condiciones de trabajo y estudio que se viven en pandemia las comunidades educativas, instancia a través de la cual se exigió que el Congreso tomará cartas en el asunto solicitando la suspensión de la Evaluación Docente y el SIMCE 2021 y la aprobación de la Ley Contra el Agobio Laboral, que aseguraría el derecho a desconexión, las pausas pedagógicas y el término de las labores burocráticas en educación.

Mientras que la diputada Camila Vallejos (PC) agregó que la falta de apoyo económico ha afectado seriamente el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, además de complicar más la situación de trabajadores y trabajadoras de la educación. Esto, de la mano con la presión indebida por el retorno a clases presenciales viene a configurar un escenario para una Acusación Constitucional, no solo por negligencia y abandono de deberes, también por forzar a las comunidades educativas a un retorno a clases presenciales poniendo en riesgo la salud de las comunidades. Por su parte Carlos Díaz Marchant, celebró la solicitud e hizo un llamado para que el parlamento este a la altura y se haga justicia con el profesorado y las comunidades educativas que han tenido que pagar los costos de la nefasta gestión de Figueroa.

Por su parte, desde el Partido Socialista también apoyan la Acusación Constitucional: «el artículo 19 señala la obligación de las autoridades a resguardar la integridad física y psíquica de las personas. Creemos que en estos llamados permanentes al retorno de actividades presenciales en condiciones que no son seguras el ministro está infringiendo en una grave causal al exponer no solamente la salud sino que las condiciones generales de las comunidades escolares de nuestro país», señaló Juan Santana, Diputado integrante de la Comisión de Educación de la Cámara Baja.

 

A CONTINUACIÓN, DECLARACIÓN SOBRE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL MINISTRO RAÚL FIGUEROA 

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A través de un punto de prensa, el Colegio de Profesores y Profesoras de Chile; CNAEP – CHILE Central Nacional de Asistentes de la Educación Pública; la Confederación Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación – SNTE Chile; y la CONAFUDAEM Coordinadora nacional de los funcionarios y funcionarias de los DAEM y Corporaciones fijaron posición sobre la continuidad e implementación de los 15 Servicios Locales presupuestados para enero de 2022. Según el presidente del Magisterio, Carlos Díaz Marchant, la aprobación en el año 2017 de la Ley 21.040, fue un duro golpe a la Educación Pública del país, pues luego de décadas de lucha por desmunicipalizar el sistema educativo y fortalecer la educación pública, se aprueba una ley que le da continuidad a las políticas del mercado de la educación y la precarización de esta.

Precarización que se extiende a las y los trabajadores de la educación, así lo expresó Christian Figueroa, Vocero Nacional de la CONADUDAEM: «De 12 mil trabajadoras y trabajadores 11 mil se van a la calle, un 92% de trabajadoras y trabajadores que ejercen en las administraciones centrales están quedando fuera de los traspasos a los servicios locales; si a esto le sumamos la pandemia y la cesantía, estamos hablando de una masacre laboral. Si éste no es suficiente argumento para detener y postergar la instalación de está Ley tenemos profundas diferencias morales».

Para las y los dirigentes, el tema de fondo es la forma en cómo se está financiando la educación pública, sobre ese punto profundizó Clarisa Seco, presidenta de la Confederación de Jardines VTF: «El traspaso a los Servicios Locales ha sido tremendamente precario, en los jardines infantiles la asistencia de nuestro párvulos no es obligatoria, por lo tanto la subvención que llega vía baucher es insuficiente para esta implementación. Otra cuestión que es fundamental mejorar, son los beneficios y derechos que tienen las trabajadoras, que han sido marginadas por ejemplo en los beneficios del reajuste del sector público «.

El presidente de la CNAEP – CHILE, Enrique Dayne señaló que también se le entregó una carta al Presidente de la República pidiendo la detención de los Servicios Locales de Educación y también han apoyado públicamente a los diputados que han solicitado lo mismo. Al finalizar el punto de prensa, Michael Humaña, presidente de la Confederación SNTE Chile, recalcó que desde el año 2020 se viene solicitando esta suspensión de la Ley, pues ésta no consideró las demandas históricas del mundo de la educación de devolver las escuelas al Estado: «Estamos de acuerdo con desmunicipalizar pero la demunicipalización no puede ser con despidos, faltando al derecho de las y los trabajadores, éstos deben volver a ser funcionarios públicos y con contratos estables por lo que tenemos toda la confianza de que la Convención Constitucional tendrá el deber y la gran tarea de devolverle ese derecho al pueblo chileno, devolver la educación a la administración del Estado».

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