En abril de 2018, el Colegio de Profesores entabló una mesa negociadora con el Ministerio de Educación, junto a interlocutores que recién asumían sus cargos. Desde el comienzo, el petitorio gremial estableció con claridad sus demandas, centrando en ellas las principales y más urgentes problemáticas que afectan por años a los docentes en todo el país.
Con el tiempo hubo múltiples reuniones, avances y retrocesos, cambios de autoridades, movilizaciones y nuevos diálogos. Sin embargo, un año y medio después de iniciado el diálogo, existiendo condiciones para arribar a acuerdos en exigencias precisas, los profesores recibieron un portazo por medio de una respuesta ministerial que no dio espacio a soluciones de ningún tipo. Una réplica que entregó sólo generalidades que están lejos de ser una contestación digna ante las apremiantes circunstancias que viven los maestros en la actualidad.
Una respuesta impresentable del gobierno que el gremio someterá a consulta de sus bases el 22 de mayo. El gesto no sólo ejercita y valida la democracia interna, sino que además se propone como un acto de movilización que aglutine a los docentes y los convoque a movilizarse de forma activa una vez más por sus derechos. Es un llamado al compromiso y a la capacidad del gremio docente de exigir soluciones ante una autoridad que no tiene a la educación entre sus prioridades de gobierno y, al revés, se ha propuesto con una visión ideológica transformar a la educación pública en un alero auxiliar de la educación privada.
Los profesores, en cambio, con su responsabilidad social nunca han abandonado a la educación pública. Ellos fueron víctimas del descaro que en los años ochenta les robó sus derechos en la llamada Deuda Histórica. Son los docentes los que deben hacer clases en condiciones adversas desde el punto de vista material y también humano. Son ellos junto a las comunidades educativas los que hoy padecen plagas de todo tipo en sus escuelas, enfrentan el frío, el calor y la lluvia en sus aulas, y el hacinamiento de estudiantes. Son los profesores los que trabajan en sus establecimientos y luego en sus hogares para cumplir con sus objetivos pedagógicos y muchas veces meros trámites burocráticos. Padecen el autoritarismo, las arbitrariedades y el agobio laboral a diario en sus centros de estudio. Muchos no reciben al día el pago de sus salarios y a otros les usurpan sus cotizaciones por medio del vil robo que cometen los sostenedores. Son ellos los que son doblemente evaluados con un mecanismo agobiante y poco transparente que repercute en sus salarios en la Carrera Docente. Son ellos los que enfrentan la violencia de la sociedad ante estudiantes y apoderados que los amenazan, golpean y agreden física y psicológicamente. Son miles de profesores a los que no se les pagan sus horas de extensión como titulares. A otros miles de docentes ni siquiera se les reconocen sus menciones. Son ellos los que incuban un malestar generalizado ante una situación que pareciera no tener otro destino, como si se tratara de una tragedia con final sin retorno.
Todo ello es signo de un abandono de la educación pública en Chile que se advierte en una mayor matrícula de estudiantes en el sistema particular subvencionado. Y que se grafica en una ley de Nueva Educación Pública que es letra muerta y que en su etapa pilotó demostró –como lo anunció el Magisterio- ser una política pública mal diseñada como solución para desmunicipalizar. Hoy los 4 Servicios Locales de Educación vigentes funcionan mal, todos han rotado a sus directivos más de tres veces en un año, las millonarias deudas previsionales de los municipios con los profesores siguen vigentes, muchos docentes no reciben sus pagos de salarios en tiempo y forma y la crisis de infraestructura se profundiza a niveles de escándalo en escuelas y liceos públicos. En síntesis: la NEP lejos de revertir la situación se ha transformado en la evidencia más palpable del abandono de la educación pública.
En frente, un gobierno que ha hecho pesar su visión ideológica considerando a la educación como una mercancía que se transa como un simple negocio donde sus estudiantes y profesores son tratados como números funcionales a este sistema educativo mercantilizado. Un gobierno que desvía su foco hacia una política de mero impacto comunicacional por medio de Aula Segura y Admisión Justa. Un gobierno que se empeña, a través de distintas acciones, en reducir la responsabilidad del Estado en la educación y que se propone jibarizar a la educación pública limitando su rol social sólo a unos cuantos a liceos emblemáticos y con ello, facilitar la fuga en masa de estudiantes al sistema privado. Un gobierno que ha dado claras pruebas de su mano privatizadora por medio de la nefasta implementación de la NEP en manos de las actuales autoridades. Un gobierno que se empeña en impedir la NEP, lo que se expresa en un Director Nacional suplente hace meses; en el escaso control de los 4 SLE en marcha blanca, en las dificultades presupuestarias, y en la intención encubierta de que el sistema fracase, para que cuando el Presidente evalúe la NEP en 2021 pueda contar con la justificación que necesita para frenar la desmucipalización.
Ante todo este cuadro, que se manifiesta en el malestar de los profesores, en una educación pública moribunda y en un gobierno indolente que aspira a privatizar el rol de la educación, los docentes -baluarte ético de la nación- están convocados otra vez a cumplir con su responsabilidad histórica de defender movilizados a la educación pública frente a un gobierno de poderosos que la quieren sepultar. Una lucha por el bien de la sociedad y su futuro que enfrenta una vez más a David y a Goliat.
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